RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

En el presente caso práctico se reproduce el enunciado del supuesto que se planteó como tercer ejercicio en la convocatoria de la oposición para el ingreso en el Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social, efectuada por la Resolución de la Subsecretaría del entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 20 de noviembre de 2020 (BOE de 9 de diciembre). En el mismo se lleva a cabo un análisis de las cuestiones derivadas del planteamiento, incorporando la fundamentación jurídica de las respuestas a tales cuestiones, siguiendo la legislación vigente en la fecha de la realización del examen, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 2021.

Palabras clave: técnicos de la Administración de la Seguridad Social; caso práctico.

La delimitación de competencias entre el orden social y el orden contencioso-administrativo, lejos de ser una línea rotunda y definitiva, es una zona porosa e inestable. Siempre ha existido algún grado de controversia acerca del orden competente y algún trasiego entre un lado y otro de la frontera. El presente trabajo se centra sobre todo en mostrar cuáles han sido las novedades que ha introducido recientemente el legislador en materia de distribución competencial entre ambos órdenes y cuáles son los nuevos criterios jurisprudenciales adoptados en los últimos años. Se aprovecha, también, con ocasión de un pronunciamiento reciente, para aclarar el complejo estado de algunas cuestiones que han venido generando serias controversias en este ámbito de distribución competencial entre los órdenes social y contencioso.

Palabras clave: jurisdicción; orden social; orden contencioso-administrativo; delimitación competencial; conocimiento jurisdiccional; materia laboral; materia de Seguridad Social.

Las tradicionales peculiaridades de la justicia social se mantienen y defienden hoy en día a través de, entre otras herramientas procesales y procedimentales, la ausencia del ordinario recurso de apelación. Se confía en la decisión emitida en la instancia y, de su mano, el extraordinario recurso de suplicación solo admite la revisión de los hechos declarados probados por los juzgados de lo social a la vista de pruebas documentales y periciales practicadas. El concepto de documento evoluciona sin parar con las tecnologías; sin embargo, la doctrina judicial social restringe su ampliación sacrificando quizás, en ocasiones, la justicia material.

Palabras clave: recurso de suplicación; revisión de hechos probados; prueba documental electrónica; reproducción de la palabra, la imagen o el sonido; convicción fáctica.

Este trabajo analiza las formas de inclusión laboral de las personas inmigrantes ambientales, que en la actualidad solo están limitadamente atendidas por el sistema legal italiano. Resulta especialmente interesante la fórmula italiana de reconocimiento de la protección internacional para estas personas, que representa el primer paso en el camino hacia su integración laboral. En este sentido, por un lado, se ha intentado –aunque sin resultados plenamente satisfactorios, hasta el momento– adaptar, a menudo en los tribunales, los instrumentos clásicos de protección internacional (y, en particular, la protección humanitaria y especial) a las necesidades de las personas migrantes ambientales. Por otro lado, se han creado instrumentos legales ad hoc, como el permiso de residencia por desastres naturales.

Palabras clave: migración; migración ambiental; protección internacional; inclusión laboral; ordenamiento jurídico italiano.

Uno de los grandes desafíos del siglo XXI viene constituido por el cambio climático. Su incidencia en el terreno de la seguridad y salud laborales está aún por desentrañar en toda su extensión, pero comienzan a darse los primeros pasos que apuntan a la necesidad de ajustes de las políticas empresariales a las nuevas exigencias. El punto de partida será el marco estratégico de la Unión Europea en materia de seguridad y salud 2021-2027 que aborda la transición ecológica y sostiene la suficiencia de la tutela brindada por la Directiva Marco encomendando en su mayor parte los pertinentes ajustes normativos a los Estados miembros. Ello motiva un análisis que, tras pasar revista a las principales disposiciones preventivas a nivel interno, avanza determinadas propuestas de revisión y actualización que han de complementarse con la colaboración de los distintos agentes implicados para afrontar de forma adecuada este desafío desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales.

Palabras clave: transición ecológica; cambio climático; sostenibilidad; amianto; empleos verdes; prevención; seguridad y salud.

