Legislación

La Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (BOE de 25 de marzo), publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el de 27 de noviembre de 2008 para flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19.

La Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo (BOE de 25 de marzo), con entrada en vigor desde su publicación, declara la validez de autorizaciones de los transportistas, medios de transporte y contenedores, así como de los certificados de formación de los conductores o cuidadores expirados a partir del 1 de marzo de 2020, y de los cuadernos de a bordo u hojas de ruta aunque no hayan sido sellados por la autoridad competente.

Las medidas contenidas en la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo (BOE de 24 de marzo y efectos inmediatos), van destinadas a garantizar el adecuado suministro de agua para consumo humano y el correcto saneamiento de las aguas residuales durante esta situación de crisis sanitaria.

El pasado 21 de marzo se dio cuenta en esta página de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptaban medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios ante el COVID-19.

Estas medidas se ven complementadas por las recogidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo (publicada y en vigor el 24 de marzo), que se exponen a continuación y que son de aplicación a todos los centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza), públicos o privados.

Son muchas las dudas que están surgiendo en torno a la aplicación práctica del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Entre ellas, como quedó patente ayer en la ponencia organizada por el CEF «Análisis del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)», está la de determinar a quién corresponde el abono de la prestación por desempleo en los casos de ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. ¿Corresponde a la empresa en régimen de pago delegado o es una obligación que debe asumir el SEPE?

La Orden SND/276/2020, de 23 de marzo,  establece la obligación para los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de los medicamentos considerados esenciales para la gestión de esta crisis sanitaria, con independencia de que estén actuando por sí mismos o a través de entidades de distribución por contrato, de suministrar información, asegurar el abastecimiento y priorizar su fabricación.