Jurisprudencia

TS. Extinción de la relación laboral. Despido de vigilante de seguridad. Cambio de sede de Administración pública que conlleva la extinción de la contrata de seguridad ante la existencia en el edificio al que se traslada de su propio servicio de vigilancia. Ocupación de la sede desalojada por otro organismo público que aporta su propia contrata de seguridad.
TS. Despido colectivo. Causas económicas. Impugnación individual. Periodo de consultas concluido con acuerdo en el que se pacta el pago fraccionado de la indemnización a cambio de otras contrapartidas (indemnización superior a la mínima legal, etc.).
TS. Funcionarios interinos de la Comunidad Valenciana con jornada completa. Solicitud de prestación por desempleo parcial. Procedencia.
TS. Incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Trabajador que promueve expediente de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad 13 años después. Prescripción de la acción.
TS. Competencia funcional. Reclamación de cantidad.
TS. Delimitación de competencias entre el orden social y el contencioso-administrativo. Demanda contra sanción impuesta por el Consejo de Ministros a determinada empresa como consecuencia de acta de infracción levantada por impago de cuotas a la Seguridad Social.
TS. Reclamación de cantidad. Prescripción de la responsabilidad subsidiaria del Fogasa. Supuesto anterior a la LRJS.
TS. Responsabilidad en el abono de prestaciones por enfermedad profesional. Prescripción. Alegación por el INSS en el acto de juicio oral de hechos nuevos de oposición. Demanda de la mutua contra resolución del INSS declarando responsable del abono de prestaciones por enfermedad profesional a la aseguradora.
TSJ. Sucesión de contratas y concesiones administrativas. Empresas de seguridad.
TSJ. Extinción de relación laboral por incumplimiento del empresario con acuerdo en conciliación. Cómputo de los ceses a efectos del umbral numérico del despido colectivo.
TSJ. Alta dirección. Extinción por desistimiento del empresario. Indemnización por falta de preaviso. Recurrente que no es consejero ni administrador de la empresa, sino su director general y, por tanto, un trabajador por cuenta ajena, alto directivo, con derecho a las prestaciones del FOGASA.
TSJ. Incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. Pensión causada en el RGSS por quien trabajó durante 43 días como empleado de hogar. Cálculo de la base reguladora cuando existen lagunas de cotización.
TSJ. Prestación por riesgo durante la lactancia natural. Trabajadora que desempeña labores de conductora de ambulancia y auxiliar sanitario a turnos y en horario nocturno.
TSJ. Modalidad no contributiva de la Seguridad Social. Requisitos. Incremento patrimonial por venta de la vivienda habitual.
TSJ. Descuento de salarios por nuevo empleo. Acción de reclamación de salarios de tramitación a cargo del Estado ejercitada por los trabajadores como consecuencia de la insolvencia declarada de su empleador.
TSJ. Delimitación de competencias entre el orden social y el civil. Indemnización por daños y perjuicios derivados de incumplimientos contractuales. Fallecimiento de la esposa de un operario que trabajaba manipulando materiales para la construcción compuestos de amianto, como consecuencia de las labores de lavado y planchado durante 20 años de la ropa de trabajo de su marido –impregnada en ese nocivo producto–, sin que constara ninguna otra forma en que pudiera haber estado en contacto con dicha sustancia.
JS. Permisos retribuidos. Cómputo como días hábiles o naturales. Concesión de cuatro días por hospitalización de parientes hasta el 2.º grado, de los cuales dos coinciden en sábado y domingo, por haberse iniciado el permiso un jueves, teniendo la trabajadora fijados los días de fin de semana en su calendario como de descanso semanal.

