Legislación

Ley 2/2025: Fin a la extinción automática del contrato por incapacidad permanente

La Ley 2/2025, de 29 de abril, publicada en el BOE el 30 de abril y en vigor el 1 de mayo de 2025, marca un hito normativo en la protección laboral de las personas con discapacidad. Esta reforma modifica el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, condicionando la extinción del contrato por incapacidad permanente a la evaluación previa de ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Novedades en los recursos de casación social: límites de extensión y nuevas exigencias formales

El Acuerdo de 24 de marzo de 2025 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE del 29 de abril, regula la extensión máxima y las condiciones extrínsecas de los escritos de formalización o interposición y de impugnación de los recursos de casación dirigidos a la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo.

Automatización de altas y bajas en la Seguridad Social: implicaciones prácticas de la Resolución de 9 de abril de 2025

La Resolución de 9 de abril de 2025, de la Tesorería General de la Seguridad Social, regula la tramitación electrónica automatizada de determinados procedimientos de altas y bajas de trabajadores. A partir del 1 de junio de 2025, las resoluciones estimatorias derivadas de solicitudes a través del Sistema RED o de actuaciones de la Inspección de Trabajo serán generadas de forma automática, firmadas mediante el sello electrónico de la Tesorería General. La responsabilidad administrativa recaerá en las Direcciones Provinciales correspondientes, estableciéndose también el procedimiento para la impugnación de estas resoluciones.

Real Decreto 316/2025: revalorización de pensiones y ajustes legales sin modificaciones de fondo

El Real Decreto 316/2025, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), con efectos económicos desde el 1 de enero de 2025, supone un ajuste necesario en la normativa sobre la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y su revalorización para el ejercicio 2025. Su aprobación viene motivada por la necesidad de adaptar el marco legal tras la no convalidación del anterior Real Decreto-ley 9/2024 y del subsiguiente Real Decreto 35/2025 (que ahora se deroga expresamente) ofreciendo así una nueva base jurídica que se apoya en el Real Decreto-ley 1/2025.

Nuevos requisitos para botiquines a bordo: implicaciones para la prevención en el sector pesquero

La Resolución de 4 de abril de 2025, del Instituto Social de la Marina, publicada en el BOE del 11 de abril y en vigor el 12 de abril, responde a la necesidad de adaptar los botiquines sanitarios obligatorios a las condiciones reales de operación de muchos buques pesqueros. Cambios recientes en la normativa marítima permiten a determinadas embarcaciones ampliar su zona de actividad o modificar su clasificación, lo que implica mayores exigencias en cuanto a la asistencia médica disponible a bordo. Además, las campañas prolongadas lejos de la costa y el elevado número de tripulaciones implicadas ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar tanto el contenido como la organización del material sanitario.

Ampliados a 120 los días de utilización de contratos temporales en el sector agrario y agroalimentario

Ampliados a 120 los días de utilización de contratos temporales en el sector agrario y agroalimentario. Imagen de trabajadores recolectando en el campo

La Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (BOE de 2 de abril), modifica el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores para incluir las campañas agrarias y agroalimentarias como circunstancias de la producción que generan un desajuste temporal entre el empleo estable y disponible y que justifican la utilización del contrato de duración determinada previsto para hacer frente a estas coyunturas por las empresas de estos sectores hasta un máximo de 120 días, esto es, 30 días por encima de los 90 establecidos con carácter general.

Estos días no pueden utilizarse de forma continuada, y las empresas deben proporcionar una previsión anual de su uso a los representantes legales de los trabajadores en el último trimestre del año.

Páginas