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En el día de hoy, la Comisión Europea ha decidido inscribir en el registro una iniciativa ciudadana europea titulada «#NewRightsNow - Reforzar los derechos de los trabajadores "uberizados"».

Los organizadores hacen un llamamiento a la Comisión para que «las plataformas digitales tengan la obligación de abonar unos ingresos mínimos garantizados a los trabajadores "por cuenta propia" que trabajan para ellos habitualmente». Los organizadores sostienen que esa medida «garantizaría y estabilizaría sus ingresos y[…], en concreto, frenaría la inseguridad laboral de los trabajadores "uberizados"».

Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para facilitar a los europeos el ejercicio de actividades por cuenta propia. Por consiguiente, la Comisión ha considerado que la iniciativa es legalmente admisible y ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solo su admisibilidad jurídica.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Retorno a España, con el objetivo de fomentar el retorno de españoles a nuestro país en las mejores condiciones y facilitar su proceso de vuelta.

Bajo el lema "Un país para volver", el Plan de Retorno permitirá desarrollar un total de 50 medidas encaminadas a facilitar la vuelta de los emigrantes españoles y que nuestro país se convierta en un lugar atractivo para desarrollar un proyecto de vida personal y profesional.

El presupuesto total del Plan de Retorno a España, en el que están implicados 10 ministerios, asciende a 24.209.400 euros, de los que 12.389.400 euros serán en 2019 y 11.820.000 euros en 2020.

La población española residente en el extranjero, según datos a 1 de enero de 2019, asciende a 2.545.729 personas, de las que 1.553.539 residen en América y 900.159 en Europa. La población española en el exterior ha aumentado en 1 millón de personas desde 2009 hasta ahora.

El Consejo de Ministros ha aprobado las Instrucciones para autorizar el derecho a residir y trabajar de los nacionales del Reino Unido residentes en nuestro país antes del Brexit en caso de un Brexit sin acuerdo.

Aunque la fecha inicialmente prevista para la retirada del Reino Unido era el 29 de marzo, el Consejo Europeo y el Reino Unido acordaron ayer prorrogar dicha fecha hasta el 22 de mayo (si el Parlamento británico ratifica la próxima semana el Acuerdo de Retirada pactado en noviembre de 2018 por la Unión Europea y el Gobierno británico) o hasta el 12 de abril (si el Acuerdo de Retirada no es ratificado por el Parlamento británico, en cuyo caso Reino Unido deberá indicar qué pasos pretende dar).

Estas Instrucciones desarrollan el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, de medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que desarrolla la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la Ley 54/2007 de Adopción Internacional.

El reglamento establece que corresponde a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores.

Para estos trámites se contará con el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la información de los organismos acreditados y la consulta previa a la Comisión Delegada de Servicios Sociales del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, en la que están representadas las comunidades autónomas.

El Consejo de Ministros ha aprobado Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.

Se trata de una iniciativa con carácter participativo, en cuya elaboración ha colaborado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En la redacción del documento han intervenido también los diferentes ministerios con competencias en protección social, el Consejo Estatal de ONG y los interlocutores sociales.

Además, en su desarrollo, se contará con la colaboración de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales, así como a todos los actores del sector privado, de la sociedad civil y, en particular, del Tercer Sector de Acción Social.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de marzo de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales
  

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado una Guía de Contratos que recoge toda la información sobre contratos de trabajo  e incentivos,  actualizada   a marzo 2019.

En este link  pueden consultar todas las Guías publicadas por el SEPE.

• Consulte la Guía de Contratos

El establecimiento de un marco regulatorio satisfactorio para empresarios y trabajadores es fundamental en cualquier sociedad que se considere desarrollada, siendo además de vital importancia para un crecimiento económico que no se vea amenazado por conflictividad laboral, ni fuga de capitales.

Para el establecimiento de los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral, además de las disposiciones legales, como el Estatuto de los Trabajadores, y reglamentarias del Estado, empresarios y trabajadores deben llegar a acuerdos, tanto para la firma de los convenios colectivos, que afectarán a sectores o empresas y sus trabajadores, como para la firma de los contratos de trabajo que vincularán al trabajador con su empleador.