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La Empresa TRAGSA inició en octubre de 2013 procedimiento de despido colectivo para la extinción de 836 contratos indefinidos de sus trabajadores basado en causas económicas, productivas y organizativas. El periodo de consultas, iniciado el 16/10/13, concluyó –tras ampliación temporal consensuada– con un acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores el 22-11-2013. El acuerdo reducía el número máximo de extinciones a 593 o, en su caso, en función de las medidas de extinción voluntarias, hasta un total de 369, con indemnizaciones superiores a las previstas en la ley, junto con otras medidas como reducción salarial temporal. No obstante, el acuerdo estaba subordinado a la ratificación de los trabajadores y fue rechazado en las asambleas convocadas al efecto [34,24% de votos a favor y 62,11% en contra] por lo que no tuvo efecto.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acuerda la ejecución de la sentencia por el despido colectivo en Coca-Cola Iberian Partners. Por unanimidad, la Sala considera que la readmisión de los trabajadores en la planta de Fuenlabrada fue “regular” puesto que se les mantiene “milimétricamente” las categorías profesionales, los salarios y horarios que tenían antes de que la fábrica se convirtiera en centro logístico.

El SINDICATO DE TRABAJADORES DE REPSOL (STR) presentó demanda de conflicto colectivo solicitando que se declare contraria al convenio colectivo de estaciones de servicio la obligación de los Encargados de CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO de denunciar en comisaría los casos en que el cliente se va de las Estaciones de Servicio sin abonar el combustible * (“fugas”), El recurso de casación pretende que el encargado de la estación de servicio no aparezca como responsable de formular la denuncia de las “fugas” acaecidas durante el mes precedente, entendiendo que el Acuerdo de 5 de noviembre de 2008 lo impide y que debe recaer esa tarea en el representante legal de la empresa.

La  Directiva  relativa  al  retorno  de  los  nacionales  de  terceros  países  en  situación  irregular («Directiva retorno»)  establece las normas y los procedimientos aplicables en todos los Estados miembros para la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. 

El  17  de  abril  de  2012  se  dictaron  contra  el  Sr. Skerdjan  Celaj,  nacional  albanés  que  se encontraba en territorio italiano, un decreto de expulsión y una orden de expulsión, acompañados de  una  prohibición  de  entrada  de  una  duración  de  tres  años.  El  Sr. Celaj  abandonó  el  territorio italiano el 4 de septiembre de 2012. Posteriormente volvió a entrar en dicho territorio infringiendo la prohibición de entrada dictada contra él. 

(STSJ de Cantabria, de 23 de septiembre de 2015, –rec. núm. 485/2015–)

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado
Miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social

1. El fallo de la STSJ de Cantabria de 23 septiembre 2015 (rec. núm. 485/2015)

Por las consideraciones que se recogen en los fundamentos jurídicos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria, en su Sentencia de 23 de septiembre de 2015, resuelve un supuesto de integración de lagunas de cotización existentes en el periodo de determinación de la base reguladora, correspondiente a una situación de incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, causada en el Régimen General, si bien el periodo a integrar comprendía un periodo posterior a una baja en el Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH).

Dicha restricción sólo es aceptable en situaciones concretas que respondan a serios motivos de política de inmigración e integración, y no es justificable por razones de reparto territorial de las cargas de seguridad social.

Una Directiva de la Unión establece que los Estados miembros deben permitir en su territorio la libre circulación de los beneficiarios de protección internacional –personas a las que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria– en las mismas condiciones y con las mismas restricciones que rigen para los otros nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el uso del decreto-ley como mecanismo para aprobar ciertas medidas económicas que el Gobierno puso en marcha en julio de 2014 (Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia). El Tribunal considera que la urgencia de la mayor parte de dichas medidas, y la justificación de las mismas, son acordes con los requisitos que la Constitución impone para legislar por esta vía (art. 86.1 CE). El Pleno estima sólo en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y, en consecuencia, anula el art. 116 del decreto-ley impugnado (referido a las empresas de trabajo temporal y agencias de colocación) y varias disposiciones adicionales (de la 20ª a la 24ª, referidas a la reforma del Registro Civil). La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Pedro González-Trevijano, cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, y de los Magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol.