RTSS - Revista de Trabajo y Seguridad Social

Hay un consenso generalizado en subrayar la importancia de entender la naturaleza de la relación laboral, que se define como un proceso dinámico de intercambio social entre empleadores y empleados. Adicionalmente, se defiende que dicha reciprocidad puede verse modificada por diversos factores contextuales. Paradójicamente, se echan en falta estudios empíricos que la hayan delimitado convenientemente y examinado su dependencia de otros elementos. El propósito de esta investigación es subsanar estas carencias. Desde la teoría del intercambio social y usando una amplia muestra de 35.911 empresas españolas durante el periodo 2015-2019, se diseña un modelo longitudinal de ecuaciones estructurales en el que se configura una relación bidireccional entre los incentivos y las compensaciones que reciben respectivamente empleadores y empleados. Asimismo, se examina esta relación laboral en función de la pobreza poblacional y el tamaño organizativo. Se confirma la presencia de una reciprocidad relativa en las empresas españolas, más intensa en medianas y grandes empresas ubicadas en municipios con una reducida pobreza, aunque solo equitativa en pequeñas empresas ubicadas en municipios con una elevada pobreza. Por regla general, la norma de reciprocidad rige en mayor medida en los empleados. Se presentan las implicaciones teóricas y prácticas de este estudio.

Palabras clave: norma de reciprocidad; relación laboral; pobreza social; tamaño organizativo; empresa y sociedad; inversión en recursos humanos; productividad laboral.

Debido a la concurrencia de factores de distinta índole, el sector del transporte de mercancías por carretera estaba necesitado desde hace años de una reforma legislativa que afrontase algunos de los principales retos económicos, sociales y medioambientales pendientes en materia de sostenibilidad. En particular, había que hacer frente a ciertas problemáticas sociolaborales que padecen tanto quienes trabajan de manera autónoma como quienes están empleados en empresas transportistas (especialmente, quienes conducen) y, también, era apremiante efectuar avances significativos en la lucha contra el fraude laboral y las malas prácticas desplegadas por las denominadas «empresas buzón». Además, en este contexto, era urgente (so pena de sufrir, en breve, una cuantiosa multa económica por parte de la Unión Europea –UE–) y conveniente (para abordar las dificultades críticas del sector) trasponer a nuestro ordenamiento jurídico interno las exigencias de la Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera. Todos estos ambiciosos propósitos son los que se desean acometer con la promulgación de una batería normativa dentro de la que destacan las medidas incorporadas por los Reales Decretos-Leyes 3, 6 y 14/2022, de los cuales el primero fue publicado solo unos días antes de que se desatase en nuestro país la última huelga convocada por el colectivo de transportistas, que provocó una delicada situación en la cadena logística y de suministros.

Palabras clave: sostenibilidad; transporte de mercancías por carretera; personas trabajadoras desplazadas; chóferes profesionales; condiciones laborales; protección social; fraude laboral; sanciones.

Analizar el rendimiento de los investigadores/as académicos, así como los factores que influyen en él, sigue siendo relevante, especialmente en el contexto español, debido al proceso de cambio en el que se ha visto inmerso el sistema universitario del país. El objetivo de este trabajo es analizar el papel del capital social de los grupos de investigación y su efecto en la productividad científica. Para ello se llevó a cabo un estudio empírico en el que participaron 283 académicos y académicas pertenecientes a 87 grupos de investigación de una universidad española. Los resultados revelan que la existencia de un alto nivel de capital social de los grupos de investigación influye directa y negativamente en la productividad científica. Sin embargo, nuestros hallazgos también muestran que dicho efecto está mediado de manera positiva y significativa cuando se comparte conocimiento, lo que pone de manifiesto la importancia de compartir el conocimiento entre los miembros del equipo para que el capital social redunde en una mejora de la productividad científica. Así pues, con este estudio se evidencia la importancia de que los grupos de investigación se configuren no solo como redes de colaboración, sino también como equipos intensivos en conocimiento.

Palabras clave: capital social; capital estructural; capital relacional; capital cognitivo; compartir conocimiento; grupos de investigación; rendimiento científico.

Uno de los grandes maestros del derecho del trabajo español y europeo, don Efrén Borrajo Dacruz, ha fallecido en el mes de mayo de este año. Fue un jurista de un extraordinario dominio tanto de la disciplina del derecho del trabajo como del derecho de la seguridad social, exhibiendo una vastísima cultura, no solo jurídica. Entre sus mayores aportaciones a la ciencia jurídico-social está la atribución de un marcado protagonismo al denominado «derecho vivo»: «El derecho está hecho para la vida, no la vida para el derecho», decía con frecuencia. Una máxima que aprendió de los más prestigiosos juristas de la Roma clásica, a quienes admiraba por su método del caso concreto y su practicidad, como en su día hicieron los grandes nombres del realismo jurídico norteamericano. A fin de verificar el enorme acierto del gran profesor, hemos seleccionado en este estudio, realizado como homenaje a su figura profesional y a su honradez intelectual y personal, cinco controversias jurídicas de máxima actualidad, incluso legislativa (recientes normas de reforma), para dejar plena constancia de la decisiva influencia del derecho jurisprudencial. A saber: (1) el derecho a la autodeterminación de las personas transgénero en las relaciones de trabajo, (2) la aplicación de la perspectiva de enjuiciamiento de género en el subsidio por desempleo para personas mayores de 52 años, (3) la última reforma concursal y las cuestiones de transmisión de empresa de unidades concursadas, (4) la reforma del reglamento de extranjería para facilitar la contratación de personas inmigrantes extracomunitarias y (5) el favor de la doctrina judicial más reciente por formas de tutela más garantistas (indemnización disuasoria, readmisión obligatoria) frente al despido arbitrario.

