Artículos legislación

La Resolución de 26 de febrero de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (BOE de 27 de febrero), complementa los criterios recogidos en la de fecha 7 de febrero, para abordar los supuestos en los que se ha producido un cambio en el centro pagador del personal como consecuencia de las modificaciones de estructura organizativa de los departamentos ministeriales.
Establece que el pago de los atrasos correspondientes al incremento retributivo complementario del 0,5% vinculado al PIB nominal serán abonados por el Departamento ministerial en el que se prestaba servicios hasta la reorganización ministerial, con cargo al presupuesto del Departamento en el que se prestan servicios tras la citada reestructuración.

La Orden INT/169/2024, de 26 de febrero, con entrada en vigor y efectos desde el 27 de febrero, fecha en que se publica en el BOE, prorroga hasta el 4 de marzo de 2025 la validez de las Tarjetas de Identidad de Extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania beneficiarias de protección temporal en España.

No será necesaria la obtención de una nueva Tarjeta de Identidad de Extranjero a efectos de cumplir con las obligaciones dispuestas del artículo 210 del Reglamento de extranjería.

El 17 de febrero entró en vigor la reforma del artículo 49 de la Constitución española (BOE de 17 de febrero), actualizando su lenguaje y contenido para reflejar los valores que inspiran la protección de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero (BOE de 7 de febrero), por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, establece las cuantías que deberán regir entre el entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, procediendo su abono, en consecuencia, con efectos del 1 de enero de 2024.

Las nuevas cuantías, que representan un incremento del 5% respecto de las previstas en el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fijó el SMI para 2023, y cuyos efectos fueron prorrogados mediante el artículo 84 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, quedan fijadas en:

En el BOE del 30 de enero y con efectos desde el día 1 de enero de 2024, se publica la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024.

El contenido de esta orden debe analizarse teniendo en cuenta la situación de prórroga presupuestaria automática, por lo que sigue siendo aplicable el artículo 122 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y el desarrollo de este llevado a cabo por la Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, de cotización para 2023.

No obstante lo anterior, la orden parte de y recoge las medidas transitorias que con incidencia en la cotización y hasta la aprobación de la LPGE de este ejercicio se contienen en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre (art. 84 –prórroga del SMI 2023– disp. trans. octava –medidas transitorias para el Sistema Especial para Empleados de Hogar– y disp. trans. novena –ajustes automáticos en bases mínimas, máximas y tope máximo de cotización–). También es relevante la introducción de una cotización de 0,70 puntos porcentuales para el mecanismo de equidad intergeneracional, además de la regulación de aspectos relacionados con prácticas formativas y académicas, tanto remuneradas como no remuneradas (vid. art. 45).  

En el BOE del 23 de enero se publica la Orden ISM/29/2024, de 22 de enero, por la que se establecen para el año 2024 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

El Real Decreto 1133/2023, de 19 de diciembre (BOE de 8 de enero), establece reglas y términos para el cómputo de periodos trabajados en organizaciones internacionales intergubernamentalesa efectos de reconocer y calcular pensiones contributivas del sistema español de la Seguridad Social derivadas de contingencias comunes.

Se aplica a pensiones con hecho causante a partir del 4 de julio de 2013.

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén

1. ¿Demasiado boato preambular, para tan poca reforma normativa?

En la nueva secuencia de «leyes» de urgencia «ómnibus» (para todo tema regulable) y «escoba» (barre para el BOE todo lo que debería haber sido ya publicado, pero no se ha hecho) que el nuevo Gobierno nos regaló para saludar el tiempo navideño, hallamos el Real Decreto-Ley (RDL) 7/2023, de 19 de diciembre (estuvo precedido por el RDL 6/2023, de 19 de diciembre, aprovechado para dar vida a buena parte de las reformas en los servicios públicos, incluido muy especialmente el de Administración de Justicia, que se frustraron tras disolverse las Cortes antes del 23-J, y seguido por el RDL 8/2023, de 27 de diciembre). Aunque lo más relevante del mismo reside en una reforma, también a medio gas, de la rama asistencial de desempleo (un análisis de los puntos cruciales de este aspecto de la reforma puede verse en el editorial de la profesora Margarita Miñarro, en primer número de 2024 de la RTSS.CEF), este RDL también generaba, ya desde el título, la expectativa de llevar a cabo, entre otras reformas laborales y de Seguridad Social, las debidas para «completar la transposición» de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.