Jurisprudencia

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a una industrial, administrador de la mercantil Industrias López Soriano S.A.(ILSSA) y de Valorfrío S. L., y al jefe de planta de la empresa de reciclaje de frigoríficos “Valorfrio S.L.U.” a dos años y un año de prisión respectivamente por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La sentencia dictada por la sección VI de la Audiencia considera probado que durante los años de 2007 a 2010 en la planta de reciclado entraron un total de 455.150,235 frigoríficos (de los que se debieron haber extraído 112.877,262 kilogramos de gases CFC) pero de ellos solo se extrajeron correctamente 58.340 kgs. de CFCs, por lo que lo emitido a la atmósfera asciende a 54.537,262 kilos de CFCs, cantidad equivalente a 174.511.954 kilos. de CO2. Gases, que según anotan los magistrados en su resolución. “Los CFCs destruyen la capa de ozono; el R11 tiene una vida media de 50 años, el R12 de 102 años y el R134a de 15 años”.

Sentencia de 11 de noviembre de 2015 (Asunto C-422/14, Pujante Rivera)

Efectivamente, como ya sucedió con ocasión de la sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015 (Asunto C-392/13, Rabal Cañas), donde quedó patente la disfunción del artículo 51.1 ET en la trasposición de la Directiva 98/59, y así lo hicimos constar en el comentario a la misma que incluimos en esta página, ahora nuevamente dicta el TJUE una resolución que, de forma directa, deja patente un error en la concepción interna de la norma española respecto de la voluntad del legislador comunitario.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a la empresa Construcciones de las Conducciones del Sur (Cotronic) por comunicar la causa del despido de un trabajador a Telefónica para incluirlo en una "lista negra", lo que le dificultó la búsqueda de un nuevo empleo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, considera que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la protección de datos de carácter personal del trabajador despedido.

El Pleno de la Sala IV ha otorgado una pensión a favor de familiares a una persona a quien la Seguridad Social se la había denegado pese a los criterios que recogía en la información sobre prestaciones de su propia página web.

La Sala señala que ese dato no es decisivo, aunque destaca en su sentencia que la conclusión alcanzada coincide con lo defendido por la Seguridad Social en su portal informático (aunque no obviamente en su resolución denegatoria).

• Comunicado de prensa
• STS de 15/10/2015

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

TJUE. Vacaciones anuales retribuidas. Trabajadores a tiempo parcial. Incremento de jornada.
TJUE. Despido colectivo. Concepto de trabajadores habitualmente empleados. Concepto de despido y de extinciones del contrato de trabajo asimiladas al despido. Método de cálculo del número de trabajadores despedidos.
TS. Interpretación de convenios colectivos de ámbito sectorial. Construcción. Indemnización por fin de contrato de obra. Responsabilidad del FOGASA.
TS. Air Nostrum. Solicitud de nulidad de la decisión de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) relativa a la inaplicación de condiciones del convenio colectivo entre la empresa y sus trabajadores pilotos. Alegada vulneración del deber de buena fe de la empresa durante el periodo de consultas concluido sin acuerdo, al estimarse que la propuesta empresarial considerada por la CCNCC no quedó identificada hasta el momento de la solicitud ante dicho órgano.
TS. Extinción de la relación laboral por incumplimiento del empresario. Responsabilidad del FOGASA en el pago de los salarios debidos por la empresa (reconocidos en acto de conciliación) cuando esta se encuentra en concurso.
TS. Accidente de trabajo en misión. Contagio de enfermedad en país extranjero.
TS. RETA. Incapacidad permanente total. Determinación de la fecha de efectos económicos cuando la declaración de incapacidad se hace por sentencia, dictada en proceso promovido por la trabajadora al efecto, habiéndose dictado previamente resolución administrativa declarando que no se encuentra afecta de invalidez permanente en ningún grado, permaneciendo la demandante de alta en el RETA, sin que conste acreditado la realización de trabajo efectivo.
TSJ. Sucesión de contratas. Subrogación convencional. Nueva contrata que ve reducida la jornada de los trabajadores adscritos en un 50 % por imponerlo así el pliego de condiciones.
TSJ. Licencias retribuidas. Fallecimiento o enfermedad grave de familiares. Concesión de permisos en relación con parientes por afinidad, sin mención expresa en el convenio colectivo de empresa.
TSJ. Baja voluntaria. Comunicación por mensajería on line (Whatsapp).
TSJ. Despido colectivo. Retractación empresarial de la decisión extintiva por haber sido declarado el trabajador en situación de incapacidad permanente total después de haberle comunicado su cese y abonado la indemnización y antes de la fecha de efectos del despido.
TSJ. Accidente de trabajo in itinere. Trabajador que tras volver del trabajo es objeto de robo con violencia cuando se disponía a entrar en la puerta de acceso al patio que hay que cruzar para acceder a su vivienda.
TSJ. Jubilación. Trabajador que tras ser despedido en virtud de ERE, permanece un tiempo de alta en el RETA, régimen del que se da de baja por causas económicas, solicitando con posterioridad prestación por jubilación anticipada.
TSJ. La protección por desempleo. Modalidad de pago único. Trabajadora que tras ver extinguido válidamente su contrato temporal por obra solicita el pago único de la prestación por desempleo, para al día siguiente integrarse como socia trabajadora en la misma empresa cooperativa. Inexistencia de fraude.
TSJ. Reclamación, en proceso separado, de indemnización por daños morales ocasionados por un despido lesivo de derechos fundamentales, planteada tras la sentencia que declaró su nulidad.
TSJ. Poder disciplinario del empresario. Imposición de sanción por falta muy grave. Apreciación por el juez de instancia que la falta cometida por el trabajador no estaba adecuadamente calificada, por lo que procede a la revocación total de la sanción, entendiendo la empresa que la LRJS impone, en ese caso, la revocación parcial con autorización a la empresa para la imposición de una sanción correspondiente a falta grave.

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La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia   ha desestimado un recurso de suplicación contra una sentencia del juzgado de lo Social 2 de Cartagena que declaró procedente el despido de un trabajador de empresas dedicadas a la cosecha y producción de tomate por rellenar los partes de trabajo de otro, simulando su presencia, y firmando por él, “cuando quién trabajaba era una persona  ajena a la empresa”.

Considerar que la falta de aceptación del trabajador de una reducción salarial del 25 % no está incluida en el concepto de despido privaría a la Directiva de su eficacia plena, menoscabando la protección de los trabajadores

Con objeto de determinar si existe un despido colectivo, una Directiva de la Unión¹ establece que, a efectos del cálculo del número de despidos, se asimilarán a éstos las extinciones de contrato de trabajo producidas por iniciativa del empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos cinco.

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