Jurisprudencia

TJUE. Indemnización de daños al empresario por retrasos en los vuelos efectuados por sus empleados.
TS. Elecciones sindicales. Cómputo de los votos emitidos en blanco.
TS. Despido improcedente. Cálculo de la indemnización de quien trabajó desde 1993 a 2013. Aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012.
TS. Despido colectivo. Meliá Hoteles. Causas organizativas. Externalización del servicio de limpieza donde el 92 % de la plantilla son mujeres. Inexistencia de discriminación indirecta por razón de sexo y de dumping social.
TS. La protección por desempleo. Beneficiario del subsidio con cargas familiares que se ausenta del territorio nacional por un tiempo inferior a 15 días sin comunicar dicha circunstancia al SPEE.
TS. Subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Falta de comunicación al SPEE de la percepción de ingresos provenientes del rescate de un plan de pensiones que provoca la superación del límite de rentas.
TS. Jubilación contributiva. Incompatibilidad con actividad habitual que genera inclusión en el RETA. Fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción de reintegro de prestaciones periódicas indebidas.
TSJ. Situaciones asimiladas al alta. Trabajadora que encontrándose en el tercer año de excedencia por guarda legal tiene un hijo, solicitando la prestación por maternidad.
TSJ. Despido objetivo. Ausencias laborales justificadas que superan los umbrales del artículo 52 d) del ET. Bajas derivadas de sometimiento a tratamientos de fertilidad y su recuperación tras estos. Desconocimiento empresarial del tal causa. Carga de la prueba.
TSJ. Acción protectora de la Seguridad Social. Prestación de maternidad solicitada por el padre (incluyendo las 6 semanas posteriores al parto), al tener reconocida la madre una situación de incapacidad permanente absoluta.
TSJ. Pensión de viudedad. Solicitante que constituyó una pareja de hecho y fue víctima de violencia de género.
TSJ. RETA. Agente comercial. Solicitud de protección por cese de actividad al no renovar la contratación un cliente que representa más del 80 % de su facturación económica.
TSJ. Sanción al INSS por mala fe y temeridad en virtud de resolución administrativa denegatoria de una situación de gran invalidez.
TSJ. Demanda. Acumulación y desacumulación de acciones y demandas. Demanda por despido suscrita por varios trabajadores. Desacumulación subjetiva y remisión de testimonio al Decanato para su reparto como nuevas demandas.

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En el BOE de hoy, día 7 de marzo, se ha publicado la Sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de febrero de 2016, PDF  sobre el recurso de inconstitucionalidad núm. 1983/2013 interpuesto por la Generalitat de Catalunya contra el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que da la razón al Gobierno de España en las medidas de mejora de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

El Tribunal Constitucional (TC) considera que el Gobierno ha aportado justificación suficiente, que permite apreciar la existencia de la situación habilitante exigida por el art. 86. 1 CE, ya que la medida adoptada guarda conexión de sentido en relación a la situación de extraordinaria y urgente necesidad, por lo que procede desestimar, en este punto, la impugnación planteada por la Generalitat de Catalunya.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión cautelar del Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, que regula el acceso universal a la atención sanitaria en dicha Comunidad Autónoma. Esta decisión implica que la norma, que quedó automáticamente suspendida como consecuencia de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, podrá aplicarse hasta que el Tribunal dicte la correspondiente sentencia.

Para determinar si debe mantener o levantar la medida cautelar de suspensión de una norma impugnada, el Tribunal sopesa, de un lado, el posible perjuicio a los intereses en juego, tanto públicos como privados; y, de otro, si esos eventuales perjuicios son de imposible o difícil reparación. Dicho análisis se realiza, en cualquier caso, sin entrar en valoraciones de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, que el Tribunal sólo puede realizar en la sentencia que resuelva el recurso.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria  ha condenado a una empresa a abonar un recargo del 40% sobre la pensión de viudedad de una mujer cuyo esposo falleció a causa de una grave enfermedad pulmonar provocada por el contacto directo con amianto, material con el que trabajó durante seis años.

El tribunal confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, que impuso el recargo al constatar que la empresa no había adoptado las medidas de seguridad vigentes cuando el trabajador tuvo contacto el amianto, en los años setenta.

Puede imponerse una obligación de residencia a los beneficiarios de protección subsidiaria si tienen que hacer frente a mayores dificultades de integración que los otros no ciudadanos de la UE que residan legalmente en el Estado miembro que les haya concedido dicha protección

Según una Directiva de la Unión¹, los Estados miembros deben permitir que las personas a las que han concedido el estatuto de beneficiarios de protección subsidiaria² circulen libremente por su territorio en las mismas condiciones que rigen para otros no ciudadanos de la UE que residan legalmente en ellos.

