Jurisprudencia

Pensión de viudedad. Supuestos de separación judicial o divorcio. Exigencia de que la persona solicitante sea acreedora de pensión compensatoria. Víctima de violencia de género. Sentencia penal absolutoria del causante. Solicitante de pensión que interpuso denuncia por amenazas después de la separación y antes del divorcio.

La sentencia de instancia considera insuficiente la prueba aportada por la demandante para acreditar su condición de víctima de violencia de género en el momento de la separación, razonando que la declaración testifical de sus dos hijas y la de una vecina del matrimonio, por lo inespecíficas, "no producen la convicción de esta proveyente acerca de la existencia de violencia de género durante el matrimonio"

Impugnación de convenio colectivo de empresa. Solicitud de nulidad parcial de la regulación del incentivo de mejora al ser discriminatoria por enfermedad, por razón de sexo y por asociación por razón de enfermedad. Complemento salarial creado con el fin aumentar la productividad, mejorar la calidad y combatir el absentismo que se abona a cada trabajador en función del número de horas de ausencia mensual (sin computar vacaciones, diferencias horarias ni licencias sindicales).

En el caso analizado, se abona el 100% de la cuantía correspondiente al centro de trabajo a los trabajadores que han tenido menos de 8 horas de ausencia en el mes. El porcentaje va disminuyendo progresivamente en función del número de horas de ausencia. Si ha habido 24 o más horas de ausencia en el mes, el trabajador no cobra este plus (el 0% de la cuantía que corresponda al centro de trabajo).

Despido improcedente. Trabajador designado para ocuparse de la actividad preventiva de la empresa. Derecho de opción entre readmisión o indemnización otorgado a los representantes legales de los trabajadores.

No se pueden vincular las garantías que ostentan los trabajadores designados por el empresario para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa a que, en caso de despido disciplinario, este lo sea en relación con la actividad desplegada. Una cosa es que el trabajador que ostenta dicha función no pueda ser despedido por razones vinculadas a la misma y otra distinta es que, siendo objeto del despido del artículo 54 del ET, de ser este calificado como improcedente, proceda la aplicación del mandato del artículo 56.4 del ET.

• TS. Las reclamaciones internas en el seno de la empresa también activan la garantía de indemnidad
• TS. Funcionarios en situación de IT: no pueden reclamar con carácter retroactivo los atrasos del trienio ganado en dicha situación
• TS. El Tribunal Supremo reitera que el indefinido no fijo que ve extinguido su contrato por cobertura reglamentaria de la plaza y es contratado sin solución de continuidad tiene acción para reclamar la indemnización de 20 días por año trabajado
• TS. Los bomberos tienen derecho a acceder a la jubilación anticipada aunque no se encuentren en situación de alta en la fecha del hecho causante
• AN. Sector de la Banca: la empresa no está obligada a poner a disposición de la RLT el registro horario de modo que sea accesible en cualquier momento y de manera inmediata
• TSJ. El ejercicio de la dirección y el control de la actividad funcional de los trabajadores es el criterio que distingue un arrendamiento de servicios de una cesión –lícita o ilícita–  
• TSJ. Permiso por nacimiento y cuidado de menor. Familias monoparentales. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el TSJ de Murcia amplía su duración a 32 semanas
• TSJ. La actividad de conserjería a través de contratas es constitutiva de una puesta a disposición, con lo que ello implica a efectos de garantías de condiciones de trabajo y empleo  
• TSJ. Prestación por desempleo. Extinción de la relación laboral de penados en instituciones penitenciarias. El acceso al tercer grado es situación legal de desempleo equivalente al cumplimiento de condena o libertad condicional
• TSJ. Medios de prueba. Aportación documental. Limitar su admisión a los que sean de fecha comprendida en el periodo de conservación exigido según la legislación mercantil atenta contra el derecho de defensa  
• TSJ. En los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, incluyendo los de carácter colectivo, no es preceptiva la celebración del acto de conciliación
• JS. Empleados públicos: cabe exigir el abono del permiso parental ante la aplicabilidad directa de la Directiva 2019/1158

Consulte aquí en formato PDF

Diferencias salariales. Convenio colectivo aplicable: empleados de fincas urbanas o empresas de servicios auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de instalaciones. Directiva 2008/104/CE. Trabajador que desempeña su actividad como conserje en comunidades de propietarios a través de una empresa multiservicios.

