Legislación Estatal

La Orden INT/1120/2021, de 15 de octubre (BOE de 16 de octubre), modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, sobre criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El Real Decreto 852/2021, de 5 de octubre (BOE de 6 de octubre y entrada en vigor el 7 de octubre, con la salvedad que se indicará), completa, reorganiza y actualiza la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad.

Las modificaciones, que afectan al Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (nueva redacción del art. 16.1) y al Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad (arts. 1 a 10), se concretan en los siguientes aspectos:

El Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, publicado y en vigor el 6 de octubre, establece en su título III (arts. 9 a 11) las siguientes medidas en materia de empleo, seguridad social y planes de pensiones, dirigidas a dotar de liquidez a trabajadores y empresarios:

El Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre), con entrada en vigor el 30 del mismo mes, regula de modo integral y sistematizado los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, estableciendo sus aspectos esenciales: objeto y contenidos mínimos, personas destinatarias finales, financiación y requisitos específicos y prioridades, y constituyendo, asimismo, el desarrollo reglamentario al que hace referencia el artículo 38 de la Ley de Empleo.

El Real Decreto-Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo (en adelante, RDL), publicado y en vigor el 29 de septiembre de 2021 (corrección de errores en BOE de 14 de octubre), traslada a su texto el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge en su parte extravagante la regulación de una variada y gran cantidad de cuestiones.

Siguiendo la estructura de la propia norma de urgencia, el RDL:

• Autoriza la prórroga de los ERTE vinculados a la crisis pandémica
• Establece la posibilidad de presentar nuevos ERTE por incumplimiento o por limitación a la actividad normalizada y el tránsito entre ambos
• Vincula acciones formativas a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social
• Concreta los beneficios en materia de cotización de los ERTE
• Prorroga contenidos complementarios del RDL 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo
• Prorroga las medidas de protección de trabajadores recogidas en el RDL 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo
• Prorroga las medidas de protección por desempleo extraordinarias para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas
• Establece exenciones en la cotización
• Regula la prestación por cese de actividad para los afectados por una suspensión temporal de toda la actividad
• Prórroga de la prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
• Establece la prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021, y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 10 del RDL
• Recoge la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada
• Establece las funciones de las comisiones de seguimiento
• Regula la actuación de la ITSS
• Contempla la posibilidad de que la TGSS aporte datos a las fundaciones laborales de carácter paritario
• Prorroga el Plan Mecuida
• Adopta medidas extraordinarias para empresas y trabajadores autónomos de las Islas Canarias afectados por la erupción volcánica
• Prorroga las prestaciones y subsidios previstos para apoyar al sector cultural
• Prevé la revisión de la regulación de la prestación por cese de actividad
• Prorroga las medidas del título I y de la disposición adicional 1ª del RDL 11/2021
• Modifica el RDL 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo
• Modifica la regulación del ingreso mínimo vital

El Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre), por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, establece las cuantías que deberán regir entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo su abono, en consecuencia, con efectos del 1 de septiembre de 2021.

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en el Real Decreto 231/2020, por el que se fijó el SMI para 2020, y cuyos efectos fueron prorrogados mediante la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 38/2020, quedan fijadas en:

• 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses, para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios.
• 45,70 euros/jornada legal para las personas trabajadoras eventuales y para las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días

• 7,55 euros/hora efectivamente trabajada para las empleadas y empleados de hogar que presten servicios por horas, en régimen externo, y conforme al Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre (art. 8.5).

1. Recoger en una nueva disposición adicional, la vigesimotercera, la presunción de laboralidad de la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores.
   A través de esta disposición, y por acuerdo adoptado en la mesa del diálogo social, se trasladan al texto legal los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su Sentencia 805/2020, de 25 de septiembre, primera dictada en unificación de doctrina.
2. Modificar su artículo 64, relativo a los derechos de información y consulta de la representación legal de las personas trabajadoras, añadiendo una nueva letra d) a su apartado 4, en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.