Artículos legislación

En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, desde el 27 de marzo hasta el final del estado de alarma (prórrogas incluidas), se establece por Orden SND/293/2020, de 25 de marzo (BOE de 27 de marzo), la prohibición para los servicios de farmacia hospitalaria de dispensar medicamentos de dispensación hospitalaria para más de 2 meses de tratamiento, si bien la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá reducir este periodo a 1 mes para medicamentos cuya disponibilidad haya de garantizarse.

El vértigo con el que se suceden las disposiciones en todos los ámbitos como consecuencia del COVID-19 tiene, en el sector del transporte de mercancías –al que desde aquí rendimos un sentido homenaje– un reflejo evidente. La Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, publicada en el BOE de 27 de marzo, es la tercera que aborda la cuestión de exceptuar temporalmente a estos transportistas del cumplimento de las normas de tiempos de conducción y descanso (recuérdese que la primera resolución que recogió esta excepción fue la de 13 de marzo de 2020, dejada sin efecto por la de 16 de marzo de 2020).

El Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno (BOCM de 26 de marzo), con entrada en vigor el 27 de marzo de 2020, modifica las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de las subvenciones del Programa Impulsa para autónomos en dificultades de la Comunidad de Madrid (recogidas en el Acuerdo 23 de abril de 2019), para:

• Flexibilizar los requisitos de acceso a la condición de beneficiario en los dos supuestos iniciales previstos.

• Añadir un supuesto nuevo: la situación de crisis provocada por el COVID-19.

En el BOE de hoy de 26 de marzo de 2020, se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.

El pasado sábado, día 21 de marzo, se publicó en el BOE la Orden INT/262/2020 por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

En dicha Orden se incluyen las siguientes medidas:

La Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, (BOE de26 de marzo), con efectos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el día 14 de noviembre de 2020, pretende reducir la severidad de los trastornos que, debido a la actual situación de crisis global del coronavirus COVID-19, afectan a la realización de los entrenamientos y verificaciones periódicas exigibles a los operadores así como a aquéllos otros que realizan otros trabajos aéreos: actividades aéreas de lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aduanas, policía, guardacostas u otras similares por la no disponibilidad de un número suficiente de tripulaciones de vuelo, personal operativo y personal de apoyo a las operaciones, así como de operadores AFIS y SDP, y cualquier otra actividad aeronáutica civil, regulada por la normativa nacional y excluida del ámbito de aplicación de la normativa europea. Las actuales circunstancias les dificultan la revalidación de estos requisitos, por lo que se hace necesario establecer las correspondientes exenciones para prorrogar su uso.

La Resolución de 18 de marzo de 2020 (BOE de 26 de marzo de 2020) con vigencia durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y hasta el día 14 de noviembre de 2020, ambos incluidos, declara que:

La Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (BOE de 25 de marzo), publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el de 27 de noviembre de 2008 para flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19.