RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

 El objetivo principal de este trabajo consiste en exponer la situación actual de la función directiva pública en España, mediante la aplicación del método cualitativo de análisis de caso centrado en la Administración General del Estado. Explicar qué es y qué hace un directivo público, tratando de establecer un conjunto de aspectos que necesariamente deberían establecerse en el futuro desarrollo normativo de esta figura.

Asimismo, el presente trabajo también persigue una serie de objetivos secundarios como identifi­car las semejanzas y diferencias entre un directivo público y un directivo de la empresa privada, determinar el régimen jurídico actual del directivo público y efectuar un conjunto de propuestas de futuro que, a modo de lege ferenda, permitan desarrollar al directivo público el papel que está llamado a cumplir como elemento clave para la modernización y mejora de la Administración.

Palabras claves: Administración, funcionario, directivo, política, gestión, modernización y liderazgo.

Dentro de las prestaciones económicas que conforman el marco de la acción protectora de la Seguridad Social sin duda es la correspondiente a la situación de incapacidad temporal la que ha sufrido unas mayores transformaciones respecto de su gestión y control, teniendo en cuenta que esa gestión es compleja, puesto que afecta a una multiplicidad de entes y organismos inter­vinientes, por lo que, desde mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo, y de forma periódica, la regulación de la gestión de la incapacidad temporal se ha visto sometida a continuas modificaciones que han tenido como finalidad la de contener el gasto que la misma representa, así como atajar el uso indebido, cuando no fraudulento, en el acceso a la protección.

Ahora bien, si tales objetivos podían responder a una realidad específica de incremento del gasto, en el último cuarto del siglo, así como en los primeros años del actual, por el contrario desde la aparición de la crisis económica y el mantenimiento de sus consecuencias, se está asistiendo a una desaceleración en el gasto de la incapacidad temporal, medido tanto en términos absolutos, como en el gasto «relativo», de modo que las finalidades perseguidas en las últimas reformas se han situado en dar un mayor protagonismo a las entidades responsables de la prestación eco­nómica, en detrimento del control por parte de las instancias sanitarias, al tiempo que mejorar la gestión de la prestación, dadas las posibilidades que ofrece el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

En este marco hay que situar la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, el cual sustituye a las anteriores disposiciones reglamentarias que regulaban la gestión y el control de esta prestación , y complementa otras normas, adecuando el contenido de aquellas a los cambios legislativos que se han ido produciendo, en el ámbito de la gestión y el control de la prestación referida, desde 1997.

Palabras claves: Seguridad Social, incapacidad temporal, entidad gestora, Servicios Públicos de Salud, mutuas y control.

En un escenario de reformas estructurales se acometió la afectante al bien social de la salud. Es decir, se produjo la reforma sanitaria. Una reforma omnicomprensiva, por medio del Real Decreto-Ley 16/2012, con el pretendido fin del ahorro en el gasto –e inversión social– sanitario. Esta afectó esencial y nuclearmente al derecho a la asistencia sanitaria y, dentro de este, a las personas que pueden acceder a él en aras de la tutela de su salud. Principal y esencialmente, dos de los colectivos que se vieron afectados fueron el de comunitarios y extracomunitarios, subjetivando y concretando las posibilidades de acceso, no sin polémica jurídica y de política social. De su análisis, estudio y valoración de conjunto, se manifiesta un retroceso, en forma de mayores exigencias para la protección de la salud de ambos colectivos, implicando, en cierta medida, una ruptura y mercantilización de la auténtica y genuina razón de ser de este derecho social fundamental.

Palabras claves: sanidad, protección de la salud, asistencia sanitaria, comunitarios y extracomunitarios.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de mayo de 2014, rec. núm. 749/2014.

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de mayo de 2014 –asunto C-356/12.

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de marzo de 2014, asunto C-190/13.

Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de 2014, rec. núm. 2848/2014.

Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 91/2014, de 14 de mayo de 2014.