Artículos legislación

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, publicado en el BOE del 7 de marzo y en vigor –con las excepciones que se indicarán– en fecha tan representativa como el 8 de marzo, contiene 7 artículos que se corresponden con la modificación de 7 leyes que, sin duda, inciden de forma directa en la igualdad entre mujeres y hombres.

A continuación, y sin perjuicio de los análisis que, con mayor profundidad y detenimiento, se hagan en este espacio y en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF,  así como en las jornadas que a tal efecto se están organizando por el Centro de Estudios Financieros (CEF), se efectuará un recorrido por las modificaciones de todas y cada una de estas normas, pretendiendo dar noticia de cuáles son las novedades que presentan, con apoyo en cuadros comparativos que, se espera, sean de utilidad a todo el que pretenda acercarse a esta importante norma de urgencia.

• MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Y DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL

• MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

• MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

• MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• MODIFICACIÓN DE  LA LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

• MODIFICACIÓN DE  LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2009

La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer (BOE de 2 de marzo; en vigor el 3 de marzo), procede –sin exposición de motivos previa– a modificar los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad Social (vid. cuadro comparativo) y de la Ley de clases pasivas del Estado para:

• Incluir dentro de la acción protectora de la Seguridad Social una nueva prestación del sistema: la prestación de orfandad.

• Establecer el derecho de las personas beneficiarias de pensiones de orfandad causadas por víctimas de violencia contra la mujer al incremento previsto para los casos de orfandad absoluta.

Asimismo, contiene un mandato al Gobierno para que realice un estudio donde se analicen otros supuestos de orfandad absoluta que pudieran no encontrarse suficientemente protegidos incluyendo propuestas de idéntica cuantificación económica a las previstas en esta Ley 3/2019, para lo cual le concede un plazo que expira a principios del próximo mes de junio.

Como es sabido, el Real Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, prácticamente al límite del tiempo –a 31 de diciembre terminaba el periodo transitorio, a partir del cual debían entrar en vigor normas más «temibles»–, otorgó, reservada solo para él, una formidable «bombona de oxígeno» al influyente «sector manufacturero». El artículo 1 de dicho texto legal añadió un nuevo apartado 6 a la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de establecer un nuevo periodo transitorio para la aplicación del régimen –que a partir del 1 de enero de 2019 estaba destinado a ser profundamente recortado, «podado», para todos– de regulación aplicable a la modalidad de jubilación parcial con simultánea  celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de determinados requisitos. Sin ánimo ahora de ahondar en ellos (un magnífico estudio de los mismos, con un profundo conocimiento y gran carga crítica, lo acaba de realizar el profesor J.A. Maldonado, en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, número de marzo de 2019), sí interesa resaltar que algunos presentaban poca dificultad interpretativa, revelando un sentido claramente de reserva o privilegio para el sector favorecido con este «regalo navideño». Pero otros, incluso dentro de la reserva sectorial –lo que ha sido muy criticado desde el punto de vista de la igualdad de trato y de la solidaridad que debe mover un sistema de reparto como el nuestro–, se abrían a mayor divergencia, incluso laxitud, interpretativa.

Pues bien, para evitar este doble riesgo de diversidad interpretativa (por el coste relevante que tiene la medida para las arcas de la seguridad social, hoy muy maltrechas, sin que haya viso alguno de solución a corto plazo, ante la deserción política en la respuesta), ahora la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (la historia evidencia que la DGOSS gusta de abonarse a criterios cicateros, como evidencia el profesor J.A. Maldonado, pp. 43 y ss.) se ha precipitado a proporcionar un Criterio de Interpretación (1/2019), que acota notablemente ciertas opciones aperturistas.

Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero (BOE de 8 de febrero), en vigor el 9 de febrero, modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y aprueba el modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor.

El Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, introduce un nuevo artículo 70 bis en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, para establecer la responsabilidad de las distintas administraciones y entidades públicas, incluyendo los órganos constitucionales del Estado, del cumplimiento de la obligación de cotizar por las remuneraciones, compensaciones, indemnizaciones u otros conceptos retributivos de similar naturaleza que abonen directamente con cargo a su propio presupuesto a los empleados públicos que solo dependan de ellos funcionalmente.

La Resolución de 30 de enero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, deja sin efecto a partir del 2 de febrero (fecha de su publicación en el BOE) la dictada por este servicio común el 23 de enero de 2019, introduciendo un cambio en lo allí dispuesto al ampliar a 55 (antes 50) el número de jornadas reales cotizadas en 2018 requeridas para solicitar el diferimiento del plazo reglamentario de ingreso de cuotas al citado colectivo.

El Consejo de Ministros aprobó el 25 de enero y el BOE del 26 de enero publica el Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, en cuyo anexo se recoge la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.