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Una due diligence laboral es una investigación o auditoría elaborada por consultores externos, que revisarán detalladamente todos los aspectos relevantes del área laboral de una empresa, para determinar si esta cumple con sus obligaciones con la «diligencia debida» y no existen riesgos laborales relevantes derivados de su actividad.

Una due diligence del área laboral, o si prescindimos del anglicismo podríamos utilizar la expresión comprobaciones debidas o auditoria,  tiene la finalidad de detectar incumplimientos legales y cuantificarlos, para así determinar los riesgos derivados de dichos incumplimientos.

• El objetivo es prevenir y reducir la tasa de paro de larga duración hasta el 4,3% en el cuarto trimestre de 2021, lo que supondría una reducción neta de 422.100 parados de larga duración

El Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha aprobado el Plan Trienal (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración. El objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída en situaciones de paro de larga duración.

Un Plan justificado por la elevada tasa de paro de larga duración, del 6,8% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 y que duplica la tasa de la Unión Europea (UE), situada en el 2,8%.

El Parlamento dio el jueves su visto bueno definitivo a las nuevas reglas sobre duración mínima de la baja de paternidad y permisos parentales no transferibles.

La normativa, que ya había sido acordada de manera informal con los ministros de la UE fija mínimos que todos los Estados miembros deberán respetar, con objeto de impulsar la presencia de mujeres en el ámbito laboral y reforzar el rol del padre, o del segundo progenitor, en la familia. Se trata de facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, adaptarse a los cambios sociales e impulsar la igualdad de género.

El texto salió adelante con 490 votos a favor, 82 en contra y 48 abstenciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado luz verde a la Orden Ministerial que garantizará el cumplimiento de la obligación empresarial de suscribir y pagar el Convenio Especial para personas trabajadoras mayores de 55 años, en el caso de despidos en las regulaciones de empleo. La Orden se publicará próximamente en el BOE.

El objetivo del texto es dar seguridad jurídica a las personas con 55 años o más afectadas por un ERE en empresas que no estén en procedimiento concursal. Las empresas son, además, las obligadas al abono de las cuotas destinadas a la financiación del Convenio, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.

Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de marzo de 2019.

• Convenios Colectivos Estatales
  
• Convenios Colectivos de Comunidades Autónomas
  
• Convenios Colectivos provinciales

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado en su reunión de hoy la convalidación de seis reales decretos-leyes sobre el Brexit, igualdad de oportunidades en el empleo; lucha contra la precariedad laboral; medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler; regulación las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria, y destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales, todos ellos aprobados en Consejo de Ministros durante las reuniones celebradas a lo largo del mes de marzo.

En primer lugar, se debatió el Real Decreto-Ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE. Dichas medidas, que han quedado convalidadas, con lo que continuarán su vigencia, se orientan a dos objetivos: preservar los intereses de los ciudadanos, españoles y británicos, que ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada y preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y los intereses económicos de España, aunque también prevé normas de cooperación policial y judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2019 que sumará un total de 33.793 plazas, 2.949 más (casi un 10%) que la oferta de 2018 y la mayor de los últimos 11 años.

Las plazas de la Oferta de Empleo Público son 28.539 más 5.254 correspondientes a estabilización de empleo temporal.

Distribución de efectivos

• Administración General del Estado: 20.781
  
• Fuerzas Armadas: 1.814
  
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 5.561
  
• Estabilización en el ámbito de Justicia: 2.237
  
• Estabilización en el ámbito de Educación: 489
  
• Estabilización en el ámbito AGE: 2.528 (en 2019 y correspondiente a PGE 2018)
  
• Previsiones del efecto del Brexit: 383 (convocadas ya en febrero)

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que avanza en la mejora del marco legal aplicable en la actividad de la estiba.

El Real Decreto-ley 8/2017 modificó profundamente el régimen de funcionamiento de la estiba, estableciendo la libertad de contratación para la prestación de este servicio, que hasta dicha fecha debía realizarse preferentemente por las Sociedades de Estiba (las denominadas SAGEP), de las que formaban parte los estibadores como trabajadores de las mismas.

Tras la experiencia acumulada en los dos años de aplicación del Real Decreto-ley 8/2017, el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con el objeto de completar y fortalecer el marco jurídico, asegurando una transición ordenada al nuevo marco de competencia.