Jurisprudencia

La magistrada-juez acredita en ambos casos un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo”.

Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia han condenado a la Consejería de Salud y Política Social de la Región de Murcia a que abone las prestaciones por dependencia no percibidas a dos beneficiarias. En ambas, la magistrada-juez acredita un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo” causando un “funcionamiento anormal en la Administración”.

Recibía mensualmente desde cuentas de la Seguridad Social los haberes de clases pasivas de los beneficiados

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a L.A.U., a dos años y medio de prisión y una indemnización de 205.4747 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito continuado de apropiación indebida. El acusado cobraba el importe de las pensiones que debían ser abonadas a sus beneficiarios, obteniendo de forma ilícita más de 210.000 euros de al menos, 61 personas –tres de ellas fallecidas-, durante los años 2005 y 2011.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a una mujer que no pudo tomar posesión de su plaza como funcionaria de la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que sus compañeros de promoción por coincidir la fecha de inicio del curso selectivo (obligatorio) con  el  nacimiento  de  su  hijo.  Esta  circunstancia  supuso  para  ella  una  merma  económica  al  no haberle reconocido la antigüedad la Administración autonómica. La sentencia, de la que ha sido ponente  la  magistrada  Encarnación  Roca,  entiende  que  se  ha  vulnerado  el  derecho  de  la demandante a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). 

Recientemente han sido objeto de comentario en esta página diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional en las que se planteaban sendas cuestiones de inconstitucionalidad en relación al artículo 174 de la LGSS. Asimismo, el Tribunal Supremo también ha resuelto en fechas cercanas cuestiones relacionadas con la pensión de viudedad, tanto en el marco del acrecimiento de las pensiones de orfandad, cuando ésta no es, de hecho, absoluta, como en relación a la exigencia, en caso de parejas de hecho, de inexistencia de vínculo matrimonial con otra persona.

Sirvan las siguientes líneas simplemente como un ejercicio relacional, de puesta en común, acerca de las ideas que se desprenden de las sentencias mencionadas, más que del propio contenido normativo que acompaña a las mismas.

• TC. Principio de igualdad en la ley y de protección de la familia. Constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público.
  
• TC. Principio de igualdad en la ley y competencias en materia de seguridad social. Constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del reconocimiento de la pensión de viudedad de las parejas de hecho, establece el requisito de que sus integrantes no tengan vínculo matrimonial con otra persona.
  
• TS. Despido improcedente. Opción empresarial por la readmisión en el marco de la ejecución provisional de la sentencia de suplicación. No reincorporación del trabajador por estar percibiendo pensión de jubilación una vez firme la sentencia en virtud de la cual se ejercitó la opción.
  
• TS. ERE suspensivo. Inicio de trámites de un despido colectivo mientras el citado ERE se encuentra en ejecución. Aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Improcedencia.
  
• TS. Despido colectivo. Impugnación de la decisión empresarial adoptada sin acuerdo. Sujetos legitimados para accionar cuando la empresa no tiene representación legal de los trabajadores, habiendo participado en el periodo de consultas una comisión ad hoc.
  
• TS. Despido colectivo. Decisión ajustada a derecho. Sociedades mercantiles del sector público. Periodo de consultas. Precisión de los criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.
  
• TS. Accidente de trabajo. Indemnización de daños y perjuicios. Plazo de prescripción de la acción.
  
• TS. Banesto. Acuerdo de prejubilación suscrito en el marco de un programa colectivo con inclusión de convenio especial cuyas cuotas son abonadas por la empresa hasta los 60 años, momento de acceso a la jubilación anticipada (la “histórica” prevista en la disp. trans. tercera de la LGSS). Novación del contrato con el fin de adaptarlo a una modificación legislativa que establece otra modalidad de jubilación anticipada más beneficiosa para el trabajador (la “moderna” del art. 161 bis de la LGSS). Procedencia.
  
