Jurisprudencia

UTE TÚNELES AENA. Actividad consistente en la explotación y mantenimiento de los sistemas de seguridad y control de los túneles incluidos dentro del recinto aeroportuario de Madrid/Barajas. Extinción del contrato de obra por extinción de la contrata. Empresa entrante que tras contratar a 17 de los 20 trabajadores de la empresa saliente se niega a subrogarse en el contrato del demandante, quien promueve demanda de despido.

El artículo 44 del ET exige para que se produzca una sucesión empresarial bien la transmisión de elementos patrimoniales y de personas, pues el objeto de la transmisión ha de ser «un conjunto organizado de personas y elementos que permita el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio», o bien, en el caso de que la actividad en concreto descanse fundamentalmente en la mano de obra, que sea esta (mano de obra) la que se transmita.

Pensionistas de Seguridad Social que se encuentran en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. Determinación de si a partir del Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ostentan automáticamente, a todos los efectos, la condición de personas con minusvalía o personas con discapacidad (en un grado del 33%), con los derechos y ventajas de distinta naturaleza que ello comporta.

La declaración del 33% de discapacidad a los pensionistas de gran invalidez, invalidez permanente absoluta o total produce únicamente efectos dentro de la ley y no con carácter general. Es así porque el artículo 4.2 del Real Decreto legislativo 1/2013 carecía de eficacia jurídica al conceder eficacia general a la declaración del 33% de discapacidad, desde la entrada en vigor de la norma, una vez constatado que el real decreto legislativo excedió la delegación legislativa, encomendada por la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto.

Derecho a la igualdad ante la ley. Discriminación indirecta por razón de sexo. Reducción de jornada asociada a la maternidad. Médico del servicio de urgencias que realizaba 44 guardias al año, con una duración de 10 horas en horario nocturno, cada una de las cuales generaba no solo un descanso de veinticuatro horas sino también que de esas horas 7 eran retribuidas y consideradas como de trabajo efectivo para el cómputo de la jornada anual ordinaria (1523 horas/año). Disminución consecuente de las guardias asignadas. Generación de un descanso retribuido derivado de las guardias que pasa de 7 horas a 4,69 horas aun cuando la duración de las guardias seguía siendo de 10 horas.

Tanto la reducción de jornada ordinaria en cómputo anual como la complementaria (en número de guardias) es fruto de un derecho (el cuidado de hijos), cuyo ejercicio no puede generarle un menoscabo en la asignación del descanso retribuido derivado de la realización de unas guardias que, aun menores en su número, son de la misma duración que para el resto de los trabajadores: 10 horas. Por ello, ante una misma situación (guardias de 10 horas), que generan el derecho a un descanso retribuido (de 7 horas) no puede la empleadora asignarle otro de (4,69), so pretexto de que ya tiene reducido tanto el número de horas ordinarias que debe trabajar como el número de guardias que obligatoriamente debe realizar. No existe, pues, una justificación razonable que legitime el diferente trato recibido. La discriminación por razón de sexo no solo se produce cuando a la mujer trabajadora se le niega uno de esos derechos asociados a la maternidad, sino también cuando, pese a su inicial reconocimiento y ejercicio, se le cause un perjuicio efectivo y constatable que consista en un trato peyorativo en sus condiciones de trabajo, o en una limitación o quebranto de sus derechos o legítimas expectativas económicas o profesionales en la relación laboral, por la exclusiva razón del ejercicio previo de ese derecho. Aunque el método es formalmente neutro, ha perjudicado a un número mayor de mujeres que de hombres.

Incapacidad permanente total. Efectos económicos de la prestación cuando la declaración de incapacidad permanente no va inmediatamente precedida de una situación de incapacidad temporal o inactividad, sino de una prestación de servicios. Prestación por incapacidad permanente que es reconocida por primera vez en sentencia, encontrándose el trabajador en activo en la fecha de tal reconocimiento. Trabajadora que, ante su situación y tras ser examinada por el servicio de prevención de la empresa, es transitoriamente destinada a la realización de actividades ajenas a su profesión, ejecutando labores distintas a las que son esenciales en su ocupación habitual.

