Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2020.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia.
El Anteproyecto constituye un nuevo instrumento integrado en la nueva arquitectura jurídica dentro de la Estrategia Justicia 2030, enmarcado y conectado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, el Anteproyecto pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, contempla la aprobación por el Gobierno de un Plan para la Igualdad en la Administración General del Estado (AGE) y en sus Organismos Públicos. En cumplimiento de esta previsión, el Consejo de Ministros adoptó los acuerdos de 28 de enero de 2011, que aprobó el I Plan, y de 20 de noviembre de 2015, que aprobó el II Plan.
Con este III Plan, se abordarán las necesidades reales del personal al servicio de la AGE con un alcance global e integral, y que sus medidas sean referencia para el diseño e implementación de planes de igualdad en todas las organizaciones.
A Galletas Gullón se la atragantó el despido de su exdirector cuando tuvo que pagar el despido más caro de España por aquel entonces, cuya indemnización con intereses de demora y costas judiciales ascendió a 10,3 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad se puede quedar convertida en migajas si prospera la demanda civil de Adrea Orcel contra el Banco Santander por 112 millones de euros, y eso que no llegoó a ocupar el cargo de consejero delegado que se le había ofrecido, ni a firmar el contrato, ya que se le retiró la oferta de trabajo que se le había realizado.
Los grandes directivos juegan en otra liga, ya que en sus contratos de alta dirección se pueden recoger indemnizaciones millonarias, planes de jubilación exorbitados, vehículos o casas de lujo, etc.
Las relaciones laborales de alta dirección se recogen en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, englobadas dentro de las relaciones laborales de carácter especial, no considerándose relaciones de este tipo aquellas en las que la actividad se limite solamente al desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de sociedades.
Consulte aquí los Convenios Colectivos de ámbito Estatal, de Comunidades Autónomas y provinciales publicados en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de noviembre de 2020.
La unión a las cooperativas de facturación ha tenido una gran polémica cuando la Seguridad Social empezó a reclamar el dinero no cotizado a trabajadores freelance, durante el periodo de uso de los servicios prestados por algunas de estas cooperativas como Factoo y similares.
Aunque la Administración decidió la disolución de Factoo, diversos tribunales de lo contencioso-administrativo han estimado los recursos de muchos cooperativistas contra las resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, que les dio de alta con efecto retroactivo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y les obligó a pagar las cuotas atrasadas con el correspondiente recargo.
En todos estos casos, los ingresos de los demandantes no superaban el importe anual de salario mínimo interprofesional (SMI), por lo que los diversos tribunales tienen en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en dos sentencias de 1997 y 2007 falló que cuando los ingresos no superan el SMI no es posible entender que se está produciendo una actividad habitual y continuada que deba a obligar al trabajador a darse de alta como autónomo.
