Jurisprudencia

El salario mínimo establecido en el marco de la adjudicación de contratos públicos no puede extenderse a los trabajadores de un subcontratista establecido en otro Estado miembro, cuando dichos trabajadores ejecutan el contrato en cuestión exclusivamente en ese Estado.

Una  Ley  del  Land  de  Renania  del  Norte-Westfalia  (Alemania)  establece  que  determinados contratos  públicos  de  servicios  sólo  pueden  adjudicarse  a  empresas  que,  en  el  momento  de presentar la oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo por hora de 8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación. Esta Ley pretende, de este modo, garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado a fin de evitar el «dumping social» y  la  penalización  de  las  empresas  competidoras  que  conceden  un  salario  adecuado  a  sus empleados.

No son pocas las empresas que a la conclusión de la vigencia temporal del convenio colectivo que aplican se encuentran en la tesitura de determinar que norma convencional pasa a regular, siquiera de manera provisional, las relaciones laborales de sus empleados. Tras la modificación operada en el art. 86.3 del ET por la Ley 3/2012, términos como denuncia o aplicación del convenio de ámbito superior pueden parecer poco claros y estar sujetos a interpretación. Sobre ellos gira la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014 que pasamos a comentar a continuación.

No está de más reproducir, a modo de recordatorio, el último párrafo del art. 86.3 del ET, el cual establece que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

TJUE. Derecho de entrada y residencia. Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Internamiento a efectos de expulsión en un centro penitenciario con presos ordinarios. 
TJUE. Igualdad de trato entre hombres y mujeres. Seguro de accidentes de trabajo de empleados por cuenta ajena. Importe de una indemnización a tanto alzado por perjuicio permanente. Cálculo actuarial basado en la esperanza de vida media según el sexo del beneficiario.
TJUE. Transmisión de empresas. Ultraactividad. Obligación del cesionario de mantener las condiciones laborales pactadas mediante convenio colectivo hasta la entrada en vigor de otro.
TC. Parejas de hecho homosexuales. Pensión de viudedad. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual.
TS. Sucesión de contratas. Deudas salariales. Responsabilidad solidaria.
TS. Indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. Determinación de los factores de corrección por lesiones permanentes e incidencia de las prestaciones de Seguridad Social.
TS. Despido colectivo. Empresa con centros de trabajo en dos provincias diferentes. Presentación de una propuesta global de extinción y suspensión de un determinado número de contratos (aplicable de forma proporcional en función del volumen de trabajadores de cada centro) que es aceptada por una sola de las zonas, aplicando un criterio diferente respecto de la otra con la que no se llegó a acuerdo.
TS. Despido colectivo. Segur Ibérica. Empresa con centros de trabajo en Vizcaya, Álava y Navarra.
TS. Despido colectivo. Personal laboral de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM).
TS. Discriminación por razón de sexo. Cese tras dar a luz de trabajadora que colaboraba con el CENDOJ como analista de sentencias del Tribunal Supremo.
TS. Incapacidad permanente absoluta. Concurrencia de pensiones generadas en regímenes diferentes.
TS. Recurso de revisión. Sentencia que declara improcedente el despido de un trabajador que posteriormente es condenado por un delito de lesiones al empresario.
AN. Modificación de las condiciones de trabajo. Descanso dentro de la jornada de mañana de 15 o 20 minutos. Comunicación empresarial de no consideración como tiempo de trabajo efectivo, debiendo ser objeto de recuperación.
TSJ. Despido de trabajadores en IT. Nulidad. Trabajadora que incurre en bajas médicas por padecer un trastorno de ansiedad reactivo a condiciones laborales hostiles.
TSJ. Trabajadores autónomos. Situación legal de cese de actividad. Concurrencia de motivos económicos.
TSJ. Subsidio por desempleo. Requisitos. Responsabilidades familiares.

La sentencia de la Sala Tercera reconoce su derecho a cobrar las cantidades que dejó de percibir durante la vigencia de su licencia de maternidad, lactancia y vacaciones más los intereses.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una magistrada a la que el Consejo General del Poder Judicial dio de baja como analista de la Base de Datos de Jurisprudencia (CENDOJ) poco después de dar a luz. Por ello, se anulan los acuerdos del Pleno, de abril de 2013, y de la Comisión Permanente, de 29 de agosto de 2012, de no abonarle las retribuciones económicas correspondientes a su permiso de maternidad.

Según la Sala Social del alto tribunal, tienen reconocida expresamente la condición de personal laboral y la retribución de funcionario interino por las normas administrativas

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce a los profesores de religión de los centros públicos el derecho a cobrar dicho complemento en idénticas condiciones y cuantía que los funcionarios interinos docentes de la Comunidad de Madrid.

La Sala de lo Social recuerda que los profesores de religión de la CAM tienen reconocida expresamente la condición de personal laboral y la retribución de funcionario interino por las normas administrativas.

El Tribunal Supremo (TS), en su reciente sentencia de 14 de julio de 2014, reitera su doctrina sobre la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente, en el grado de incapacidad permanente absoluta, cuando las mismas se causan en dos Regímenes de Seguridad Social diferentes, cuando ha existido sucesión de actividades laborales que dieron lugar al alta en los Regímenes correspondientes y el beneficiario reúne los requisitos exigidos en cada uno de ellos, dejando al margen que se tenga en cuenta la agravación, a efectos del reconocimiento de la nueva pensión de incapacidad permanente absoluta, de dolencias ya valoradas en la incapacidad permanente, también en el grado de absoluta, declarada en el otro Régimen.

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado una sentencia¹ que plasma abiertamente en el ámbito de la ultraactividad de los Convenios Colectivos la tesis de la contractualización.

Efectivamente, en una sentencia de pleno, aunque con un voto particular suscrito por cuatro magistrados, viene a refrendar una posición que la dogmática había ya adelantado como una posible solución a la crisis que en el modelo de relaciones laborales se ha originado por el ánimo del legislador de maximizar la productividad en empresas que no están en crisis.

Con el claro propósito de que fueran los jueces y tribunales los que asumieran un rol activo en ello, dejó la Ley 3/2012 una laguna legal (ya contenida en el RDLey 3/2012 casi en los mismos términos) a sabiendas de la multitud de pronunciamientos contradictorios que originaría. Fruto de ello ha quedado patente (en un proceso ni mucho menos terminado) la elasticidad y plasticidad del ordenamiento jurídico laboral, donde, con mayor o menor acento en los caracteres propios de su fundamento político-jurídico, cada operador atribuye al enunciado normativo (art. 86.3 ET) un juicio de valor del que la norma resultante no se puede desprender. Es decir, que las propuestas interpretativas responden necesariamente a posiciones ideológicas, de tal forma que si en los procesos de elaboración legislativa queda siempre claro este hecho desde inicio, en función del partido político que defiende la iniciativa, en la construcción de modelos dogmáticos este posicionamiento no lo es siempre, siendo sin embargo este uno de esos supuestos en que la polaridad es ineludible².

La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aprecia fraude de ley, falta de causa legal e incumplimiento de los requisitos procedimentales en el expediente de regulación de empleo de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla -16 trabajadores- se inició por extinción de la personalidad jurídica de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, según la sentencia, cuando dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido. En este caso, señala también que no se entregó ningún documento contable sobre la situación económica y financiera de la Agencia, sólo una Memoria Explicativa, y que las causas concretas que justifican el despido colectivo no pueden ser sustituidas por la mera invocación a la mala situación de la economía en general, a la reducción del gasto en el sector público y al ahorro que supone la extinción.