Jurisprudencia

Jubilación parcial. Requisitos. Trabajador cuya relación laboral con la empresa durante más de 30 años ha sido a tiempo parcial, trabajando a tiempo completo únicamente durante el año anterior a la fecha del hecho causante

El actor cumple con todos los requisitos exigidos, ya que era un trabajador a tiempo completo en el momento de la solicitud de la jubilación, tenía una antigüedad superior a los 6 años y reunía un periodo de cotización de más de 30 años. Legalmente no se exige que el requisito de antigüedad en la empresa y la vida laboral se reúnan en virtud de una prestación de servicios a jornada completa. No puede hablarse tampoco de fraude, ya que este no puede suponerse, sino que ha de acreditarse, no pudiendo instituirse de la larga relación laboral del trabajador con la empresa.

Despido objetivo.Declaración de improcedencia por no acreditarse la falta de liquidez que justificaría no poner a disposición del trabajador la indemnización legal. Opción empresarial por la readmisión. Nuevo despido efectuado transcurrido el plazo de 7 días recogido en el artículo 110.4 de la LRJS.

Desde el punto y hora en que el defecto de forma es el causante del pronunciamiento judicial de improcedencia y de que en cuanto tal obsta –debiera obstar, cuando menos– el examen de la cuestión de fondo y que en todo caso ha de dejarla imprejuzgada en el fallo, esta ausencia del efecto de cosa juzgada sobre la existencia de la causa legitimadora de la extinción contractual acordada por fuerza lleva a entender que la previsión temporal –los siete días– del artículo 110.4 de la LRJS no puede significar la prohibición de despedir por las mismas causas una vez transcurrido dicho periodo. Así las cosas, excluida la producción de cosa juzgada por el hecho de que el nuevo despido se realice más allá de los siete días fijados por la norma, no parece ofrecer duda alguna la inoperancia del precepto en el ámbito de las extinciones por causas objetivas.

Pensión de viudedad reconocida a prorrata por el tiempo de convivencia con el causante en caso de separación o divorcio. Cálculo del complemento por mínimos cuando solo existe un beneficiario.

Se modifica la doctrina en la que se señala que al igual que la distribución de la prestación entre diversos beneficiarios debe hacerse con arreglo al tiempo vivido con el causante, los mínimos garantizados en los diversos reales decretos, por afectar a la prestación y no a cada uno de los beneficiarios, deben hacerse también en la misma proporción. Este criterio debe ser revisado, al haberse equiparado los casos de reparto de la pensión de viudedad con aquellos otros en que no consta que exista otra persona con derecho a la misma, ya que se hace difícil sostener que pueda cumplirse el objetivo asistencial de paliar una situación de necesidad si la cuantía que se fija como pensión mínima garantizada para cada año es minorada por aplicación del porcentaje correspondiente en relación con una prestación que, de no complementarse, no alcanzaría por sí sola el umbral económico fijado.

Conflicto colectivo. Determinación de los medios necesarios que la empleadora debe proporcionar al comité de empresa para que pueda desarrollar la actividad sindical.

El artículo 81 del ET dispone que en las empresas o centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan, se pondrá a disposición de los delegados de personal o del comité de empresa un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores. Esto implica que la solicitud de medios informáticos, telemáticos y material de oficina que se reclama es conforme con la realidad social del tiempo en que vivimos y que si la ley exige que el local sea adecuado para la comunicación con los trabajadores, ello supone no solo que deba ser apropiado sino que, además, deba estar convenientemente acondicionado y equipado. Un local que no permita esa comunicación, a través de ordenador, impresora, teléfono, fax, conexión a internet y material, no es idóneo para el cumplimiento del fin al que va dirigido –aunque el precepto mencionado no recoja expresamente esos medios–.

(STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 24 de julio de 2017, rec. núm. 10/2017)

Calificación de la incapacidad temporal (IT): común o profesional. Síndrome del túnel carpiano. Operario de máquina dedicada a la fabricación de papel y cartón. Exigencia de que los movimientos sean de carácter extremo (hiperflexión-hiperextensión).

No basta la necesidad de utilización de las manos en trabajos diferentes (propia de infinidad de profesiones) como cabe meramente predicar del manejo del cuadro de mandos, trabajo de mantenimiento o montaje de útiles, que se argumenta, sino que se exige una realización continuada de ciclos de trabajo similares en que, bien se produzca un apoyo prolongado y repetido de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas, bien movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión o repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca. En el supuesto analizado, no se observan tales características del trabajo que efectúa el operario, pues no es suficiente que el manejo de cartones exija movimientos de flexión-extensión, sino que es necesario que tales movimientos sean en su carácter extremo (hiperflexión-hiperextensión) como para provocar lesiones nerviosas por compresión. En consecuencia, la baja por incapacidad temporal deriva de enfermedad común.

Cafetería/restaurante del Gran Hotel Ercilla, S.A. Reparto de las propinas obtenidas exclusivamente entre los camareros, dejando estos fuera al personal de cocina y limpieza.

En nuestros usos sociales y salvo casos excepcionales, las propinas no tienen un destinatario individual en la persona que la recibe, es más, resulta habitual que el cliente no la entregue de manera individualizada a un concreto empleado del establecimiento, sino que la deje junto con el importe de la factura o, al devolverle los cambios, en la misma bandeja en que se entregan estos, revelando así que la gratificación va destinada a un colectivo de personas. Es de notorio conocimiento que en nuestra sociedad las propinas las entregan los clientes, como regla general, por el conjunto del servicio recibido (la comida, la limpieza de la vajilla y del local, la atención de los camareros, etc.) y no por la singular atención de la concreta persona que le ha atendido en mesa o barra (que con gran frecuencia no se contrae a un único camarero) ni por la recibida por el conjunto del personal de sala. Su naturaleza jurídica es la propia de una donación del cliente hacia los empleados por el servicio recibido, conforme a lo dispuesto en los arts. 618 y 619 del Código Civil.

Pensión de jubilación. Complemento a mínimos. Beneficiario que, a pesar de tener reconocida pensión por la Seguridad Social de Venezuela, esta no le es abonada.

En un Estado definido constitucionalmente como social y democrático, el complemento a mínimos debe garantizar unos ingresos suficientes, por bajo de los cuales se está en situación legal de pobreza. Finalidad que se evidencia en el art. 50 del TRLGSS, que se refiere a cantidades percibidas y no a cantidades devengadas, y en los mandatos de los artículos de los diferentes reales decretos que fijan los incrementos de pensiones para cada año, al aludir a la suma de los importes reales de las pensiones, no a las ideales derivadas del reconocimiento aunque no se dé la efectividad. Es con dichos importes reales con los que el beneficiario debe atender a sus necesidades que no pueden verse satisfechas con el importe de utópicas pensiones reconocidas y que no son satisfechas y por las que, en tanto no se hagan efectivas, tampoco ha de soportar cargas fiscales. Todo ello sin perjuicio de hacer las regularizaciones procedentes cuando se pague la pensión venezolana y, a estos efectos, el beneficiario está obligado a comunicar ese abono, cuando se produzca, a la entidad gestora española.

Dado que la mayoría de esta categoría de trabajadores son mujeres, dicho sistema supone una diferencia de trato en perjuicio de éstas

La Sra. María Begoña Espadas Recio, que forma parte de la categoría de trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical¹,  trabajó como limpiadora durante más de 12 años y medio de manera ininterrumpida. Tras la extinción de su relación laboral, la Sra. Espadas Recio solicitó una prestación por desempleo. El Servicio Público de Empleo Estatal («SPEE») le concedió una prestación por desempleo por un período de 420 días en lugar de los 720 días a los que la Sra. Espadas Recio consideraba que tenía derecho. Para establecer esta duración, el SPEE se basó en una normativa española² que establece que, en caso de trabajo a tiempo parcial, si bien la duración de la prestación por desempleo se determina en función de los días de cotización durante los seis años anteriores, sólo deben tenerse en cuenta los días efectivamente trabajados (en este caso 1 387), y no los seis años de cotización en su conjunto. Al estimar que había cotizado por la totalidad de los últimos seis años, la Sra. Espadas Recio presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona. Según la Sra. Espadas Recio, excluir los días no trabajados al calcular su prestación por desempleo equivale a introducir una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores a tiempo parcial de tipo vertical.