Tiene razón la entidad gestora cuando señala que la prestación de incapacidad permanente total es incompatible con el desempeño de la actividad laboral, y la tiene también cuando afirma que no puede establecerse la fecha de efectos económicos en un momento en el que la trabajadora continúa en activo y percibiendo su salario por la misma profesión habitual.

Despido disciplinario. Medios de prueba. Empresa que contrata los servicios de una detective para intentar demostrar que uno de sus empleados, durante la jornada laboral, trabaja por cuenta propia como abogado. Valor como prueba documental del informe emitido por la detective que forzó una entrevista profesional simulada con el investigado.

La naturaleza jurídica de los informes de detectives, aunque se presenten por escrito, corresponde propiamente a una prueba testifical, por lo que carecen de utilidad para la modificación de los hechos probados en suplicación.

Libertad sindical. Derecho de reunión y manifestación. Libertad de expresión. Declaración del estado de alarma y sus efectos sobre los derechos fundamentales. Análisis liminar de la violación del derecho de reunión y manifestación y de la viabilidad del recurso. Crisis sanitaria y económica de gran magnitud que afecta a todo el país. No pronunciamiento del TC sobre las medidas cautelares solicitadas por no ser separables del pleito principal. Recurso de amparo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ratificatoria de la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra que prohibía la reunión y manifestación convocada para el día 1 de mayo de la clase trabajadora en Vigo.

Aun cuando forma parte esencial del derecho de sindicación la celebración de reuniones a las que concurran afiliados del sindicato que las convoque con el objeto de desarrollar los fines del propio sindicato, para el enjuiciamiento por el TC de su posible vulneración ha de alegarse en la vía previa al recurso de amparo, lo que no sucedió al haberse utilizado el procedimiento específico del artículo 122 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. El derecho de reunión y manifestación se impone por su eficacia inmediata y directa, sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal, pero no es un derecho absoluto e ilimitado, no pudiendo producir alteraciones de orden público con peligro para las personas y los bienes. Concepto de razones fundadas para prohibir su ejercicio. Noción de orden público. Situación peculiar y cualificada, de pandemia global muy grave, con riesgo para la vida y la salud de las personas, y vigente una medida de confinamiento adoptada en virtud del estado de alarma. Finalidad legítima y cobertura constitucional de las limitaciones a los derechos fundamentales invocados. Proporcionalidad de la medida de prohibición de la manifestación. Inadmisión a trámite del recurso de amparo.

Jubilación no contributiva. Miembros que componen la unidad cuando el solicitante tiene un hijo con discapacidad reconocida del 65%, ingresado de lunes a viernes en un centro especializado, pero que pasa todos los fines de semana, puentes y vacaciones con sus padres-tutores, y que percibe una pensión no contributiva de invalidez de 368,9 euros/mes.

A pesar del ingreso del hijo de la actora en el centro asistencial, son ella y su esposo los que se ocupan de hacer frente a los desplazamientos de su hijo del domicilio al centro asistencial y viceversa, de sus gastos personales (ropa, calzado, objetos de aseo…), de los gastos asistenciales, de su atención, etc., tanto cuando convive con ellos durante los fines de semana, puentes y vacaciones, como cuando se encuentra ingresado en el centro asistencial, existiendo, por tanto, una interrelación personal y económica de difícil negación.

Síndrome tóxico. Ayuda económica familiar complementaria. Requisitos.

La prestación demandada fue diseñada con la finalidad de garantizar unos ingresos mínimos mensuales a la unidad familiar. El Real Decreto 1276/1982, por el que se complementan las ayudas a los afectados por el síndrome tóxico, así lo dispone, atendida la conveniencia de conseguir la reintegración social de los mismos en la medida en que la situación clínica de cada enfermo lo permitiese.