• TSJ. Trabajadores incursos en procedimiento penal por malversación de caudales públicos. Imposición de medida cautelar consistente en la prohibición de acceso a las instalaciones de la empresa.
  
• TSJ. Ultraactividad. Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo de la provincia de León para los años 2008-2010. Cláusula convencional que prevé la denuncia automática a la finalización de la vigencia pactada y la ultraactividad hasta la aprobación del nuevo convenio colectivo.
  
• TSJ. Despido. Transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y deslealtad. Representantes de los trabajadores. Crédito de horas.
  
• TSJ. Prestaciones por desempleo. Abono en la modalidad de pago único. Aportación a la correspondiente Mutualidad de Abogados, con motivo del inicio de esa actividad.
  
• JS. Desistimiento empresarial durante el periodo de prueba. Mujeres embarazadas.
  
• JS. Ultraactividad. Régimen jurídico aplicable tras el ocho de julio de 2013 respecto de un convenio colectivo denunciado con anterioridad.

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La figura del colaborador periodístico se sitúa en una zona fronteriza o gris en la que es difícil determinar la naturaleza laboral o civil de la prestación de servicios en cuestión. Esta dificultad se incrementa sustancialmente cuando el tertuliano de turno es una persona –no periodista– que tiene su profesión principal fuera del mundo mediático, como ocurre con los profesores de universidad, los políticos en activo o los deportistas. En la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2014, dictada por el pleno de la Sala, se analizan los requisitos que se exigen para que la balanza caiga del lado de la laboralidad, de manera que sea la jurisdicción social la competente para conocer de una eventual demanda de despido presentada por el trabajador.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado las dudas de constitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) respecto del art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Este precepto establece los plazos para recurrir en vía jurisdiccional las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo. Según el órgano que plantea la cuestión de inconstitucionalidad, el artículo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la justicia.

• TS. Convenios colectivos. Sector de empresas de seguridad. Horas extraordinarias. Prescripción de las reclamaciones individuales.
  
• TS. Despido colectivo. Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Sierra de Cazorla (UTEDLT). Nulidad por fraude de ley.
  
• TS. Despido objetivo de trabajador incluido en un ERE suspensivo. Requisitos.
  
• TS. RETA. Pensión de jubilación. Trabajadores que no se encuentran al corriente en el pago de sus cotizaciones en el momento del hecho causante.
  
• TS. Viudedad. Separación judicial sin pensión compensatoria. Cónyuges que se reconcilian de hecho posteriormente con formalización en escritura pública notarial, aunque sin comunicarlo al juez y sin inscripción en el Registro Civil.
  
• AN. Convenios colectivos. Pérdida de vigencia por finalización del periodo de ultraactividad. Aplicación del convenio colectivo superior.
  
• AN. Supresión colectiva de condiciones de trabajo por encima de convenio disfrutadas por los trabajadores de los diferentes centros de trabajo de la empresa, derivadas de pactos, acuerdos, usos o prácticas colectivas con distinto origen.
  
• TSJ. Ultraactividad. Convenio colectivo denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012 que contenía una cláusula específica de mantenimiento de la vigencia tras la denuncia.
  
• TSJ. Accidente de trabajo derivado de conflictividad laboral. Creencia de no sentirse valorado por el resto de compañeros.
  
• TSJ. Prestación por cuidado de menor afectado por enfermedad grave. Progenitor que solicita la percepción de la prestación al padecer su hijo parálisis cerebral.
  
• TSJ. REA. Trabajador fijo discontinuo que sufre accidente de tráfico, estando todavía la campaña en vigor, el día antes de incorporarse al trabajo tras un periodo de suspensión de empleo y sueldo. Derecho a subsidio de IT.
  
• JS. Alta dirección. Extinción de la relación laboral. Falta de concreción de los hechos imputados en la carta de despido.
  
• JS. Pensión de orfandad. Derecho de acrecer con la pensión de viudedad no causada por haber sido condenado el cónyuge supérstite por un delito de violencia de género al haber asesinado a su esposa.

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