En un caso estamos ante porteros y conserjes contratados directamente por la propiedad y en otro caso estamos ante los porteros y conserjes contratados mediante la intermediación de una empresa auxiliar de servicios, sin que exista otra diferencia entre el ámbito funcional (aparte de la diferencia de ámbito geográfico, uno de Comunidad Autónoma y otros estatales) que la existencia de un intermediario (contrata) que opera como empleador de los trabajadores, en lugar de ser contratados por el titular del inmueble donde prestan sus servicios, tratándose por lo demás de la misma actividad.

Hospital de Fuenlabrada. Trabajadora indefinida no fija que después ver extinguido su contrato por cobertura reglamentaria de la plaza es contratada sin solución de continuidad a través de la modalidad de interinidad por vacante, en virtud de una oferta pública de empleo distinta. Acción para reclamar la indemnización derivada de la extinción de su relación como indefinida no fija.

La extinción de la relación laboral indefinida no fija por la cobertura reglamentaria de la plaza conlleva el abono de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el límite máximo de 12 mensualidades, considerando al efecto que la suscripción de un contrato temporal ulterior supone una nueva relación laboral entre las partes. Es decir, el hecho de que posteriormente al cese se suscribiera un nuevo contrato temporal con el mismo empleador no deja sin efecto la citada extinción contractual, de manera que el trabajador goza de acción para combatir dicho cese y postular los efectos que a este último deben anudarse. Debe dejarse sin efecto la falta de acción acordada en suplicación. (Vid. STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 14 de junio de 2023, rec. núm. 247/2023, casada y anulada por esta sentencia).

(STS, Sala de lo Social, de 11 de diciembre de 2024, rec. núm. 4039/2023)

Tutela judicial efectiva. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. Inadmisión de prueba. Nulidad de actuaciones. Pensión de jubilación. Infracotización. Alegación de encuadramiento incorrecto en el Régimen General, habiendo debido estar en el Régimen Especial de Minería del Carbón, con bases normalizadas superiores. Solicitud de aportación de documentación (contratos de trabajo, nóminas y contratos de obra) de hace más de veinte años, que las empresas no tienen obligación de conservar.

Son los Jueces y Tribunales los que han de valorar la pertinencia de las pruebas propuestas, pero en ese cometido no pueden sacrificar su realización a otros intereses que, aun estando también protegidos por el ordenamiento, sean de rango inferior al derecho consagrado en el citado precepto constitucional, como ocurre con el principio de economía procesal o con la celeridad y eficacia que debe presidir la actuación de la Administración de Justicia.

Conflicto colectivo. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Empresa que de forma unilateral reduce el tiempo de descanso de 25 minutos a 15. Determinación de si es preceptiva la celebración del acto de conciliación.

Existe cuanto menos una aparente contradicción entre los artículos 64 y 156.1 de la LRJS, pues mientras que el primero de ellos dispone que están exentos del requisito del intento de conciliación los procesos relativos a movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el artículo 156.1 de la LRJS exige como requisito para la tramitación del proceso de conflicto colectivo el intento de conciliación o de mediación en los términos previstos en el artículo 63, y entre los procesos que se tramitarán por el procedimiento de conflicto colectivo se encuentran los que afecten a decisiones empresariales de carácter colectivo, incluidas las que regulan el apartado 2 del artículo 40 y en el apartado 2 del artículo 41 del ET (art. 153.1 LRJS).