Jurisprudencia

El disfrute de cualquiera de los permisos retribuidos recogidos en el ET forma parte, sin duda, de los asuntos que más se prestan a interpretación jurisprudencial debido a la deficiente regulación estatutaria y convencional en cuanto a la modulación de su ejercicio. Entre ellos destaca, por toda la controversia que originó hasta que finalmente pasó a formar parte del acervo del trabajador, el que se concede por la hospitalización de un familiar por nacimiento de hijo.

Ahora bien, existen convenios colectivos, como el estatal de Grandes Almacenes, que concede dos días por hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, y tres días en el supuesto de que concurra enfermedad grave diagnosticada por el facultativo. Esta distinción tiene su importancia, ya que está en juego el derecho del trabajador a disfrutar un día más en el caso de que se considere el parto por cesárea como enfermedad grave.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha notificado una sentencia por la que anula el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por entender que dicho procedimiento vulneró los derechos fundamentales de los trabajadores.

De conformidad con lo pedido por el fiscal, la Sala declara nula la decisión de RTVV de extinguir los contratos de 1.918 trabajadores por entender que dicha medida vulneró los derechos fundamentales y libertades públicas. El ERE ahora declarado nulo fue aprobado en agosto de 2012.

La demanda se centra en dilucidar si  un trabajador nocturno que se niegue a realizar horas extraordinarias, puede ser despedido por la empresa procedentemente al negarse a realizar las mismas. Hay que señalar que tanto en el contrato como en el convenio colectivo de aplicación  figura la obligación de realizar horas extras cuando la empresa lo estime oportuno.

¿Tiene el trabajador la obligación de realizar las horas extraordinarias?

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declara que la “protección reforzada” que el Estatuto de los Trabajadores (en la redacción dada al artículo 55.5.b (*) por la Ley 39/1999) establece para las trabajadoras embarazadas en caso de despido no puede extenderse a aquellos casos en los que se produzca el "desistimiento empresarial durante el periodo de prueba”. Es decir: la circunstancia del embarazo, aunque no sea conocido por la empresa, será causa objetiva de nulidad sólo en caso de despido, y no en el caso de extinción de contrato en periodo de prueba, “dada la distinta naturaleza de ambas instituciones”. La sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Fernando Valdés, al que se han adherido la vicepresidenta, Adela Asúa, y los magistrados Luis Ignacio Ortega y Juan Antonio Xiol, y con el voto particular concurrente del magistrado Andrés Ollero.¹

En este caso, una trabadora –camarera-, inicia  baja por incapacidad temporal debido a enfermedad común -lesión cervical-. Al día siguiente la trabajadora viaja a Madrid  colgando fotos en su perfil de la red social Facebook,  en diversos lugares de la ciudad entre ellos un parque de atracciones.

La empresa descubre las fotos y contrata a un detective privado el cual constata que la trabajadora lleva una vida completamente normal, viajando y saliendo hasta altas horas de la noche por zonas de bares.

Ha dictado el Tribunal Constitucional una nueva sentencia, consecuencia de un recurso de amparo, donde ha procedido a perfilar, dentro de los nuevos cometidos asignados al Alto Tribunal por la LO 6/2007, los derechos de los trabajadores en el ámbito de las relaciones laborales contenidos en los apartados 1 y 3 del artículo 18 CE (intimidad y secreto de las comunicaciones).

Con ocasión de una recientísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 19 de septiembre de 2013 -Asunto C-5/12-), hacemos un breve recordatorio acerca de cuál es la situación en que se encuentran los padres que los son por un hecho biológico (maternidad), y aquellos que lo son por un hecho administrativo (adopción y acogimiento), cuando la madre o el otro progenitor no están de alta en el Sistema de la Seguridad Social.

Aunque el artículo 56 del ET (regulador del despido improcedente) ha sido modificado profundamente con la reforma laboral, hay un concepto que ha permanecido invariable a lo largo de los años, nos referimos a los salarios de tramitación. Señala el mencionado artículo 56 (en cualquiera de las redacciones que consultemos desde 1995) que “estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que el trabajador hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación”. Asimismo, respecto de los despidos nulos se dispone que tendrán el efecto de “la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir” (Art. 55.6 del ET).

 Partiendo de la hipótesis de que el trabajador tuviera derecho a esos salarios, son cuatro las interrogantes que se plantean:

1. Qué naturaleza tienen los salarios de tramitación.
2. Qué se entiende por encontrar otro empleo.
3. Hasta qué punto el empresario puede asumir la carga de la prueba.
4. En qué momento procesal debe desplegarse la actividad probatoria.