Legislación Estatal

En el BOE del 26 de febrero (c/e BOE de 11 de abril) y con efectos desde el 1 de enero de 2025, se publica la Orden PJC/178/2025, de 25 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025.

Una vez aprobados el Real Decreto-Ley 1/2025, que determina, con carácter transitorio, las disposiciones precisas que permiten articular esta orden en tanto se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025, y el Real Decreto 87/2025, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025, las principales novedades contenidas en esta orden son las siguientes:

El Real Decreto 100/2025, de 18 de febrero (publicado en el BOE de 19 de febrero y en vigor el 20 de febrero), desarrolla la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y establece el marco normativo para la evaluación de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, introduciendo, entre otras, las siguientes novedades:

Publicada en el Boletín Oficial del Estado del 18 de febrero, la Resolución de 17 de enero de 2025, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), donde se contiene el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2016.

El Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero (BOE de 12 de febrero), por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, establece las cuantías que deberán regir entre el entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, procediendo su abono, en consecuencia, con efectos del 1 de enero de 2025.

En el BOE del 31 de enero se publica la Orden ISM/87/2025, de 20 de enero, por la que se establecen para el año 2025 las bases de cotización a la Seguridad Social de las personas trabajadoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

Después de haber decaído el Real Decreto-ley 9/2024 como consecuencia de su no convalidación, en el BOE del 29 de enero se publica el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero (en adelante, RDL), por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Este nuevo real decreto-ley, en vigor el 30 de enero de 2025 y con efectos económicos respecto a revalorización y cotización desde el 1 de enero de 2025, en línea con el anterior y con el mismo propósito, introduce las siguientes medidas en materia de Seguridad Social y Empleo:

• MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

• MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO

En el BOE del 23 de enero se publican dos Resoluciones del Congreso de los Diputados, de fecha 22 de enero, ordenando la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 9/2024 (revalorización de pensiones) y del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2024 (compatibilidad jubilación-trabajo).

El Real Decreto 35/2025, de 21 de enero, con entrada en vigor el día 22 de enero, fecha de su publicación en el BOE, y efectos económicos desde el día 1 de enero de 2025, regula la limitación de la cuantía inicial de las pensiones públicas y la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2025.

A través de esta norma se desarrollan reglamentariamente las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, destacándose los siguientes aspectos:

• Establece el límite de la cuantía inicial de las pensiones públicas: El importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social no podrá superar los 3.267,60 euros mensuales o 45.746,40 euros anuales.
• Introduce una revalorización de las pensiones: Las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado se revalorizarán en un 2,8% para 2025.
• Fija reglas específicas para el reconocimiento de complementos por mínimos en pensiones contributivas y de Clases Pasivas, teniendo en cuenta los ingresos del beneficiario. Los beneficiarios deben cumplir requisitos de residencia en territorio español para acceder a estos complementos.
• Prestaciones familiares y ayudas sociales: Se fijan las cuantías, entre otras, de las prestaciones familiares, como la asignación por hijo a cargo, así como ayudas económicas para personas con discapacidad.