Palabras clave: Efrén Borrajo; derecho vivo; derechos laborales transgénero; subsidios de desempleo; derecho concursal; inmigración laboral; perspectiva de género.

El objetivo de este artículo es el de abordar posibles situaciones de fraude en supuestos de subrogación empresarial relacionadas con casos donde se incrementa fraudulentamente la plantilla, los salarios, como condiciones más beneficiosas o por vía de la negociación colectiva. Asimismo, se abordarán algunos problemas relacionados con la reducción o la división de las contratas públicas.

Palabras clave: transmisión de empresa; subrogación empresarial; negociación colectiva; fraude de ley; abuso de derecho; contratación pública; condición más beneficiosa; salario.

1. Conforme a la contrarreforma exprés (nueva modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial, ahora de su art. 570 bis) tramitada para que el Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría ha cuestionado, a su vez, la legitimidad de esta reforma, pueda nombrar –frente a lo que se decidió precedentemente– a dos nuevas personas magistradas del Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno podrá, a su vez, nombrar a las otras dos que le corresponden, provocando, antes del 13 de septiembre, la renovación tan anhelada (y obligada constitucionalmente) del Alto Tribunal de garantías. La renovación no constituye solo un dato procedimental ni neutral. Además de la satisfacción por el cumplimiento de un mandato constitucional, la culminación del procedimiento conllevará –se dice– un cambio de la mayoría del TC (en términos de política jurisdiccional del derecho): de la (función) conservadora pasará a la (función) progresista
[...]

El entorno donde se escenifica y la singularidad de la persona empleadora han dotado de especialidad la relación laboral del personal al servicio del hogar familiar. La salvaguardia del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, por una parte, y la protección de una unidad económica que no destina los frutos del trabajo asalariado al mercado, por otra parte, han sido invocadas para sustentar un tratamiento jurídico desfavorable que se hace patente en la regulación de la extinción del contrato de trabajo de las personas empleadas del hogar. La fragilidad de la justificación aducida deja entrever el carácter discriminatorio de unas medidas que recaen sobre un colectivo mayoritariamente integrado por mujeres. Con el propósito de conjurar el trato discriminatorio en el que incurren ciertos aspectos de esta relación laboral de carácter especial, este trabajo ofrece una propuesta destinada a garantizar el equilibrio de los derechos fundamentales en juego, sin olvidar la viabilidad económica de una contratación propensa a permanecer sumergida.

Palabras clave: personal al servicio del hogar familiar; empleadas del hogar; discriminación por razón de sexo; despido; desistimiento; readmisión; protección por desempleo; trabajo de cuidados; formación.

La reforma del mercado de trabajo operada por la Ley 3/2012, de reformas urgentes para el mercado de trabajo, afectó al régimen jurídico procesal del despido colectivo, tanto en su vertiente colectiva como individual, modificando aspectos muy significativos, creando un panorama complejo, dotado de una cierta inseguridad jurídica en determinados aspectos, que ha provocado una regulación carente de la menor simetría. Una de las cuestiones que ha suscitado mayores controversias es la relativa a la comunicación de la decisión extintiva y su contenido, en cuanto a los criterios tenidos en cuenta en la selección de las personas trabajadoras afectadas por la medida extintiva y a la expresión de la causa motivadora del despido.
Otro punto de inflexión lo constituyen los motivos de impugnación que los trabajadores pueden hacer valer para fundamentar su pretensión, pues algunos de ellos, como se verá, quedan supeditados a la acción colectiva produciendo efectos de indudable calado en las extinciones que se producen en el marco de un despido colectivo.
Pues bien, el objeto de este estudio es analizar el tratamiento de la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas cuando el mismo se produce en el marco de un despido colectivo, poniendo en relación el tratamiento de la regulación sustantiva con la procesal, es decir, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo inconcebible que el mismo se regule mediante preceptos adjetivos, sin haberse modificado el precepto sustantivo que lo regula. Tampoco lo ha hecho la última reforma laboral aprobada por el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre.

Palabras clave: despido objetivo; despido colectivo; expediente de regulación de empleo; impugnación individual; tutela judicial; extinción; causas de nulidad.