Jurisprudencia

Revoca la decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid, que le absolvió.

El Tribunal Supremo ha condenado a tres años y seis meses de cárcel a un funcionario de la Seguridad Social por pasar datos de trabajadores y empresas al jefe de seguridad de El Corte Inglés en Valladolid y a agentes de la Policía y la Guardia Civil, con quienes mantenía una relación personal.

TJUE. Libre prestación de servicios. Normativa nacional que impone a los licitadores y a sus subcontratistas que se comprometan a pagar al personal que ejecute las prestaciones objeto del contrato público un salario mínimo.
TS. Orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo. Realización de contratos de obra al amparo del RDL 2/2008 y sus sucesivas prórrogas (plan PEMO). Consideración de la relación laboral como indefinida.
TS. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Medida colectiva consistente en el cambio del porcentaje del sistema de la retribución variable o bono. Periodo de consultas que finaliza sin acuerdo con decisión unilateral de la empresa, contando esta con varios centros de trabajo, unos con representación legal y otros sin ella.
TS. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Supresión por la empresa unilateralmente del uso de valija interna para el envío de correspondencia sindical pactado en 1990, circunstancia que da lugar a un procedimiento que termina por transacción judicial.
TS. Subsidio de desempleo. Requisito de carencia de rentas. Percepción de 6000 euros en un concurso.
AN. Conflicto colectivo. Personal laboral de la Administración General del Estado. Supresión por el RDL 20/2012 de los días adicionales de vacaciones anuales y por asuntos propios generados por convenio en función de la antigüedad hasta el 15 de julio de 2012. Procedencia.
AN. Modificación sustancial de condiciones de trabajo. Inaplicación de un pacto extraestatutario sobre retribuciones y gastos ocho meses antes de que este llegara a su término pactado, pasando a aplicar los convenios del sector de cada provincia.
AN. Supuesta pérdida de vigencia del convenio colectivo de empresa y reclamación de que se aplique el convenio colectivo sectorial.
TSJ. Cláusulas contractuales abusivas. Banco Espirito Santo, S.A. Concesión de préstamo ligado, en caso de extinción del contrato de trabajo, a su vencimiento anticipado, siendo exigible en su totalidad, así como el importe de los intereses vencidos y no satisfechos hasta ese momento.
TSJ. Prestación por desempleo. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Certificado de empresa en el que por error se hace constar que el contrato de trabajo era por tiempo indefinido ordinario y a jornada parcial cuando en realidad la reducción obedecía al cuidado de un familiar, con el consiguiente beneficio de incremento de bases a efecto de prestaciones. Revisión de cuantía.
TSJ. Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Trabajadora que solicita la prestación debido a que su hija le es diagnosticada una diabetes mellitus tipo 1, motivo por e que acude todos los días al colegio en horario de recreo para realizar control de glucemia e inyectarle insulina. Denegación.

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso planteado por la CGT contra el acuerdo, de 2 de enero de 2013, alcanzado por la empresa Paradores y el 92,95% de la representación laboral y los sindicatos UGT y CC.OO., que redujo la extinción de contratos de trabajo de los 644 propuestos inicialmente a 350, con la posibilidad de adhesiones voluntarias hasta enero de 2013 (hubo 172 adscripciones voluntarias).

El salario mínimo establecido en el marco de la adjudicación de contratos públicos no puede extenderse a los trabajadores de un subcontratista establecido en otro Estado miembro, cuando dichos trabajadores ejecutan el contrato en cuestión exclusivamente en ese Estado.

Una  Ley  del  Land  de  Renania  del  Norte-Westfalia  (Alemania)  establece  que  determinados contratos  públicos  de  servicios  sólo  pueden  adjudicarse  a  empresas  que,  en  el  momento  de presentar la oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo por hora de 8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación. Esta Ley pretende, de este modo, garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado a fin de evitar el «dumping social» y  la  penalización  de  las  empresas  competidoras  que  conceden  un  salario  adecuado  a  sus empleados.

