Legislación Estatal

La Orden SND/325/2020, de 6 de abril, publicada en el BOE de 7 de abril y con efectos ese mismo día:

• «Aclara» que, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto-Ley 10/2020, el permiso retribuido recuperable será de aplicación a las actividades de verificación y mantenimiento de seguridad industrial y metrológica, salvo cuando se trate de servicios considerados esenciales según el anexo del referido real decreto-ley.  

La Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, de aplicación desde el 7 de abril (fecha de publicación en el BOE) hasta la finalización de la declaración del periodo del estado de alarma o sus prórrogas, establece medidas excepcionales y fija el procedimiento a seguir por parte de los titulares de las tarjetas de tacógrafo, tanto de conductor como de empresa, que no puedan renovarse como consecuencia del impacto que han tenido las medidas extraordinarias en el funcionamiento ordinario de los órganos administrativos competentes para la expedición de dichas tarjetas y en la ralentización de los tiempos de su entrega a los interesados a través del servicio de Correos.

Las instrucciones contenidas en esta orden afectan a las tarjetas de conductor y de empresa que tengan fecha de caducidad entre el día 6 de marzo y los 15 días hábiles posteriores al fin del estado de alarma (incluidas sus prórrogas), ambos días inclusive, y suponen, para los conductores, que podrán seguir haciendo uso de ellas y, para las empresas, que quedan exentas de su utilización y de las obligaciones para las que su uso fuera imprescindible.

Mediante la presente Orden SND/322/2020, de 3 de abril (BOE de 4 de abril), con entrada en vigor en la fecha de su publicación, se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender a necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ante la grave crisis que nos asola la Orden adopta nuevas medidas con el fin de contribuir a la contención del COVID-19 en los centros de servicios sociales de carácter residencial.

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha regulado en su artículo 28 el derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y sean titulares de un punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual. Este artículo ha sido desarrollado por la Orden TED/320/2020, de 3 de abril (publicada en el BOE de 4 de abril y en vigor desde ese mismo día), disposición que, además, modifica el modelo de solicitud de dicho bono social, lo que obliga a los comercializadores de referencia proceder a su adaptación antes de ponerlo a disposición de los consumidores comprendidos en el ámbito de aplicación del mencionado artículo 28.

La Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tiene como fin reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por el coronavirus.

En fechas recientes esta orden ha sido objeto de interpretación (en concreto su apdo. noveno) por la Instrucción de 23 de marzo de 2020, y modificada por la Orden SND/299/2020, de 27 de marzo.

El Ministerio procede a distribuir mascarillas para los conductores en el transporte terrestre

Mediante Resolución de 2 de abril de 2020 (BOE de 3 de abril), de la Dirección General de Transporte Terrestre, se han dictado instrucciones para la entrega por el Organismo de Correos de las mascarillas a cada empresa individual.

La crisis sanitaria que estamos padeciendo como consecuencia del COVID-19 está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, así como en los mercados financieros. Las medidas adoptadas hasta el momento, siendo trasversales, y teniendo como denominador común la protección del empleo, la ayuda a los más vulnerables y el mantenimiento del tejido productivo, se amplían y complementan con las contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo–en adelante, RDL– (BOE de 1 de abril y corrección de errores BOE de 9 de abril).

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció un conjunto de actividades comerciales para las cuales se permitía su continuidad durante la duración del estado de alarma, entre las que se encontraban las relativas a los centros sanitarios. Posteriormente, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, declaró de carácter esencial, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, con independencia de su titularidad o forma de gestión, que determinara el Ministerio de Sanidad.

Con la publicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el Gobierno ha dado un paso más en su lucha por la contención de la enfermedad estableciendo una relación de actividades esenciales, tanto del sector público como del sector privado, para las que se permite continuar su actividad durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. A cuyo efecto, establece la continuidad de la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, habilitando al Ministro de Sanidad a modificar o especificar las actividades que se ven afectadas por el permiso retribuido recuperable previsto en el citado real decreto-ley.