Jurisprudencia

(Con ocasión de la STS, Sala 3ª, de 21 de julio de 2015, rec. núm. 3561/2013)

José Antonio Panizo Robles
Administrador Civil del Estado

1. SÍNTESIS DEL FALLO DE LA STS DE 21 DE JULIO DE 2015

El supuesto que enjuicia el Tribunal Supremo (TS), en su Sentencia de 21 de julio de 2015 (rec. núm. 3561/2013), se corresponde con un caso de sucesión de empresas, en la que a la empresa sucesora la Administración de la Seguridad Social deriva la responsabilidad solidaria por deudas por cotizaciones sociales contraídas por la empresa sucedida, a pesar de que se contaba con un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), expedido conforme a las previsiones del artículo 127.2 de la Ley General de la Seguridad Social¹ (LGSS) en la que se declaraba que esta última empresa (la sucedida) no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Los  extranjeros  que  llegan  a  Alemania  para  obtener  una  ayuda  social  o  cuyo  derecho  de residencia  sólo  se  justifica  por  estar  buscando  trabajo  están  excluidos  de  las  prestaciones  del seguro básico alemán («Grundsicherung»).  En la sentencia Dano  el Tribunal de Justicia declaró recientemente que esa exclusión es legítima  respecto de  los nacionales de un Estado miembro que llegan al territorio de otro Estado miembro sin voluntad de encontrar empleo en él.

Una  Directiva  de  la  Unión   define  el  tiempo  de  trabajo  como  todo  período  durante  el  cual  el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de  sus  funciones,  de  conformidad  con  las  legislaciones  y/o  prácticas  nacionales.  Se  considera período de descanso todo período que no sea tiempo de trabajo.

Las sociedades Tyco Integrated Security y Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios (en lo sucesivo, «Tyco») desarrollan una actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad antirrobo en la mayoría de las provincias españolas. En 2011, Tyco cerró sus oficinas provinciales  y  adscribió  orgánicamente  a  todos  sus  trabajadores  a  las  oficinas  centrales  de Madrid.

TJUE. Despidos colectivos. Concepto de trabajador. Administradores societarios y personas que realizan trabajos en prácticas en la empresa.
TJUE. Permiso parental. Discriminación directa por razón de sexo.
TS. Despido colectivo. Trabajadores que llegan a un acuerdo con la empresa por la que esta se compromete a abonar una indemnización de 30 días por año de servicio en un plazo máximo de 18 mensualidades. Abono únicamente de los 6 primeros pagos acordados, siendo declarada la empresa insolvente.
TS. Extinción de la relación laboral. Trabajador que antes de dictarse sentencia en la que se estableció la nulidad del despido, es declarado en situación de incapacidad permanente total, deviniendo imposible la readmisión.
TS. Despido colectivo. Cálculo de la indemnización. Determinación de la retribución que corresponde a un trabajador desplazado a Venezuela en noviembre de 2011 (con pacto de permanencia de 24 meses), con remuneración específica, que tras la repatriación un año después es despedido por causas económicas, organizativas o de producción.
TS. Despido improcedente. Abono por la empresa al trabajador de una contraprestación económica (además de la correspondiente indemnización) en concepto de pacto de no competencia, en bruto, atribuyéndole el beneficio fiscal de renta irregular en certificación del IRPF.
TS. Accidente de trabajo in itinere. Accidente de moto que acontece un viernes por la tarde después de que el trabajador recibiera de su médico de cabecera parte de alta médica.
TS. Incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo. Trabajador por cuenta ajena que sufre un accidente de tráfico sin encontrarse dado de alta por la empresa en la Seguridad Social, cuestionándose la calificación del mismo como laboral. Solicitud del subsidio 9 años después. Aplicación del plazo de prescripción de 5 años y de la retroactividad del reconocimiento ex artículo 43 de la LGSS.
TS. Prescripción y caducidad de derechos y acciones. Extinción del contrato. Incidencia de la interposición de la papeleta de conciliación. Aplicación del artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TS. Procedimiento laboral. Resolución del INSS por la que se declara la responsabilidad de una mutua respecto de prestaciones derivadas de enfermedad profesional.
TS. Recurso de casación para la unificación de doctrina. Idoneidad como sentencia de contraste de una dictada por un TSJ como tribunal de instancia.
TSJ. Salario. Imposibilidad de prestación del trabajo.
TSJ. La protección por desempleo. Pago único. Denegación de la percepción de la prestación solicitada por abogado al destinar el importe de la misma al abono de las cuotas de Seguridad Social a través de la Mutua de Previsión Social en lugar de afiliarse al RETA.
TSJ. Pensión de orfandad. Huérfanos mayores de 18 años incapacitados. Necesidad de mantener, en todo momento, una interpretación tuitiva y finalista en materia de prestaciones de Seguridad Social.

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El Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de trabajo temporal (ETT) por no adoptar las medidas necesarias para impedir el accidente de una trabajadora. Tendrá que pagar a la mujer, de forma solidaria con la empresa en la que trabajaba, una indemnización de 184.021 euros, más los intereses desde la fecha de presentación de la demanda, de los que la aseguradora abonará 90.000 euros.

La mujer firmó tres contratos con la ETT para trabajar como manipuladora en una empresa que fabrica

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso  interpuesto por el abogado de la CAM y mantiene el segundo pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de diciembre de 2013, que obliga a llamar a  los trabajadores inscritos en las bolsas de trabajo vigentes en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid “por riguroso orden de puntuación y en consecuencia se proceda a formalizar contrataciones temporales en función de dicho orden de prelación”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por Liberbank y el Banco de Castilla la Mancha contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el acuerdo alcanzado por la empresa y los sindicatos CCOO y UGT, el 25 de junio de 2013, sobre medidas de flexibilidad interna y obligó a reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a su aplicación.

La Sala concluye en su sentencia que la regla general es la jubilación a los 65 años y la excepción, la prolongación en el servicio hasta los 70 años. Dicha prolongación en el servicio se produce por razones de interés general y en función de las necesidades de la organización articuladas en un plan de ordenación de recursos humanos siendo necesaria la autorización por el servicio de salud correspondiente.