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Es 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad, pero no debía ser necesario establecer un día para la concienciación ciudadana, ya que facilitar la conciliación de los trabajadores y la igualdad en las empresas tiene múltiples ventajas que incrementan la productividad en las organizaciones.

Quizás una de las pocas ventajas de la pandemia ha sido que nos ha abierto un poco más los ojos a la hora de establecer nuestras prioridades, apuntalando aún más a la salud y a la familia como los pilares que sustentan nuestro edificio personal, en el que se alberga también todo lo accesorio.

El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el próximo 21 de marzo, proclamado en 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Shaperville (Sudáfrica 1960).

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2021.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

Una nueva línea de ayudas directas, dotada con 7.000 millones de euros, facilitará el pago de gastos fijos y deudas a los sectores más perjudicados por la pandemia. Otros 3.000 millones se dedicarán a reestructurar la deuda financiera que cuente con aval del Estado, y un fondo de 1.000 millones servirá para la recapitalización de las empresas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el Ejecutivo continúa así la labor que viene realizando desde la declaración del primer estado de alarma, hace un año, para minimizar el impacto del COVID-19 en el tejido productivo y el empleo.

"Nunca antes se había hecho un esfuerzo de esta envergadura, de esta magnitud, dirigido al conjunto de empresas y al conjunto de trabajadores", ha dicho Montero, quien ha destacado que el Gobierno ha protegido igualmente el bienestar de las familias y la calidad de los servicios públicos.

El Gobierno y los interlocutores sociales alcanzan un acuerdo sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales.

La pandemia generada por la COVID-19 ha sido la causa de la crisis de muchas empresas, siendo especialmente virulenta en determinados sectores como el turismo, la restauración y el comercio tradicional. En este contexto, el personal gerente y directivo de muchas empresas se ha visto obligado a tomar drásticas medidas que han tenido que comunicar a sus personas empleadas.

A medida que se sucedían las noticias de las restricciones a la actividad y a la movilidad para intentar contener los efectos de la COVID-19, el personal empleado de los sectores más afectados ya podía intuir los problemas que se avecinaban, de manera que la inclusión en un ERTE no es algo que los cogiera sin previo aviso. Sin embargo, otras crisis pueden coger por sorpresa a determinadas personas trabajadoras, ya que lo que para la dirección puede ser un problema al que puede llevar algún tiempo buscando solución, para las personas trabajadoras, enterarse de que su despido es parte de la solución a ese problema puede ser un auténtico jarro de agua fría, que es conveniente comunicar de la mejor manera posible.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Corresponsables con 190 millones de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años. Se trata de una política semilla que, mediante los mecanismos habilitados con la colaboración de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, facilitará la creación de empleo de calidad en el sector de los cuidados, además de dignificar y certificar la experiencia profesional del cuidado no formal.