RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

El presente trabajo pretende exponer algunas de las cuestiones interpretativas que plantea la definición legal del despido colectivo cuando se refiere al cómputo de las extinciones de contratos de trabajo producidas en un periodo de 90 días y dar cuenta de cuál ha sido la respuesta jurisprudencial a las mismas.

Palabras clave: despido colectivo; otras extinciones contractuales; significado legal; personas trabajadoras computables; ámbito espacial; ámbito temporal.

España va a ratificar la Carta Social Europea revisada. La consecuencia debe ser un reforzamiento de la protección frente al despido arbitrario o sin causa real en virtud de su artículo 24. Un plus de protección que debe producirse tanto para los despidos vinculados a la pandemia de COVID-19 como a los despidos sin causa real en situaciones de la «vieja normalidad». Antes de este cambio legal, una parte de la doctrina judicial, con el argumento de realizar un juicio de conformidad de las leyes españolas a las normas internacionales, al artículo 24 de la Carta Social Europea revisada y al Convenio 158 de la OIT, se ha rebelado en contra de la jurisprudencia, ordinaria y constitucional, que venía considerando que el derecho español sobre despido injustificado sí es conforme al derecho internacional. El resultado es una extremada disparidad de criterios interpretativos, que están provocando una gran –a veces innecesaria– inseguridad jurídica. El autor de este análisis expone las principales decisiones judiciales de forma crítica y propone alternativas que, a su juicio, son más racionales jurídicamente y más ecuánimes socioeconómicamente.

Palabras clave: despido sin causa; COVID-19; Carta Social Europea revisada; Convenio 158 OIT.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho del personal docente investigador no permanente, sea a tiempo completo o a tiempo parcial (periodos equivalentes), a someter la actividad docente realizada cada 5 años (los llamados quinquenios) a una evaluación ante su universidad empleadora. Consecuentemente, de superar favorablemente la misma, debe tener derecho a adquirir y consolidar, por cada una de ellas, el complemento por méritos docentes, en cuantía anual según la figura docente e investigadora de que se trate, en los mismos términos que el personal docente e investigador laboral permanente.

Palabras clave: personal docente investigador temporal; igualdad de trato; quinquenios docentes; universidades.

Ante un supuesto de una nueva empresa adjudicataria de un servicio de transporte de autobuses en zonas rurales que no adquiere la flota de vehículos de su predecesora por no cumplir las exigencias medioambientales del pliego de condiciones, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2020 introduce un cambio de criterio en su doctrina Liikenne, aunque no reconocido.

Palabras clave: permiso de maternidad; igualdad de género; protección de la infancia; familias monoparentales; conciliación de la vida laboral y familiar.

España llevaba sin unos nuevos presupuestos generales del Estado desde 2018. La difícil aritmética parlamentaria obligó a dos prórrogas de los precedentes que, sin embargo, respondían a un tiempo presidido por la austeridad (aunque parcialmente corregida por el propio cambio de coyuntura económica y por la necesidad de conciliar intereses políticos diversos y razones de índole electoral del tiempo). Los nuevos presupuestos generales del Estado para 2021 se presentan como los más expansivos socialmente de nuestra historia. Aumentan todas las partidas para las políticas de mercado de trabajo y de protección social. Ahora bien, si pasamos de las cifras macroeconómicas a la letra concreta de las reformas legales que impulsan en las relaciones de trabajo y de protección social la ambición político-social cae notablemente.
Además de que nacen en un escenario de tensión intensa ante la expectativa de congelación del salario mínimo interprofesional, dejan aplazados para el futuro los cambios sociolaborales más relevantes que preconizan y que se necesitan, incluso respecto del ingreso mínimo vital (se aportan 3.000 millones de € para financiarlo, pero no se incluyen las reformas necesarias para hacerlo realmente útil –alguna mejora de gestión incluye el RDL 35/2020, de 22 de diciembre–). Por eso, la valoración global, hecha atendiendo a la letra pequeña legal, es menos optimista. El artículo da cuenta detallada de las reformas legales, en el ámbito laboral y de seguridad social, que contempla la Ley de presupuestos generales del Estado para 2021, las que incluye y las que demora.

Palabras clave: presupuestos generales del Estado; formación dual universitaria; planes de pensiones; Fondo de Garantía Salarial; permisos para la conciliación de la vida laboral y familiar.

La COVID-19 ha provocado una pandemia mundial que, además del impacto sanitario, ha menoscabado sustancialmente la situación social y económica. La repercusión en España no ha sido en modo alguno menor, como demuestra el recurso del Gobierno a un mecanismo previsto en la Constitución ante situaciones de emergencia, el estado de alarma, que confiere al Ejecutivo poderes extraordinarios dirigidos en este caso a evitar la propagación de la enfermedad. En uso de esas facultades se han introducido instrumentos para proteger el empleo en un contexto con riesgo real de destrucción de puestos de trabajo. Las dos principales medidas son la denominada «prohibición de despedir» por causa COVID y el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses tras un expediente de regulación de empleo COVID, cuya formulación legal resulta aparentemente clara, pero un análisis detenido pone de manifiesto que su contenido y alcance no se encuentran completamente perfilados y son susceptibles de provocar conflictos, no solo durante su vigencia efectiva, sino también tras su finalización. El presente estudio analiza en profundidad ambas restricciones a las facultades empresariales, ofrece pautas para determinar qué extinciones contractuales pueden resultar lícitas bajo la vigencia de esas reglas e identifica las consecuencias de su vulneración.

Palabras clave: COVID-19; ERTE; fuerza mayor; despido; cláusula de salvaguarda.

Este trabajo se enmarca en el contexto todavía incierto del instituto de la caducidad de los procedimientos administrativos incoados de oficio en el ámbito laboral. Se incide en que es necesario impulsar una estructura normativa más precisa sobre la singularísima potestad de la Administración de excepcionar la caducidad con afectación al interés general. También se examina si la caducidad comporta un vicio de nulidad de pleno derecho o de mera anulabilidad y en qué medida se le veta a la Administración la potestad de revocar sus propios actos desfavorables. Finalmente se trata de determinar si es necesaria o no la declaración expresa de la caducidad –una vez transcurrido el plazo máximo para resolver–, para que el procedimiento incoado se entienda como finalizado y fenecido y sin opciones de dictar resolución extemporánea sobre el fondo de la cuestión suscitada.

Palabras clave: caducidad; revocación; reintegro; prestación; desempleo.

El presente caso analiza y desarrolla la fundamentación jurídica del supuesto práctico materia del tercer ejercicio en la convocatoria correspondiente al año 2018 –Resolución de 15 de abril de 2019 (BOE de 26 de abril)–, para el acceso al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (turno libre), que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2020 en el Centro de Formación de la Seguridad Social en Madrid.

Palabras clave: autónomos y autónomas; cotización; recaudación; prestaciones por desempleo, orfandad, riesgo durante el embarazo y nacimiento y cuidado del menor; jubilación; mutuas colaboradoras.