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En el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, ya se preveía la suspensión de actividades ante el avance de la segunda ola del virus, por lo que se mantienen las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, cuya vigencia estaba previsto que finalizase el 30 de septiembre.

Entre estas medidas, se encuentran las relativas a las suspensiones y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor y causas ETOP vinculadas con la COVID-19, que quedan prorrogadas automáticamente hasta el 31 de enero de 2021.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que contiene las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para pescadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020.

Se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea (revisada) y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre de 2020.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

• Un subsidio por desempleo protegerá al personal técnico y auxiliar que haya trabajado de forma temporal y por cuenta ajena en la realización de un evento, una obra o espectáculo público
  
• Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la prestación económica extraordinaria por desempleo para artistas en espectáculos públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.

La covid-19 está provocando un incremento del teletrabajo como respuesta a las restricciones y medidas de contención de la pandemia aún vigentes. La obligación de teletrabajar trae también aparejada la necesidad de cambiar el foco de la forma de control del trabajo, especialmente por lo que respecta a la productividad y horarios de los trabajadores que prestan sus servicios desde sus domicilios.

Puede que algunos piensen que el teletrabajo es una panacea para el trabajador, ya que se pueden dedicar menos horas al trabajo de las que se dedicarían en una oficina, pero se equivocan, ya que en la mayoría de los casos el único ahorro de tiempo que se produce es el relativo al desplazamiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2020, que sumará un total de 28.055 plazas.

La OEP 2020 es similar a la de 2019, que llegó a alcanzar 33.793, pero si excluimos de esta cifra las plazas de los procesos extraordinarios (5.254 para estabilización del empleo público, que este año ya no hay que convocar, y 383 para cubrir los efectos del Brexit), sumaba 28.156, cifra aproximada a la de este año.

18.323 plazas son para la Administración del Estado, de las que 9.327 serán de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, esta última, la mayor convocatoria de promoción interna de la historia de la AGE.

• Las cuentas públicas con el mayor gasto social de la historia combaten los efectos de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, mediante el blindaje del Estado del Bienestar y la reactivación de la economía
  
• Las pensiones se revalorizan un 0,9% conforme al IPC real y permitirá a 9,76 millones de pensionistas no perder poder adquisitivo, mientras las pensiones no contributivas se elevan un 1,8%
  
• Se fortalece la sanidad pública con un aumento de recursos del 75,3% y también se destina una financiación récord a la dependencia, las becas al estudio o la lucha contra la pobreza infantil
  
• Los Presupuestos incorporan 27.000 millones de los fondos de la UE que permitirán sentar las bases de la transformación del modelo productivo que debe marcar las próximas generaciones
  
• Las cuentas recogen medidas fiscales para avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo y con más peso de la fiscalidad medioambiental