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El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, informó hoy al Consejo de Gobierno del nuevo Plan contra la Siniestralidad Laboral, que abarca “un extenso abanico de propuestas y actuaciones que buscan la concienciación e implicación de la sociedad en la prevención de los riesgos laborales”. Se estima que la ejecución de las medidas contempladas “derivaran en una reducción de un 10 por ciento del índice de incidencia durante los próximos cinco años”, explicó el consejero.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado durante el año 2015 a un total de 6.537 empresas, de las que 1.992 han sido propuestas para sanción administrativa. Además, durante este mismo período, se han detectado 840 empresas ficticias y se han realizado 10.545 inspecciones en centros de trabajo.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han esclarecido 12.646 delitos y 4.719 faltas administrativas en relación con la Ley de Extranjería y se han identificado y liberado a un total de 525 víctimas de trata de seres humanos por explotación laboral en España. Se estima en más de 79 millones de euros el valor del fraude detectado a la Seguridad Social en España a lo largo del año 2015. Además, gracias a las informaciones recibidas desde la Consejería de Interior de la Embajada española en Pekín, se detectaron numerosas irregularidades en los procesos de regularización de ciudadanos chinos.

¿Qué tengo que hacer para solicitar mi prestación por incapacidad temporal?

El médico le ha dicho que, con su dolencia, no puede trabajar, así que le ha firmado un parte de baja. ¿Y ahora, qué? ¿Qué tengo que hacer para cobrar el subsidio por incapacidad temporal? ¿Dónde tengo que ir, qué tengo que llevar?

La incapacidad temporal es un subsidio diario pensado para cubrir la pérdida de rentas que se produce cuando el trabajador no puede trabajar porque está enfermo. El médico de cabecera nos da la baja, pero el reconocimiento del derecho al subsidio es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM) y las mutuas de trabajo y accidentes profesionales, que también son las entidades que se encargan de hacer frente al pago de la prestación.

El Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde iniciar la tramitación de la proposición de ley denominada "ley 25 de emergencia social", impulsada por diputados del grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Mixto, y dos proposiciones no de ley del PNV sobre sector siderúrgico y de Compromís, enmendada por el Grupo Socialista, sobre financiación autonómica. 

La sesión ha comenzado este martes 12, a las 16:00 horas con el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular para el impulso de la contratación indefinida, y modificación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, que ha quedado rechazada con 115 votos a favor, 163 en contra y 54 abstenciones. 

Madrid se mantiene, con un índice de 2.644, como la comunidad con un menor índice de incidencia de accidentes de trabajo (nº de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo referidos al período febrero 2015-enero 2016. Se trata de una cifra un 16,34% inferior a la media nacional, que ha registrado 3.160,07, y la menor de todas las regiones.

Además, como viene sucediendo desde 2004, Madrid presenta un índice menor a la media nacional, concretamente un 28,56% inferior en lo que respecta a los accidentes mortales, un 61,24% menos con respecto a los graves y un 15,99% sobre los leves.

El magistrado de Nules 1 amplía la instrucción de 6 a 18 meses y denuncia dilaciones en la tramitación por la falta de medios. La petición, formulada en septiembre, de un sistema de videograbación, de un programa de transcripción de declaraciones y de un escáner no ha sido aún atendida.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha declarado la complejidad de la causa que se sigue contra los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha apelado durante su intervención en los Desayunos informativos de Europa Press al consenso político y social para llevar a cabo una gran estrategia nacional dirigida a la consecución de una Justicia fuerte, solvente y eficaz, que afronte la reforma estructural pendiente como uno de los retos institucionales más decisivos que España debe resolver en este siglo.

Catalá, que considera que los españoles siempre han hecho lo mejor desde el consenso, aportando como prueba la Constitución de 1978, el ingreso en la Unión Europa en 1985, la firma del Pacto de Toledo en 1995 o el reciente acuerdo político para combatir la gran amenaza de nuestras libertades que es el terrorismo, ha planteado transitar más allá del mero pacto de Estado para conformar una verdadera estrategia dotada de mayor futuro y estabilidad.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020, impulsada por la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, que desarrolla toda una serie de acciones dirigidas a reducir la siniestralidad de las Illes Balears. Este plan de acción ha sido consensuado con los agentes económicos y sociales, y quiere incidir en los aspectos preventivos donde más accidentes se producen y donde las consecuencias son más graves. La puesta en funcionamiento de este plan se hace muy necesaria, teniendo en cuenta los altos índice de siniestralidad que sufre la Comunidad.