Jurisprudencia

Sin embargo, si la persona afectada trabajó anteriormente en dicho Estado, esas prestaciones no pueden denegársele de forma automática, sin examen individual

En la sentencia Dano, el Tribunal de Justicia declaró recientemente que los Estados miembros pueden excluir de la percepción de prestaciones de asistencia social a los ciudadanos de la Unión que se desplacen a su territorio sin voluntad de encontrar trabajo en ellos. Dicho asunto se refería a las prestaciones alemanas del seguro básico («Grundsicherung»), destinadas, concretamente, a garantizar la subsistencia de los beneficiarios.

La Sala Social del Supremo ha confirmado que corresponde al club español que cede a un jugador de fútbol profesional a un club extranjero el pago de la prima de cesión cuando no se pacta nada al respecto en el contrato de cesión.

El caso examinado es el de la cesión por el Getafe CF de Derek Boateng al Dnipro de Ucrania en 2011. El Getafe tendrá que pagar 731.250 euros al jugador como prima de cesión, el 15% del precio de cesión, que fue de 4,8 millones de euros. Confirma la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de fecha 9 de diciembre de 2013.

El pago de la prima corresponde al club adquirente si es un club español.

AUTOR COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a 5 años y 4 meses de prisión a una abogada, y 4 años y 9 meses de cárcel a un asesor, por delito continuado de estafa, falsedad de documento público y deslealtad profesional por estafar a inmigrantes con falsos contratos de trabajo.

Los hechos probados señalan que la letrada y el asesor de la gestoría cobraron, entre los meses de febrero y junio de 2010, 1.700 euros a tres inmigrantes y 1.600 a un cuarto y les dieron a cambio un contrato “confeccionado íntegra y fraudulentamente por ellos”, en el que figuraba como empleador una persona que “ni autorizó ni firmó esos contratos”.

La abogada tenía antecedentes penales y fue condenada en 2008 a dos años de cárcel por un delito de estafa.

AUTOR COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL

El Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de marzo de 2015, comentada por don José Antonio PANIZO ROBLES en el documento adjunto, ha avalado la constitucionalidad del Real Decreto-Ley (RDL) 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que dejó sin efecto, para el ejercicio 2012, la actualización de las pensiones en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC),  en base a las previsiones de los artículos 48 de la Ley General de la Seguridad Social  y 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

TJUE. Utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada. Trabajadores temporales del sector del espectáculo.
TS. Caracteres del contrato de trabajo. Prestación de servicios como limpiadora para una comunidad de propietarios.
TS. Despido colectivo. Presentación de ERE por la empresa teniendo pendiente gran parte de los afectados demandas de extinción de la relación laboral por retraso en el abono de salarios.
TS. IBERIA. Despido colectivo finalizado con acuerdo en el que empresa y mayoría sindical aceptan la propuesta del mediador designado al efecto. Impugnación parcial de dicho acuerdo al amparo del artículo 67.1 de la LRJS (punto referido al abono de diferencias salariales ya devengadas) aplicándose las reglas procesales propias de la modalidad de conflicto colectivo. Improcedencia.
TS. Despido colectivo. Periodo de consultas que finaliza sin acuerdo. No comunicación por la empresa de manera expresa y formal a los representantes legales de los trabajadores de su decisión final sobre el despido colectivo.
TS. Mejoras voluntarias y pensiones complementarias. Banco Santander Central Hispano. Trabajador que acuerda con el banco que al cumplimiento de los 65 años, este complementaría la pensión anual inicial de jubilación concedida por la Seguridad Social hasta llegar a determinada cantidad.
TS. Jubilación parcial y contrato de relevo. Concentración de la jornada reducida por el relevado en los nueve meses posteriores a la suscripción del contrato de relevo.
TS. Competencia funcional. Sentencia del juzgado de lo social que estima la demanda y deja sin efecto la baja médica, impugnada por la Mutua, cursada por el Servicio Público de Salud. Recurso de suplicación. Procedencia.
AN. Plus de transporte. Percepción por los trabajadores contratados a tiempo parcial.
TSJ. Conciliación de la vida laboral y familiar. Trabajadora a turnos. Prórroga de la reducción de jornada que venía disfrutando por el nacimiento de un segundo hijo.
TSJ. Despido objetivo. Causas económicas y productivas. Reducción de los niveles de ocupación de determinado hotel durante más de tres trimestres consecutivos.
TSJ. Extinción de la relación laboral. Despido disciplinario de director financiero de la sociedad absorbida, en tanto se tramita un despido colectivo en la misma.
TSJ. Prestación por desempleo. Alegación por el SPEE de obtención indebida por no haber presentado la empresa en el procedimiento de despido colectivo las cuentas consolidadas conjuntas del grupo empresarial al que pertenece.
TSJ. Incapacidad permanente absoluta. Revisión por agravación o mejoría.
TSJ. Proceso laboral. Impugnación de la resolución administrativa por la que se sanciona a las empresas demandantes con el abono de 10.000 euros cada una de ellas por haber incurrido en cesión ilegal de trabajadores. Nulidad de actuaciones. Falta de llamamiento a los trabajadores afectados.
JS. Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad del real decreto-ley de noviembre de 2012 que dejó sin efecto, para ese ejercicio, la actualización de las pensiones en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC). La sentencia, que rechaza  el  recurso  formulado  por  los  grupos  parlamentarios  Socialista,  Izquierda  Unida (IU),  Iniciativa  per  Cataluña  Verds-Esquerra  Unida  y  Alternativa  (ICV-EUIA),  Chunta Aragonesista (CHA), La Izquierda Plural, Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Convergencia i Unió (CiU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), señala que, cuando se aprobó  el  real  decreto,  los  pensionistas  tenían  una  mera  expectativa  de  derecho  a  la actualización de su pensión, pero no un derecho “consolidado, asumido e integrado en su patrimonio”,  lo  que  impide  considerar  inconstitucional  la  medida.  Ha  sido  ponente  de  la sentencia  la  Magistrada  Encarnación  Roca.  Los  Magistrados  Fernando  Valdés Dal-Ré  y Luis  Ortega  han  formulado  un  voto  particular  discrepante  al  que  se  han  adherido  la Vicepresidenta, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol.

En la Sentencia del Juzgado de lo Social n.º 10 de Barcelona, de 18 de febrero de 2015, comentada en el documento adjunto por D. José Antonio PANIZO ROBLES, se considera que el ejercicio de la prostitución por cuenta de tercera persona y bajo su dependencia, realizado de forma libre, sin coacción y sin ningún componente de fuerza sobre la persona que lo lleva a cabo, no puede considerarse como un ilícito penal, ni constitutivo de lesión de derechos fundamentales de la persona, por lo que nada impide que de ese ejercicio derive una relación de laboralidad y, como consecuencia de ello, la inclusión de las prostitutas en el Régimen General de la Seguridad Social.

En estos últimos días se han publicado varias sentencias -con idéntico contenido- del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, de las cuales la última es de 26 de enero de 2015, que contienen unos interesantísimos postulados en lo que tiene que ver con la tributación de las sociedades de profesionales, tema del que ya han corrido muchos ríos de tinta, pero respecto del que aún no se ha llegado a acuerdo.

Pues bien, nos encontramos ante un conjunto de sentencias muy pro-contribuyente, hasta el punto de que partían de una declaración de simulación negocial por parte de la Administración tributaria que ha terminado, salvo recurso, en una declaración de licitud por parte del Tribunal Superior de Justicia.