Jurisprudencia

Si hace ya algún tiempo nos hicimos eco en estas páginas de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de julio de 2013 (SAN 149/2013), respecto de la previsión normativa del artículo 86.3 ET¹ y la Disposición Transitoria Cuarta² de la Ley 3/2012, relativas a la ultraactividad de los convenios colectivos denunciados con anterioridad a la entrada en vigor de aquella (8 de julio de 2012), ahora toca, lamentablemente, poner de manifiesto una interpretación más restrictiva en términos sociales, la acogida en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Granada, de 23 de enero de 2014 (rec. núm. 2285/2013)³.

Conocedor de la evidente importancia del pronunciamiento, fue el propio Consejo General del Poder Judicial quien filtró a la opinión pública a través de su portal de comunicación la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo de 2014.

Se trata de una sentencia pionera en lo que al derecho al acceso a la función pública se refiere, y más en concreto en lo que tiene que ver con el acceso a la función pública de la mujer embarazada.

El Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid ha fallado a favor de una trabajadora embarazada despedida durante el periodo de prueba.

La empresa, del sector de contac center, contrata a  la trabajadora para realizar labores de teleoperadora con un periodo de prueba de un mes, iniciando la misma a los 15 días baja por incapacidad temporal constando en el parte la situación de gestante. Inmediatamente la empresa le comunica la extinción de la relación laboral incluyendo que “la intención de la empresa de resolver el contrato lo fue con anterioridad a que se produjera la situación de baja”.

• TS. Suspensión del contrato de trabajo por privación de libertad (prisión provisional). Efecto sobre la prescripción de las faltas laborales.
  
• TS. Deportistas profesionales. Negativa empresarial a la prórroga del contrato. Derecho a indemnización.
  
• TS. Despido colectivo. Responsabilidad solidaria por sucesión de empresa fraudulenta.
  
• TS. Mejoras voluntarias de la Seguridad Social. Banco Santander Central Hispano. Complemento de la pensión de viudedad.
  
• TS. Pensión de orfandad. Incremento del 52 %. Huérfana de padre, sin que la madre tenga reconocida pensión de viudedad por haberse divorciado del causante sin pactarse pensión compensatoria. Interpretación de la expresión orfandad absoluta. Cambio de criterio.
  
• TS. Ceguera y gran invalidez.
  
• TS. Proceso laboral. Reconvención. Prescripción de la acción.
  
• TSJ. Condición más beneficiosa. Percepción indebida de dietas durante ocho años, al haber trasladado el trabajador su domicilio a la misma localidad en la que se encontraba el centro de trabajo.
  
• TSJ. Contrato de trabajo. Actividad de alterne.
  
• TSJ. Alta dirección. Adaptación del contrato con la Administración pública tras la entrada en vigor de la disposición adicional octava del RDL 3/2012. Reducción de la retribución anual y de la indemnización por extinción.
  
• TSJ. Mejoras voluntarias. Indemnización prevista en convenio colectivo para el caso de fallecimiento del causante en accidente de trabajo. Legitimación activa.
  
• JS. Convenio colectivo. Ultraactividad. Reducción unilateral del salario, al mínimo interprofesional, tras el decaimiento del convenio colectivo por no haberse alcanzado ningún acuerdo entre la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores.

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Los deportistas profesionales tienen derecho a la indemnización del artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores de hasta doce días por año a pesar de la especialidad de la relación laboral deportiva y de su naturaleza esencialmente temporal.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el recurso interpuesto por la Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional estimando que en las relaciones laborales especiales de todos los deportistas profesionales, incluida la de los ciclistas profesionales, a la finalización de su contrato temporal, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización de hasta doce días de salario por año de servicio como establece el Estatuto de los Trabajadores para las relaciones de trabajo ordinarias.

Según la Sala Social, no se respetaron los criterios de “mérito y capacidad” de los trabajadores seleccionados

La Audiencia Nacional ha anulado el ERE de la empresa pública TRAGSA que afectó a 726 empleados y ha ordena la "inmediata readmisión" de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir.

La Sala Social aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados. Asimismo, recuerda que, en el caso de las administraciones públicas, "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarios o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad".

• TJUE. Contratos de trabajo de duración determinada a tiempo parcial. Profesores Asociados de Universidad.
  
• TJUE. Mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. Madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución. Negativa a la concesión de un permiso retribuido equivalente a un permiso de maternidad.
  
• TC. Cese de trabajadora embarazada. Personal estatutario temporal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Existencia de un panorama indiciario de discriminación suficiente que no es desvirtuado por la empresa.
• TC. Pensión de viudedad. Parejas de hecho. Remisión por la Ley General de la Seguridad Social a la legislación de las CCAA con Derecho Civil propio a efectos de la consideración y acreditación de dicha situación.
  
• TS. Cesión ilegal de trabajadores. Efectos económicos.
  
• TS. Movilidad geográfica. Nulidad de pleno derecho por no haberse observado un periodo de consultas previo. Criterio de cómputo a efectos de decidir sobre la dimensión colectiva o individual de tales traslados.
  
• TS. Despido colectivo. Nulidad. Periodo de consultas que se desarrolla sin la entrega a los representantes de los trabajadores de la contabilidad real.
  
• TS. Jubilación parcial y contrato de relevo. Funcionarios cuya relación se transforma en laboral.
  
• TS. Viudedad. Derecho a pensión cuando en situación de separación judicial no se ha fijado pensión compensatoria, abonándose, no obstante, pensión a favor de la esposa, aunque utilizando una terminología variada y equívoca, sin una calificación jurídica estricta.
  
• AN. Convenios colectivos. Determinación del momento en que tienen validez y eficacia.
  
• AN. Convenios colectivos. Industria química. Inclusión reiterada en el tiempo dentro de su ámbito funcional de la industria transformadora del plástico. Pretensión de secesión de este subsector por ilegalidad a la hora de configurar el ámbito de negociación.
  
• TSJ. Conflicto colectivo. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Notificación.
  
• TSJ. Despido disciplinario. Transgresión de la buena fe y abuso de confianza. Trabajadora que hace uso de la licencia de 15 días por matrimonio sin llegar a casarse.
  
• TSJ. Accidente de trabajo. Responsabilidad civil. Incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales.
  
• TSJ. La protección por desempleo. Retrotracción del periodo de 6 años anteriores a la situación legal de desempleo al momento en que cesó la obligación de cotizar, por el tiempo equivalente al que el trabajador hubiera permanecido en la situación de excedencia por cuidado de hijos.
  
• TSJ. Jubilación parcial y contrato de relevo. Concentración de la jornada que resta hasta la jubilación total en un único periodo de forma inmediata al reconocimiento de la jubilación parcial.

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La sentencia de la Sala Social no excluye que el invidente haya adquirido habilidades adaptativas y pueda realizar funciones esenciales de la vida sin ayuda de terceros

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto que una persona que padezca ceguera total o pérdida de visión equiparable, inferior a una décima en ambos ojos (que la sentencia considera que constituye ceguera en sentido legal), reúne objetivamente la situación de gran invalidez que le da derecho a una serie de prestaciones.