1. El cambio climático es una realidad sobre la que, al margen de minoritarias posiciones negacionistas, racionalmente parece no existir duda en la sociedad española. Ciertamente, a ello contribuye que el problema sea ya evidentemente perceptible, dadas las cada vez más frecuentes lluvias torrenciales (llamadas DANA) causantes de inundaciones, las temperaturas extremas y olas de calor que se producen incluso fuera de la temporada estival, y otras alteraciones climáticas sensibles, como fue la borrasca de nieve «Filomena». Confirma esta convicción general la encuesta «Valores, actitudes y conducta medioambiental de los españoles» realizada por la Fundación del BBVA a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. De esta se desprende que la ciudadanía española tiene un nivel de conciencia elevado acerca de los efectos del cambio climático y de la necesidad de actuar para frenarlos o, en la medida de lo posible, revertirlos. Así, considera que debe actuarse de forma mucho más incisiva en este ámbito, tanto desde la faceta individual, cambiando hábitos de consumo, como desde los poderes públicos, a los que se pide que elaboren normas que garanticen la protección del medioambiente. La mayoría de las personas encuestadas manifiesta que se mostraría favorable a que se produjera una subida de impuestos a tal fin, y la práctica totalidad apoya que se adopten las medidas que sean precisas, aunque ello reduzca el crecimiento económico. Por lo demás, consideran que la respuesta de las instituciones competentes actualmente está siendo demasiado débil, y que debería actuarse en este ámbito con la misma firmeza y determinación que se hizo frente al coronavirus.
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En los últimos años ha eclosionado el «empleo verde» como noción. La Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, partiendo de que la vida económica actual no es sostenible, tanto por los daños medioambientales que genera como por sus efectos perniciosos en el terreno social, fijó unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que han servido para impulsar el que, ya antes, venía conociéndose como «empleo verde». Se pretende, así, que la humanidad avance con mayor decisión hacia una economía verde en la que, como premisa, el trabajo es decente (no tiene sentido preocuparse por lo verde si, antes, no está garantizada la dignidad laboral) y es utilizado en actividades ecológicamente respetuosas y/o desarrolladas para la producción de bienes y servicios necesarios para revertir el cambio climático, en un contexto de transición energética. En España, se ha aprobado la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que, aunque ciertamente programática, prevé diversas medidas destinadas a reverdecer el empleo. Ahora bien, la fuerte inercia capitalista invita al escepticismo, sin cuestionar la necesidad de implementar cambios progresivos. Vivimos en un mundo de consumo y trabajo frenético, con lo que habrá que preguntarse si se están combatiendo las causas de efectos nocivos para el medioambiente, o solo paliando estos sin alterar dichas causas. En cualquier caso, curiosamente el «empleo verde», como versión laboral de los ODS, es el que se ha venido dando desde hace bastantes años en la economía social, con las cooperativas a la cabeza, un ámbito en el que priman las personas sobre el capital, por imperativo legal. Habrá que ver hasta dónde se está dispuesto a cambiar en un mundo cuyo sistema se basa en la idea contraria: prima el capital sobre las personas. Todo sin olvidar que las grandes empresas multinacionales, grandes partícipes de la degradación medioambiental, parece que están interesadas en revertir la situación, pero, quizás, no tanto de forma sincera, sino para minimizar el riesgo reputacional o, incluso, obtener ventajas para su imagen. No es lo mismo ser verde, que parecerlo.

Palabras clave: empleo verde; Objetivos de Desarrollo Sostenible; economía social; cooperativas; capitalismo; decrecimiento; multinacionales.

El avance del trabajo a distancia está creando un notable proceso regulador, tanto legislativo como de autonomía colectiva, si bien, en ausencia de convenios colectivos –a nivel sectorial o de empresa– nos encontramos con los «contratos normativos de adhesión», generando un escenario complejo y conflictual cuya asimetría de poder regulador entre los sujetos que los acuerdan es máxima. Esto es, incluso con derechos laborales del máximo rango, como son los fundamentales, entre ellos los vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, así como el bienestar integral de las personas teletrabajadoras en general, al infravalorar que el entorno de teletrabajo genera riesgos adicionales.

Palabras clave: teletrabajo; contratos normativos de adhesión; derechos fundamentales; riesgos laborales; desconexión digital.