No son pocas las empresas que a la conclusión de la vigencia temporal del convenio colectivo que aplican se encuentran en la tesitura de determinar que norma convencional pasa a regular, siquiera de manera provisional, las relaciones laborales de sus empleados. Tras la modificación operada en el art. 86.3 del ET por la Ley 3/2012, términos como denuncia o aplicación del convenio de ámbito superior pueden parecer poco claros y estar sujetos a interpretación. Sobre ellos gira la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de septiembre de 2014 que pasamos a comentar a continuación.

No está de más reproducir, a modo de recordatorio, el último párrafo del art. 86.3 del ET, el cual establece que “transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación”.

TJUE. Derecho de entrada y residencia. Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Internamiento a efectos de expulsión en un centro penitenciario con presos ordinarios. 
TJUE. Igualdad de trato entre hombres y mujeres. Seguro de accidentes de trabajo de empleados por cuenta ajena. Importe de una indemnización a tanto alzado por perjuicio permanente. Cálculo actuarial basado en la esperanza de vida media según el sexo del beneficiario.
TJUE. Transmisión de empresas. Ultraactividad. Obligación del cesionario de mantener las condiciones laborales pactadas mediante convenio colectivo hasta la entrada en vigor de otro.
TC. Parejas de hecho homosexuales. Pensión de viudedad. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual.
TS. Sucesión de contratas. Deudas salariales. Responsabilidad solidaria.
TS. Indemnización por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo. Determinación de los factores de corrección por lesiones permanentes e incidencia de las prestaciones de Seguridad Social.
TS. Despido colectivo. Empresa con centros de trabajo en dos provincias diferentes. Presentación de una propuesta global de extinción y suspensión de un determinado número de contratos (aplicable de forma proporcional en función del volumen de trabajadores de cada centro) que es aceptada por una sola de las zonas, aplicando un criterio diferente respecto de la otra con la que no se llegó a acuerdo.
TS. Despido colectivo. Segur Ibérica. Empresa con centros de trabajo en Vizcaya, Álava y Navarra.
TS. Despido colectivo. Personal laboral de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM).
TS. Discriminación por razón de sexo. Cese tras dar a luz de trabajadora que colaboraba con el CENDOJ como analista de sentencias del Tribunal Supremo.
TS. Incapacidad permanente absoluta. Concurrencia de pensiones generadas en regímenes diferentes.
TS. Recurso de revisión. Sentencia que declara improcedente el despido de un trabajador que posteriormente es condenado por un delito de lesiones al empresario.
AN. Modificación de las condiciones de trabajo. Descanso dentro de la jornada de mañana de 15 o 20 minutos. Comunicación empresarial de no consideración como tiempo de trabajo efectivo, debiendo ser objeto de recuperación.
TSJ. Despido de trabajadores en IT. Nulidad. Trabajadora que incurre en bajas médicas por padecer un trastorno de ansiedad reactivo a condiciones laborales hostiles.
TSJ. Trabajadores autónomos. Situación legal de cese de actividad. Concurrencia de motivos económicos.
TSJ. Subsidio por desempleo. Requisitos. Responsabilidades familiares.

La sentencia de la Sala Tercera reconoce su derecho a cobrar las cantidades que dejó de percibir durante la vigencia de su licencia de maternidad, lactancia y vacaciones más los intereses.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una magistrada a la que el Consejo General del Poder Judicial dio de baja como analista de la Base de Datos de Jurisprudencia (CENDOJ) poco después de dar a luz. Por ello, se anulan los acuerdos del Pleno, de abril de 2013, y de la Comisión Permanente, de 29 de agosto de 2012, de no abonarle las retribuciones económicas correspondientes a su permiso de maternidad.

Según la Sala Social del alto tribunal, tienen reconocida expresamente la condición de personal laboral y la retribución de funcionario interino por las normas administrativas

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce a los profesores de religión de los centros públicos el derecho a cobrar dicho complemento en idénticas condiciones y cuantía que los funcionarios interinos docentes de la Comunidad de Madrid.

La Sala de lo Social recuerda que los profesores de religión de la CAM tienen reconocida expresamente la condición de personal laboral y la retribución de funcionario interino por las normas administrativas.