José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

La covid-19 está provocando que muchos trabajadores y autónomos pierdan su puesto de trabajo, sobre todo en los sectores más azotados por la crisis, de manera que el ERTE, el ERE y el despido, se han convertido en algo necesario para garantizar la supervivencia de muchas empresas.

En el actual contexto de crisis sanitaria y económica, hay despidos inevitables, pero en otras ocasiones hay directivos que despiden con demasiada alegría, sin considerar los problemas que puede acarrear el despido de un trabajador.

No es la primera vez que incluso oigo jactarse a algún directivo de los despidos que ha realizado, o recrearse en comentar la jugada de un despido en concreto, pero en algunos casos un despido puede acarrear problemas importantes para la empresa, que pueden empezar en el mismo momento de presentar el finiquito y prolongarse durante algún tiempo.

La crisis desencadenada por la Covid-19 ha puesto contra las cuerdas a muchas empresas que se han visto obligadas a la presentación de un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE por causas ETOP, situación que algunas empresas prorrogan, ya que no recuperan su actividad a pesar de la «nueva normalidad».

Sin embargo, hay otras empresas que sí están recuperando su facturación, e incluso las hay que, tras la finalización del estado de alarma, están vendiendo más que en el mismo periodo del año anterior.

«Resistiré […] soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie», dice la canción del Dúo Dinámico convertida en himno nacional para superar la pandemia, y juntos lo hemos conseguido, con la flexibilidad de un junco que si está solo a merced de las inclemencias se dobla, pero con la firmeza de un haz de juncos, que unidos son más difíciles de romper.

Con las empresas, sucede algo similar, en algunos casos tienen que mantener estructuras flexibles para poder sobrevivir y en otros se concentran mediante fusiones o acuerdos colaborativos, para juntas hacerse más fuertes, competitivas y rentables.

En la actualidad muchas empresas se encuentran en una situación muy complicada como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, por lo que se han visto obligadas a adoptar soluciones de flexibilidad interna que faciliten la adaptación de la organización del trabajo a la nueva realidad económica y sanitaria.

Hay muchos tipos de mascarillas en el mercado y además incluso se pueden personalizar, se puede llevar una quirúrgica, recomendable para personas enfermas, o una higiénica para las personas sanas, pero lo más importante es llevarla, ponérsela bien y saber cuándo quitársela, sobre todo si estamos en una entrevista de trabajo.

Las entrevistas de trabajo por videoconferencia eran poco habituales antes de que la COVID-19 irrumpiera en los procesos de selección, sin embargo, durante el estado de alarma eran casi la única opción, pero ahora, ya en la «nueva normalidad», volvemos poco a poco a las entrevistas de trabajo presenciales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha consensuado con las principales asociaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE) la extensión de las ayudas a este colectivo por los efectos de la COVID-19 hasta el próximo 30 de septiembre. Al acto han asistido el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de UPTA, Eduardo Abad, y la secretaria general de UATAE, María José Landáburu.

En concreto, las medidas incluyen una prórroga de la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria, que incluía una ayuda económica y una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han acordado, en el marco del diálogo social, con los agentes sociales las nuevas condiciones que permitirán extender los beneficios de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo, que mañana se trasladará a la reunión del Consejo de Ministros prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.

En la anterior crisis económica se hablaba de brotes verdes para indicar que se vislumbraban signos de recuperación, pero en la actual crisis provocada por la COVID-19, en vez de brotes, tenemos rebrotes, pero de contagios, que amenazan con paralizar de nuevo parte de nuestra economía.

Y entre los brotes verdes que podemos vislumbrar, con la vuelta de la actividad y la apertura de nuestro país al turismo de Europa, las empresas se encuentran con el problema del número de trabajadores que necesitan para retomar su mermada actividad, debiendo dejar al resto en un ERTE por causas ETOP, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

La actividad de los profesionales de la asesoría laboral está siendo frenética en los últimos meses, ya que los efectos de la COVID-19 están cambiando el panorama laboral de nuestro país y estos profesionales son los encargados de realizar las gestiones necesarias en la Seguridad Social para que estos cambios se materialicen.

La primera gran avalancha de trabajo vino con la tramitación de los ERTEs, pero sin tiempo casi a respirar vino la segunda ola, sacar a los trabajadores de los ERTEs. Sin embargo, estas medidas de contención no son suficientes para salvaguardar el empleo y las rentas de muchos españoles, con lo que a partir del 15 de junio de 2020, se puede solicitar una nueva prestación de la Seguridad Social, el ingreso mínimo vital.