Jurisprudencia

La Sala Social establece que la conducta de la empresa fue ilegal porque no informó a los trabajadores que las grabaciones podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias.

Una cajera de supermercado fue despedida imputándole haber evitado el escaneo de diversos productos en beneficio de la persona que había realizado la compra correspondiente al ticket expedido en su momento sin incluir dichas compras.

El artículo 37.3 b) del RDLeg 1/1995 (TRET) establece la posibilidad de ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, durante dos días, en caso de accidente o enfermedad grave de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta fórmula es utilizada en términos similares por el Estatuto Básico del Empleado Público¹ y por la mayoría de convenios colectivos sin otra consideración. El problema surge cuando se trata de determinar qué se entiende por enfermedad grave, ya que ni uno ni otros (salvo alguna excepción²) arrojan luz al respecto.

Conviene recordar, antes de entrar en materia, que la enfermedad grave y la hospitalización (derivada o no de intervención quirúrgica) son dos supuestos distintos y separados, siendo perfectamente defendible que el convenio colectivo de aplicación mejore el régimen jurídico de uno y no del otro³.

• TJUE. Vacaciones anuales retribuidas. Abono de comisiones en función del volumen de negocio realizado.
  
• TJUE. Funcionamiento de las instituciones comunitarias. Cuestiones prejudiciales. Ámbito objetivo. Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
  
• TS. Convenios colectivos. Grandes Almacenes. Interpretación del artículo 38 d) sobre la licencia o permiso retribuido en casos de hospitalización (dos días) y enfermedad grave (tres días).
  
• TS. Iberia LAE. Inicio de huelga con motivo de la creación de Iberia Express. Acuerdo en Consejo de Ministros de un arbitraje obligatorio como medio de solución.
  
• TS. Agencia EFE. Derecho de los trabajadores a que las retribuciones a percibir durante el año 2012 y sucesivos, en tanto no se negocie un nuevo convenio, sean las de la tabla salarial vigente en 2009.
  
• TS. Consideraciones sobre el accidente de trabajo. Accidente en misión. Caída al mar de trabajador (cocinero) al regresar a su barco que se encontraba atracado en el puerto de Dingle (Irlanda) a consecuencia del mal tiempo, cuando para acceder a cubierta saltó desde otro barco que se encontraba abarloado.
  
• TS. Accidente de trabajo. Alcampo, S.A. Recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Empresa, condenada con un recargo del 50%, que pretende que se rebaje a un 30%, como ocurrió en el caso de la sentencia de contraste, referido a una compañera de trabajo de la actora en la misma situación.
  
• TS. Jubilación parcial y contrato de relevo. Personal estatutario de los Servicios de Salud. Sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, recaída en recurso en que fue parte el INSS, en la que se condena a la Administración empleadora a realizar las actividades necesarias para la reducción de jornada y la suscripción de contrato que cubra el tiempo parcial dejado de trabajar por la solicitante a fin de que sea efectiva la jubilación voluntaria parcial instada y, en su caso, declarando que el INSS debía estar y pasar por tal declaración.
  
• TSJ. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Inexistencia de representación legal de los trabajadores y no atribución por estos de su representación para la negociación del acuerdo a una comisión, llevándose a cabo el período de consultas entre la empresa y la casi totalidad de los trabajadores de la misma.
  
• TSJ. Indemnización por despido. Salario regulador. Conceptos computables. Utilización de vehículo de empresa.
  
• TSJ. Extinción del contrato con la Administración. Personal laboral indefinido no fijo. Amortización de las plazas y concursos desiertos para la cobertura de las vacantes.
  
• TSJ. Accidente de trabajo in itinere. Trabajador en proceso de separación que cambia de domicilio en base a esta circunstancia.
  
• TSJ. Prestación por desempleo. Extranjero en posesión de permiso de residencia para investigación y estudios que prestó servicios como MIR durante cuatro años.
  
• JS. Despido disciplinario. Trabajador en IT. Alegación de causa inexistente.

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¿Por qué una empresa se ve en la necesidad de modificar la jornada de trabajo de sus trabajadores?

Los motivos pueden ser muy variados dependiendo de las necesidades de cada empresa, muy específicas dependiendo del sector, pero a modo genérico podemos decir que puede ser para racionalizar medios y adecuarlos al nuevo volumen de trabajo, en el caso de contratas por la adecuación del servicio a la empresa cliente, o para ajustar el horario de atención al de mayor afluencia de público.

Conclusiones de la STJUE de 22 de mayo de 2014 (Asunto C-539/12)

En el ámbito comunitario la materia viene regulada en la Directiva 2003/88/CE, sobre ordenación del tiempo de trabajo, por lo que la cuestión prejudicial origen de la sentencia comentada se centra en la interpretación de su artículo 7, que trata de las vacaciones anuales¹.

La magistrada-juez acredita en ambos casos un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo”.

Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Murcia han condenado a la Consejería de Salud y Política Social de la Región de Murcia a que abone las prestaciones por dependencia no percibidas a dos beneficiarias. En ambas, la magistrada-juez acredita un “incumplimiento de plazo que reviste las notas de esencial y significativo” causando un “funcionamiento anormal en la Administración”.

Recibía mensualmente desde cuentas de la Seguridad Social los haberes de clases pasivas de los beneficiados

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a L.A.U., a dos años y medio de prisión y una indemnización de 205.4747 euros en concepto de responsabilidad civil por un delito continuado de apropiación indebida. El acusado cobraba el importe de las pensiones que debían ser abonadas a sus beneficiarios, obteniendo de forma ilícita más de 210.000 euros de al menos, 61 personas –tres de ellas fallecidas-, durante los años 2005 y 2011.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha otorgado el amparo a una mujer que no pudo tomar posesión de su plaza como funcionaria de la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que sus compañeros de promoción por coincidir la fecha de inicio del curso selectivo (obligatorio) con  el  nacimiento  de  su  hijo.  Esta  circunstancia  supuso  para  ella  una  merma  económica  al  no haberle reconocido la antigüedad la Administración autonómica. La sentencia, de la que ha sido ponente  la  magistrada  Encarnación  Roca,  entiende  que  se  ha  vulnerado  el  derecho  de  la demandante a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).