En el BOE del 2 de abril se han publicado seis reales decretos a través de los cuales, y en los diferentes ámbitos, se aprueba la oferta de empleo público para 2019, la mayor de los últimos 11 años.
El Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo (BOE de 30 de marzo –en vigor el 31-03-2019–) procede al desarrollo normativo preciso para la aplicación efectiva en nuestro país del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016 y de la Decisión de ejecución (UE) 2017/1255 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, regulando el sistema para la admisión de organizaciones como miembros y socios de EURES y el procedimiento para ello, para supervisar sus actividades y comprobar que respetan la legislación aplicable a la hora de aplicar el mencionado reglamento y, en caso de necesidad, revocar su admisión.
Con el objeto de consolidar el marco de liberalización del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías iniciado con el Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, se publica en el BOE del 30 de marzo –y entra en vigor al día siguiente– el Real Decreto-Ley 9/2019, de 29 de marzo, (en adelante, RDL), que:
La Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (BOE de 25 de marzo), regula la creación, constitución, composición, organización y funcionamiento de la comisión paritaria para la resolución de las reclamaciones previas en materia de prestación por cese de actividad, a la que hace referencia el artículo 350.2 de la Ley General de la Seguridad Social (redactado por el RDL 28/2018), que habrá de informar con carácter vinculante las reclamaciones previas formuladas frente a las resoluciones denegatorias de las prestaciones por cese de actividad reguladas en el título V de la citada ley, dictadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
En el BOE del 21 de marzo de 2019 se ha publicado la Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social respecto de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral.
El Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo (BOE de 15 de marzo), en vigor el 16 de marzo, desarrolla el régimen jurídico de la relación laboral establecida mediante el contrato predoctoral previsto en el artículo 21 de la artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, derogando el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.
El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE de 12 de marzo), en vigor –con las particularidades que en su caso se indicarán– el día 13 de marzo, contempla:
Hace 10 años (Ley 9/2009), arrancaba «una política positiva hacia la figura del padre», en aras de incentivar la implicación de los hombres en las responsabilidades familiares, de modo que el principio de corresponsabilidad en el trabajo de cuidar auspiciado 2 años antes (Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) fuese tomado en serio. Para ello, el novedoso «permiso de paternidad» creado en esa mítica ley pasaba de 13 días a 4 semanas, solo (en exclusiva) para el padre. Sin embargo, la propia ley promotora dilataba el momento de entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2011. Una dilación que fue prorrogada, año a año, por Gobiernos de diversos colores, siempre por las mismas razones (presupuestarias), hasta que en 2017 pudo realizarse –se puede recordar aquí este atormentado proceso de «desamor» de las leyes con el permiso de paternidad–, ganando una semana más en 2018 (desde el 5 de julio de 2018), hasta alcanzar las 5.
¿Cinco semanas? ¿No se vende a bombo y platillo, política y mediáticamente, que ahora el «permiso de paternidad» se equipara al de «maternidad» (16 semanas, como regla general)? Sí, pero hoy, si bien más atenuado que hace 10 años, una cosa es el «humo político», y otra bien diferente la realidad jurídica.
