La Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE de 3 de enero de 2025 y con entrada en vigor (si bien con excepciones) el 3 de abril de 2025, introduce cambios significativos en la organización judicial española y medidas de agilización procesal, con implicaciones directas en el ámbito de lo social.
El 28 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden ISM/1488/2024, de 27 de diciembre, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) para el año 2025. Esta normativa establece el marco legal para la contratación de personas trabajadoras extranjeras que no se hallen o residan en España, con el objetivo de cubrir necesidades específicas del mercado laboral español.
Las disposiciones relativas a la GECCO para 2025 no quedan afectadas por el nuevo Reglamento de extranjería aprobado recientemente. Esto garantiza la continuidad de los procedimientos establecidos en el marco del Real Decreto 557/2011, en su redacción actualizada, asegurando que las modificaciones normativas en el ámbito de extranjería no interfieran en la planificación ni en la ejecución de los programas de contratación en origen para este periodo, con lo que se refuerza la seguridad jurídica tanto para las personas empleadoras como para las trabajadoras extranjeras.
La Orden PJC/1472/2024, de 26 de diciembre (BOE de 27 de diciembre), publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2024 (con efectos desde el 1 de enero de 2025), por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector de la fabricación de vehículos de motor.
La Orden PJC/1473/2024, de 26 de diciembre, publicada en el BOE del 27 de diciembre (en vigor el día siguiente y con efectos desde el 1 de enero de 2024), modifica el artículo 24 de la Orden PJC/51/2024, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024.
El Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre -RDL-, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo (BOE de 24 de diciembre), nace con la finalidad de fomentar la permanencia de los trabajadores en activo a través de la adaptación y mejora de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes; profundizando en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, siempre que dicha prolongación no esté motivada por una pensión insuficiente.
Para hacer efectivos estos objetivos, impuestos por la Recomendación 12 del Pacto de Toledo y el Acuerdo de la Mesa del Diálogo Social de 31 de julio de 2024, lleva a cabo reformas que se articulan a través de modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) y en el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (LCPE).
A continuación, se da cuenta de cada una de las medidas adoptadas:
En el BOE de 24 de diciembre (c/e BOE de 22 de enero de 2025) se publica el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre -RDL- (con entrada en vigor el 25 de diciembre), por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
En aplicación de la previsión contenida en el artículo 134.4 de la Constitución Española, la falta de aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 determina la prórroga automática de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023 hasta la aprobación de la nueva ley.
La Ley 6/2024, de 20 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante, publicada en el BOE del 21 de diciembre y con entrada en vigor el 3 de marzo de 2025, configura como supuestos especiales de incapacidad temporal (IT) los procesos en que, de forma altruista, se procede a la cesión de órganos o tejidos que sirven para salvar la vida o mejorar las condiciones de vida de otras personas.
Con la finalidad de otorgar en estos casos una cobertura lo más amplia posible, sin que las personas donantes se vean obligadas a asumir determinados perjuicios económicos, la Ley 6/2024 modifica, entre otras disposiciones:
La Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS). Los cambios que introduce son los siguientes:
La Resolución de 21 de noviembre de 2024, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), publicada en el BOE del 19 de diciembre y con efectos a partir del día siguiente, amplía las medidas adoptadas en la Resolución de 15 de abril de 2020, que también se aplicaron durante 2021, 2022, 2023 y 2024, a las acciones formativas que se programen durante 2025, con cargo al crédito de formación del que disponen las empresas durante dicho ejercicio. Asimismo, mantiene la extensión de estas medidas a los permisos individuales de formación que se soliciten durante el ejercicio 2023.
En concreto, establece lo siguiente:
