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El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para poner en práctica un Plan contra la Explotación Laboral. 

Esta iniciativa ha salido adelante en los términos de una enmienda transaccional con el grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Con ella, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a "garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales pactados, bien el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo, y promoverá, previo diálogo con los interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales de producción de las empresas se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal, familiar y personal, y favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo".

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde una moción del Grupo Socialista que insta al Ejecutivo a poner en marcha una nueva Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y le urge a reunir la mesa de diálogo social y a las Comunidades Autónomas para poner en marcha un plan de choque en esta materia. 

El Congreso emplaza al Gobierno, con objeto de combatir los excesos de jornada, y reforzar de forma efectiva y real la vigilancia del cumplimiento de las normas sobre tiempo de trabajo, promoverá un "Plan Contra la Explotación Laboral" que se centrará en los siguientes ejes: 

• La modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) con el objeto de: 
  
  
  1. Considerar una infracción por cada trabajador afectado en caso de transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada y horas extraordinarias. Actualizando las cuantías establecidas en la LISOS. 
  2. Tipificar expresamente como infracción grave realizar una jornada de trabajo superior o fuera del horario pactado en los contratos a tiempo parcial, considerando una infracción por cada trabajador afectado, equiparándose la misma, a la falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
     
     

Actualizado a enero de 2018  el folleto informativo que recoge toda la normativa vigente en materia de integración laboral de las personas con discapacidad. En este folleto se resumen los tipos de contratación y las ayudas que se destinan a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Se trata de un compendio de las medidas existentes hasta el momento que pretende servir de guía tanto a empresas e instituciones como a los trabajadores. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado para conseguir su plena integración.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de enero de 2018.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos Provinciales
  

Muchas empresas buscan la competitividad en la reducción de costes, siendo la búsqueda de la reducción del coste de la mano de obra una constante para muchas de ellas, que no dudan en deslocalizar centros de producción si con ello mejoran los costes de su actividad productiva.

El coste de la mano de obra, como se ve desde el punto de vista de los empresarios, o la búsqueda de un salario digno que compense el esfuerzo realizado por el trabajador, como se ve, desde la parte del que intercambia su esfuerzo por un salario, es caballo de batalla entre los trabajadores, representados por los sindicatos y los empresarios, representados por las patronales.

Sin embargo, no todas las empresas siguen la línea de buscar su ventaja competitiva en pagar lo menos posible a sus trabajadores, otras empresas han desarrollado políticas salariales con mucho éxito, basadas en todo lo contrario.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a María Luz García Paredes, hasta ahora destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la que ocupará la vacante –correspondiente al turno general- producida por la jubilación de José Luis Gilolmo López.

García Paredes ha obtenido 13 de los 20 votos emitidos en el Pleno, al que no asiste el vocal Álvaro Cuesta. El también aspirante al puesto Ricardo Bodas Martín ha obtenido cinco votos, Juan Carlos Iturri Gárate uno y Juan Molins García-Atance también uno.

La nueva magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1980 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Distrito de Posadas (Córdoba), para servir luego en Juzgados de Distrito de Tarragona, Alcalá de Henares y Madrid.

En 1987 se convirtió en titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Leganés y un año después de la Magistratura de Trabajo –luego Juzgado de lo Social- número 7 de Madrid.

Las bonificaciones y reducciones son deducciones en la cuota a la Seguridad Social resultantes de aplicar determinados porcentajes a la misma con la finalidad de reducir los costes de las empresas que contraten trabajadores que se encuentren dentro de colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha actualizado en enero de 2018 la lista de bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social, entre las cuales no se encuentra ningún incentivo a la contratación de padres o madres de familia entre los 30 y los 45 años, salvo que sean víctimas de violencia de género o tengan alguna minusvalía.

En España las madres cada vez son más mayores y tienen menos hijos, nuestro país envejece y la pirámide de la población española es más ancha por arriba, donde se encuentran las personas de mayor edad, que por abajo, donde se sitúan los niños, siendo lo sostenible lo contrario. Según el INE, en 2052 el 37% de los habitantes será mayor de 64 años, lo que generará un grave problema en el sistema de pensiones.

La tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene un debate abierto en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la competente por razón de la materia. Tres pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con base en un excelente análisis interpretativo del art. 7.h) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), reconocieron su liberación de impuestos, en contra de algún otro pronunciamiento en sede de la jurisprudencia menor que, precisamente, es el que ha propiciado el acceso de la cuestión a sede casacional.