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La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, que desarrolla toda una serie de acciones dirigidas a reducir la siniestralidad de las Illes Balears. Este plan de acción ha sido consensuado con los agentes económicos y sociales, y quiere incidir en los aspectos preventivos donde más accidentes se producen y donde las consecuencias son más graves. La puesta en funcionamiento de este plan se hace muy necesaria, teniendo en cuenta los altos índice de siniestralidad que sufre la Comunidad.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los que ha tenido acceso la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en el primer mes de este año, un total de 3.182 trabajadores en paro solicitaron la capitalización de su prestación por desempleo para poner en marcha una actividad económica. La gran mayoría, 2.792, lo hicieron para hacerse autónomos, 195 para constituir una sociedad mercantil, 150 para una cooperativa y 41 para formar una sociedad laboral. Resulta significativo el aumento de las capitalizaciones que tienen como objetivo constituir una sociedad mercantil, opción que nació en la última modificación de la normativa de fomento del autoempleo en el pasado año 2015.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que traspone una Directiva comunitaria de 2014, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (Directiva ATEX).

El Real Decreto establece los requisitos de salud y seguridad exigibles a estos productos cuando constituyan una novedad en el mercado de la Unión Europea en el momento de introducirse en el mismo con la finalidad de proteger a las personas, a los animales domésticos y a los bienes de los riesgos de explosión y combustión que existen en determinadas industrias. Además, regula la certificación de los productos y los requisitos de los organismos de control.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a poner en marcha en el mes de mayo una nueva convocatoria destinada a formación para el empleo, en la que se invertirán 140 millones de euros.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha concretado que la primera convocatoria estará dirigida a las escuelas taller y casas de oficio, con una previsión presupuestaria de 50,3 millones de euros; la segunda, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, con 71,5 millones de euros; y la tercera, destinada prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, con 20,7 millones de euros.

El Congreso de los Diputados debate en el Pleno de la próxima semana la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley presentadas, la primera de ellas por el Grupo Popular, para el impulso de la contratación indefinida, y, la segunda, sobre emergencia social, por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a otros diputados.

Concretamente, la sesión comenzará el martes 12 a las 16:00 horas con el debate sobre la toma en consideración de la mencionada PrL presentada por el Grupo Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

• El CES entiende que la construcción tiene recorrido para su reactivación, de manera que contribuya en el futuro al crecimiento, la competitividad, la cohesión social y territorial y la calidad de vida en España. Sin la recuperación de la construcción será difícil que la economía española recupere los niveles de empleo previos a la crisis. En la actualidad la actividad de la construcción se sitúa por debajo de los niveles normales en Europa.
• El informe subraya fortalezas del sector, como la competitividad de sus empresas en el ámbito internacional, la innovación en materiales y procesos productivos o, el buen grado de formación de la mano de obra especializada o su sistema de negociación colectiva articulada.

Se están llevando a cabo los primeros reasentamientos desde Turquía y retornos desde Grecia en el contexto del Acuerdo UE -Turquía del 18 de marzo.

Con este acuerdo, los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE y Turquía acordaron poner fin a la migración irregular desde Turquía a la UE y sustituirla por canales legales de reasentamiento de refugiados en la Unión Europea. El objetivo es sustituir unos flujos migratorios desordenados, caóticos, irregulares y peligrosos por vías organizadas, seguras y legales hacia Europa para quienes tienen derecho a la protección internacional de acuerdo con la UE y el derecho internacional.

En los casos de separación legal o divorcio, se considerarán cargas familiares los hijos comunes del matrimonio cuando convivan con el solicitante o beneficiario de prestaciones, siempre que reúnan los requisitos de edad (menores de 26 años o mayores si fueran discapacitados) y de carencia de rentas propias. 

En el caso de que no convivan con el solicitante o beneficiario y exista obligación de pensión de alimentos en su favor mediante sentencia o convenio regulador, también se pueden considerar cargas familiares si cumplen dichos requisitos. La separación de hecho, cuando no se ha presentado la demanda de nulidad, separación o divorcio o no se han dictado por el Juez las medidas provisionales, no elimina las obligaciones de los cónyuges relativas al sostenimiento de las cargas del matrimonio, ni supone la disolución de la sociedad económico-conyugal.