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El nuevo objetivo de déficit público para el Reino de España en 2016 será del 3,6% del PIB, y así lo incluirá el Gobierno en el Programa de Estabilidad que se comunicará a la Comisión Europea. Esta revisión es consecuencia lógica de la evolución de la situación económica nacional e internacional, muy diferente a la que existía en 2013 cuando se fijó la actual senda de reducción del déficit.

La evolución en la situación económica obliga a revisar y actualizar permanentemente las previsiones y las políticas de los Gobiernos. En este sentido, la situación económica nacional e internacional también ha cambiado en los últimos tres años, y eso ha llevado al Gobierno a variar la senda de consolidación fiscal en España. La determinación con que nuestro país ha afrontado la reducción del déficit público los últimos cuatro años y las reformas económicas emprendidas en este periodo han permitido iniciar un proceso de recuperación económica que han llevado a España a situarse a la cabeza de los grandes países de la Unión Europea en crecimiento económico y creación de empleo.

En marzo la cifra de trabajadores de origen extranjeros afiliados a la Seguridad Social se situó en 1.643.064. En este mes el balance ha sido del 1,88% más de ocupación entre este colectivo, el equivalente a 30.384 trabajadores.

Respecto al año pasado, el número de afiliados extranjeros aumentó un 5,10%, esto es, 79.721 personas ocupadas más que en 2015. Hay que retrotraerse a 2008 (8,48%) para encontrar una tasa anual mejor en marzo.

Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumania (298.504), Marruecos (205.113), China (92.558), Italia (75.853) y Ecuador (66.865). Les siguen los que provienen de Reino Unido (57.984), Bulgaria (53.535), Bolivia (52.907) y Colombia (50.500).

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha resaltado hoy que el esfuerzo de todos está dando resultados y ha puesto como ejemplo las actuaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social, cuyo  impacto económico global desde el año 2012 se estima en 15.371 millones de euros”.

Durante el acto de clausura de la I Jornada de Formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Servicio Jurídico de Seguridad Social, la ministra ha anunciado que las 879.270 inspecciones realizadas en materia de empleo irregular han permitido aflorar 353.300 empleos en este período.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha presidido hoy el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el que el Ministerio y las Comunidades Autónomas han acordado el reparto de más de 75 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 destinan a prestaciones sociales.

En su comparecencia al término de la reunión, el ministro ha destacado que este año el Gobierno destinará al Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia 48 millones de euros. Este fondo, creado en 2014, es una de las medidas principales del Ministerio para la lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad. Entonces se proveyó de 17 millones de euros, cuantía que ascendió a 32 millones de euros en 2015 y que sube este año en 16 millones más, hasta los 48 millones de euros.

En el primer trimestre se constituyeron en España 29.763 sociedades mercantiles, un 10,7% más que en el mismo trimestre de 2015, porcentaje superior al incremento que se produjo en el trimestre anterior, que alcanzó el 2,4%.

En los últimos 12 meses, de abril de 2015 a marzo de 2016, se constituyeron 97.863 sociedades, un 4% más  que en el mismo período acumulado del año anterior, ofreciendo un aumento en el ritmo de creación de empresas hasta superar las 97.000 operaciones anuales, aunque lejos todavía de las casi 150.000 que se registraron en máximos históricos en 2006.

Con fecha del pasado 8 de febrero la Dirección General de Tributos (DGT) ha publicado una Consulta Vinculante sobre la tributación de la indemnización por despido y la exención del art 7 e) de la LIRPF de dichas indemnizaciones. La particularidad de esta cuestión planteada radica en saber  si toda la indemnización o sólo una parte de la misma está exenta debido a  que la empresa pagó, en concepto de indemnización por despido, una cantidad calculada teniendo en cuenta la antigüedad en otro empleo, antigüedad que fue reconocida en contrato.

La Consulta hace un recordatorio jurisprudencial sobre la diferencia entre antigüedad  y años de servicio, la primera es la que pudiera asignarse al trabajador en el contrato, con el objetivo de respetar la que pudiera tener por contratos anteriores, y el tiempo de servicios es el generado por el desarrollo del mismo. No obstante existe la posibilidad de que se pacte entre empresa y trabajador que la antigüedad se computa a todos los efectos, no habiendo diferencia en este caso.¹

Visto esto, la DGT establece que, aunque se reconozca una determinada antigüedad a efectos de la indemnización por despido, la exención solo alcanzaría al número de años de servicio efectivamente prestados para el mismo empleador NO aplicándose la exención al resto de la indemnización.  Por ello el exceso estará sujeto y no exento, calificándose como rendimiento del trabajo.

La Mesa General de Negociación de Administración Pública en Extremadura ha concluido este lunes, tras las tres mesas anteriores celebradas en los ámbitos de Administración General, sanitario y educativo, con la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para el año 2016 de 1.007 plazas.

Así, la Oferta Pública de Empleo contempla 805 plazas de turno libre y 202 en promoción interna para los distintos ámbitos, categorías y sectores. Por ámbitos, Administración General recoge un total de 190 plazas, Educación 331 y Sanidad 486.

El Pleno de esta semana ha aprobado la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley, y una Proposición no de Ley sobre la lucha contra el fraude fiscal. Mañana decidirá sobre las propuestas de creación de una Comisión de Investigación sobre el voto rogado y una Subcomisión para el empleo entre los menores de 30 años. 

El Pleno ha dado luz verde a la iniciación del trámite de la proposición de ley de Ciudadanos relativa a la modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por Ley 10/2012, de 20 de noviembre, para la exención de las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,  de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.