TJUE. Libre circulación de personas. Prestaciones en metálico no contributivas. Exclusión de los nacionales de un Estado miembro durante los tres primeros meses de residencia en el Estado miembro de acogida.
TS. Comunidad de Madrid. Trabajadores fijos discontinuos en las campañas de incendios forestales. Acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo en el que se establece, ante la ausencia de criterio convencional, que procederá en primer lugar el llamamiento para la contratación de aquellos trabajadores de anteriores campañas que hayan obtenido fallos judiciales de reconocimiento de relación indefinida (no fija) de trabajos periódicos.
TS. Uralita, S.A. Indemnización de daños y perjuicios por fallecimiento de trabajador derivado de enfermedad profesional (silicosis). Reclamación por sus herederos. Prescripción de la acción (un año). Dies a quo.
TS. Despido por causas objetivas. Trabajador con la categoría de comercial. Contenido de la carta de cese.
TS. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Dies a quo para el cómputo de la prescripción del derecho.
TS. Ejecución de sentencia. Intereses de demora en recargo de prestaciones por el periodo de tramitación de los recursos de suplicación y casación.
AN. Cierre de centros de trabajo. Posibilidad de los trabajadores de optar entre novar el contrato a contrato a domicilio y continuar la prestación de servicios mediante teletrabajo o trasladarse voluntariamente al centro de trabajo de Madrid. Efectos sobre el mandato representativo de los representantes de los trabajadores.
TSJ. Sucesión de contratas. Distribución de la jornada del trabajador en un 70 % en una contrata, la que es objeto de sucesión, y un 30 % en otra, desempeñando siempre las mismas funciones de encargado.
TSJ. Descuelgue de las previsiones relativas a la reducción de jornada contempladas en convenio colectivo.
TSJ. Accidente in itinere. Trabajadora que sufre una caída al intentar alcanzar un autobús cuando acudía al trabajo tras la realización de una prueba radiológica por motivo de enfermedad común, ocurriendo los hechos durante su jornada laboral, con autorización de la empresa.
TSJ. Accidente in itinere. Trabajador al que su empresario le propone, el día en que ocurrió el accidente, que le acompañara a un coto de caza con el fin de recoger las piezas que fueran abatiendo los partícipes en la cacería, siendo, a su vez, imprescindible ese desplazamiento para volver luego a su domicilio.
TSJ. Mejora voluntaria prevista en sucesivos convenios colectivos con diferente alcance. Entidad aseguradora responsable. Trabajador al que se le reconoce una situación de lesiones permanentes no invalidantes en virtud de un primer convenio colectivo que no da origen a ningún tipo de mejora pero que, posteriormente, accede a una situación de incapacidad permanente total, ya bajo la vigencia de un nuevo convenio colectivo, el cual sí reconoce una mejora voluntaria para esa situación.
TSJ. Reintegro de gastos médicos. Urgencia vital. Asistencia sanitaria fuera del Sistema Nacional de Salud. Reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública en el orden contencioso y de reintegro en el orden social.
TSJ. Movilidad funcional dentro del grupo profesional. Estimación en instancia de la excepción de inadecuación de procedimiento por haberse impugnado la decisión empresarial mediante el procedimiento declarativo ordinario en lugar del especial previsto en el artículo 138 de la LRJS.

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El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado dejar sin subsidio de paro a una mujer, como pretendía el INEM, por rescatar el importe de un plan de pensiones. Los magistrados advierten de que no cabe considerar renta o ingreso computable el importe total del plan de pensiones rescatado (en este caso, 16.125 euros), sino que deberá considerarse como ingreso, en su caso, la plusvalía o ganancia que ha generado dicho Plan. “Al no constar si han existido tales beneficios, plusvalías o rentas ni, en su caso, el importe de los mismos, la actora no ha cometido la infracción que el SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) le imputa, a saber, no comunicar la obtención de las rentas y percibir prestación por desempleo indebidamente”, sancionado en el artículo 25.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha incrementado la indemnización que tiene que pagar una compañía de seguros a una joven que quedó parapléjica tras sufrir un accidente de tráfico al incluir además una cantidad en concepto de ayuda a  terceras personas -293.545,03 euros-  y otra por el de daños morales a familiares -110.079,38 euros-.

La sentencia  corrige a la Audiencia Provincial de Almería, que reconoció a la víctima una indemnización de 606.035,45 euros por las secuelas sufridas pero no apreció la situación de gran invalidez al considerar que no precisaba la ayuda permanente de otra persona y que podía conseguir realizar actividades de forma independiente si el medio estaba acondicionado, como demostraba el hecho de haber obtenido el permiso de conducir de vehículos adaptados.