José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

Mediante el despido el empresario toma la decisión unilateral de acabar con la relación laboral que mantiene con un trabajador, algo que desgraciadamente es más habitual de lo que debiera, ya que con los despidos en muchas ocasiones se pierde tiempo y dinero, aunque por otra parte a veces es la única forma de garantizar la viabilidad de una empresa.

La pandemia que vivimos nos ha familiarizado con los ERTE por fuerza mayor, una especie de despido temporal subvencionado en su mayor parte por el Estado, pero aun así, desgraciadamente, muchas empresas tardarán en retomar sus niveles de actividad previos a la crisis. En esta tesitura, no son capaces de afrontar los costes salariales de sus plantillas y tienen que buscar la mejor forma de extinguir los contratos laborales de estos, bien sea a través despidos de manera individual o colectiva.

El pan ha sido el sustento principal de la población durante muchos siglos y afortunadamente, aunque cada vez sean más los hogares en los que no entran los ingresos de las nóminas, es raro que falte en las mesas de nuestro país.

Entre enero y marzo de 2021 se destruyeron 137.500 empleos, por lo que muchos de estos trabajadores habrán prestado mayor atención a sus últimas nóminas, para calcular lo que les pueda corresponder de finiquitos y prestaciones.

La palabra nómina hace referencia al pago de salarios. Según la RAE es la «relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido», o los «haberes que ha de percibir el trabajador que figura en nómina».

Con la entrada en vigor el 14 de abril de 2021 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, entra en vigor una nueva medida burocrática para las empresas, para garantizar algo que ya debería ser garantizado por el sentido común: la igualdad de salario entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo.

Sin embargo, como el sentido común es el menos común de los sentidos, se añaden nuevas obligaciones en materia laboral para las empresas, con el objetivo de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor.

En el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, ya se indica que «el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella».

La Unión Europea exige a los Estados miembros que garanticen en caso de discriminación por razón de sexo reparaciones efectivas a las víctimas y sanciones disuasorias, para intentar reducir la brecha de género en el ámbito salarial, que se sitúa actualmente en el 14,1% de diferencia entre hombres y mujeres con un mismo nivel laboral.

Es 23 de marzo se celebra el Día Nacional de la Conciliación y Corresponsabilidad, pero no debía ser necesario establecer un día para la concienciación ciudadana, ya que facilitar la conciliación de los trabajadores y la igualdad en las empresas tiene múltiples ventajas que incrementan la productividad en las organizaciones.

Quizás una de las pocas ventajas de la pandemia ha sido que nos ha abierto un poco más los ojos a la hora de establecer nuestras prioridades, apuntalando aún más a la salud y a la familia como los pilares que sustentan nuestro edificio personal, en el que se alberga también todo lo accesorio.

El Gobierno y los interlocutores sociales alcanzan un acuerdo sobre los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han alcanzado un acuerdo para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales.

La pandemia generada por la COVID-19 ha sido la causa de la crisis de muchas empresas, siendo especialmente virulenta en determinados sectores como el turismo, la restauración y el comercio tradicional. En este contexto, el personal gerente y directivo de muchas empresas se ha visto obligado a tomar drásticas medidas que han tenido que comunicar a sus personas empleadas.

A medida que se sucedían las noticias de las restricciones a la actividad y a la movilidad para intentar contener los efectos de la COVID-19, el personal empleado de los sectores más afectados ya podía intuir los problemas que se avecinaban, de manera que la inclusión en un ERTE no es algo que los cogiera sin previo aviso. Sin embargo, otras crisis pueden coger por sorpresa a determinadas personas trabajadoras, ya que lo que para la dirección puede ser un problema al que puede llevar algún tiempo buscando solución, para las personas trabajadoras, enterarse de que su despido es parte de la solución a ese problema puede ser un auténtico jarro de agua fría, que es conveniente comunicar de la mejor manera posible.

Se acerca el día de San Valentín, un día en el que se conmemoran las buenas obras de San Valentín de Roma, relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Pero ¿por qué no celebrar el día de San Valentín en la empresa con muestras de afecto hacia los empleados?

La definición de la palabra «amor» que hace la RAE, no es solo para el amor entre parejas, de hecho las tres primeras acepciones de la definición de la palabra pueden ser extrapolables a las relaciones laborales, unas relaciones en las que los empresarios pueden amar a sus empleados por su buen hacer en el trabajo.

La tasa de temporalidad laboral en España es un problema estructural de nuestro país, duplica casi la de la Unión Europea y alcanza también diferencias internas importantes entre nuestras regiones, siendo el contrato por obra y servicio una de las herramientas que se utilizan para la realización de estos contratos temporales.

Con la crisis económica que está generando la covid-19 esta tasa se está reduciendo, pero no porque las empresas estén realizando más contrataciones indefinidas, sino porque estos contratos temporales no se están renovando, o se está despidiendo a los trabajadores bajo esta fórmula de contratación.

Sin embargo, a los partidarios de reducir la temporalidad en nuestro país, les ha salido un aliado inesperado, ya que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha modificado su doctrina y rechaza la limitación temporal de los contratos de trabajo a la duración de las contratas.