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La Comisión de Presupuestos se reunirá el martes, día 8 de mayo, a partir de las 10,00 horas, y el miércoles, día 9, desde las 9,00 de la mañana, para debatir las enmienda al articulado presentadas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 y elaborar el dictamen que será elevado a Pleno.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales de los Diputados, que fue entregado el 3 de abril por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al presidente del Congreso, Jesús Posada, goza de preferencia en su tramitación sobre el resto de proyectos y proposiciones de ley, tal y como establece el Reglamento del Congreso de los Diputados.

Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las comunidades autónomas correspondientes al mes de abril registran un descenso de 6.632 personas, lo que supone una reducción del (0,14%) respecto al mes anterior. En total el paro registrado se ha situado en 4.744.235 personas.

Por sectores económicos, el paro registrado baja en tres de ellos: En agricultura se reduce en 1.241 (-0,74%), en construcción baja en 1.388 (-0,17%), y en servicios se reduce en 8.304 (-0,29%). Por el contrario sube en industria en 1.828 (0,34%) y en el colectivo sin empleo anterior se incrementa en 2.473 (0,60%).

El desempleo masculino baja en 7.015 (-0,30%) en relación con el mes anterior y se sitúa en 2.364.767. El femenino se incrementa en 383 (0,02%) respecto al mes de marzo y se sitúa en 2.379.468 desempleadas.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 16.919.079 en abril, lo que supone una pérdida de 555.122 ocupados respecto al mismo mes del año anterior (-3,18%), según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los retrocesos más significativos, en términos interanuales, se registraron en Construcción (-214.731); Industria manufacturera (-98.752); Administración Pública (-56.543) y Comercio (-55.697), frente a los avances en Educación (16.082); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (8.008), y Hostelería (800), sector que tradicionalmente ha tenido un buen comportamiento en esta época del año.

Si bien el crecimiento económico se ha reactivado en algunas regiones, la situación global del empleo es extremadamente alarmante y no da señales de recuperación en el futuro próximo, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El "Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2012: Mejores Empleos para una economía mejor" de la OIT señala que aún siguen faltando 50 millones de empleos a nivel mundial comparado con la situación que existía antes de la crisis. También advierte que está surgiendo una nueva y aún más problemática fase de la crisis mundial del empleo.

Primero , esto se debe al hecho que muchos gobiernos, en particular en las economías avanzadas, le han dado prioridad a la combinación de austeridad fiscal y drásticas reformas laborales. El informe sostiene que este tipo de medidas están produciendo consecuencias devastadoras en los mercados laborales en general, y en la creación de empleo en particular. Tampoco han logrado, en general, reducir el déficit fiscal.

“La excesiva importancia que muchos países de la eurozona le están dando a la austeridad fiscal está profundizando la crisis del empleo y podría incluso conducir a otra recesión en Europa”, dijo Raymond Torres, Director del Instituto Internacional de Estudios Laborales y principal autor del informe.

“Los países que invirtieron en políticas de creación de empleo han logrado mejores resultados en términos económicos y sociales”, agregó Juan Somavia. “Muchos de estos países se han vuelto más competitivos y han superado la crisis mejor que aquellos que siguieron el modelo de austeridad. Podemos estudiar detalladamente a estos países y extraer lecciones”.

• El principal objetivo es perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y de la actualización del Programa de Estabilidad de España 2012-2015.

Ambos documentos recogen la Estrategia de política económica del Gobierno para los próximos años. Esta estrategia se basa en el diagnóstico de la economía española y en medidas de política económica: estrategia fiscal 2012-2015 y reformas estructurales.

La población activa experimenta un descenso de 8.400 personas en el primer trimestre de 2012. El número de activos es de 23.072.800 personas. En términos interanuales, la población activa aumenta en 10.900. La tasa de actividad permanece en el 59,94%, sin variación respecto del trimestre anterior. La tasa femenina aumenta en 43 centésimas hasta el 53,35%, mientras que la de los varones disminuye 44 centésimas, hasta el 66,86%.

La distancia entre las tasas de actividad de españoles y extranjeros supera los 18 puntos a favor de estos últimos, circunstancia explicada fundamentalmente por la diferente estructura por edades de unos y otros.

Ocupación

El número de ocupados desciende en 374.300 personas en el primer trimestre de 2012 y se sitúa en 17.433.200.

El descenso del empleo afecta más a los varones (278.300 ocupados menos) que a las mujeres (96.000 menos). El número de ocupados extranjeros baja en 87.300 y el de españoles lo hace en 287.000.

El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.

Estas medidas de racionalización del gasto no son la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria para llevarla a cabo.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha presentado una batería de medidas que buscan incrementar la eficiencia dentro del sector universitario.

El grado de aplicación de estas medidas corresponde a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito Educativo. El objetivo es introducir mecanismos de flexibilidad en la legislación educativa para permitir a las Comunidades Autónomas racionalizar su gasto educativo y que éste sea más eficaz.