Tras casi 10 años desde la aprobación de la anterior reformulación del Pacto de Toledo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con fecha 19 de noviembre de 2020, el «Informe de evaluación y reforma del Pacto Toledo»,a través del cual la Cámara legislativa vuelve a reafirmar su compromiso con el mantenimiento y defensa de un sistema de Seguridad Social y, dentro del mismo, con el sistema público de pensiones.
Aunque el nuevo Pacto de Toledo contiene 22 recomendaciones, que intentan abarcar todos los aspectos y ámbitos relacionados con la Seguridad Social, en su reformulación destacan dos cuestiones básicas: la vuelta al consenso respecto de la actualización periódica de las pensiones, para que, al menos, mantengan su poder adquisitivo y la consolidación de la separación de las fuentes de financiación, de manera que solo las prestaciones estrictamente contributivas mantengan su financiación básica a través de las cotizaciones sociales, al tiempo que las demás prestaciones y servicios encuentren su cobertura financiera a través de la imposición.
Además, y por su novedad, también han de subrayarse las recomendaciones dedicadas a la juventud, en la convicción de que la Seguridad Social española se asienta, entre otros principios, en un contrato generacional, señalando la necesidad de que el sistema de pensiones cuente con el respaldo de las personas jóvenes, y la relacionada con la incidencia de la digitalización de la economía y de la sociedad en el sistema de Seguridad Social.
De todo ello da cuenta D. José Antonio PANIZO ROBLES en el análisis que se ofrece aquí «en abierto».
