En el BOE del 15 de enero se publica el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, con entrada en vigor el 16 de enero pero con efectos económicos desde el 1 de enero de 2020.
Las medidas de Seguridad Social contenidas en el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, publicado en el BOE del 28 de diciembre de 2019, y con entrada en vigor el 29, afectan a:
La Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, publicada en el BOE del 31 de octubre, fija las bases de cotización por contingencias comunes en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón, normalizadas para cada una de las categorías y especialidades profesionales, que han de aplicarse durante el ejercicio 2019.
El Critero Técnico de la ITSS 101/2019, que puede consultarse pulsando aquí, fija los criterios para la realización de las actuaciones inspectoras que se efectúen en relación con las disposiciones relativas al registro de jornada establecidas en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, dejando sin efecto, en lo que se opongan a lo ahora fijado, la Instrucción 1/2017 complementaria de la 3/2016.
José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado
La Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo (BOE de 9 de abril), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021, del que se dio cuenta en esta página y a cuya lectura remitimos.
La Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (BOE de 9 de abril), establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.
Se fijan criterios y prioridades que orientarán tanto la organización de estas actividades como el destino de los recursos económicos, dirigiéndose preferentemente a realizar en las pequeñas empresas y en las empresas y sectores con mayor siniestralidad acciones de asesoramiento, divulgación, sensibilización e investigación, desarrollo e innovación en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En los procedimientos de despido colectivo de empresas no inmersas en procedimiento concursal en los que resulten afectados trabajadores con 55 o más años que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existe la obligación por parte de las empresas –art. 51.9 ET– de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la disposición adicional decimotercera de la Ley General de la Seguridad Social y art. 20 de la Orden TAS/2865/2003.
